A lo largo de la historia, la moralidad se ha adaptado a los diversos contextos políticos existentes, generando un dialogo no fácil respecto la hegemonía imperante, ya sea esta política, social o religiosa.
No es una coincidencia que aquella que es considerada la “mejor democracia” – la griega– haya existido en un país politeísta, culturalmente tolerante y con amplia participación ciudadana. En ese mundo, el rechazo social en relación a la homosexualidad se acotaba a lo privado, en cambio en la esfera pública, más bien, era respetada y validada por distintos filósofos de esa época, entendiéndola como una exploración.
No obstante, junto con considerar este apunte griego, la historia nos demuestra que la moralidad —tal como la conocemos hoy— al menos en nuestro país, no guarda relación con esa visión. Al respecto destaco tres puntos: Politeísmo, poligamia, homosexualidad aceptada.Comparado con la institucionalización, el político —al momento de decidir— es influenciado por sus normas, olvidando que su trabajo es para todos. En otras palabras, no separa su moral (vida privada) a la hora de ejercer su labor, incluso dejándose llevar por la homofobia y la descalificación impropia.
Paradójicamente, algunos de nuestros legisladores —que son elegidos democráticamente y deciden en lugar de todos nosotros—, en gran proporción, pertenecen a algún credo religioso, siendo incluso defensores férreos del matrimonio de raigambre católica, con una fuerte inclinación por el análisis moral de lo social (llegando incluso a la intolerancia ante la diversidad sexual) y machistas. Su forma de pensar y excesivo celo en cuanto a los valores tradicionales nos es entregado —o inducido— a través de los diversos medios de comunicación, de la religión y a través del rechazo a las minorías.
Desde este punto de vista, algunos parlamentarios, más que votar con el afán de representarnos, en muchos casos lo hacen según su personal sentido moral, olvidando el viejo concepto griego de democracia que dice que esta es “del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.
Con mayor profundidad podríamos hablar de Max Weber y su separación de la moral según las distintas esferas de la vida, separándolo entre lo público (vida en sociedad) y lo privado (vida personal).
Comparado con la institucionalización, el político —al momento de decidir— es influenciado por sus normas, olvidando que su trabajo es para todos. En otras palabras, no separa su moral (vida privada) a la hora de ejercer su labor, incluso dejándose llevar por la homofobia y la descalificación impropia.
El contraste valórico lo podemos observar en la contingencia, como, por ejemplo, en discusiones sobre la píldora del día después. Es así como nos preguntamos ¿representará a la sociedad lo que el político ha decidido? ¿Son políticas de inclusión ciudadana las que se desarrollan en la agenda pública? ¿ Los derechos de las minorías homosexuales pueden ser un tema de discusión más allá de las campañas electorales?
Este es el momento en que el verdadero político se enfrenta al sustantivo desafío de la coherencia. Es ahí donde recuerda que los hombres nacen libres e iguales, y que la libertad de uno dura hasta afectar la del otro. Así, cabe preguntarse: ¿qué libertad?, ¿Tal como es o la libertad impuesta? Digo “impuesta” ya que, finalmente, siempre estamos normados por un otro (entiéndase persona o institución).
Por lo antes expuesto, resulta auspicioso ver como las propuestas formuladas en el programa de la Presidenta Michelle Bachelet, se ven cumplidas en estos primeros meses de mandato, dignificando de este modo, la calidad de ciudadano especialmente de las minorías sexuales, a través de la aprobación del Acuerdo de Vida en Pareja (AVP), donde se consagra por ley la uniones de hecho sin importar sexo. De este modo se introducen importantes cuotas de justicia y equidad no sólo en al ámbito de los derechos civiles, sino también respecto de una cotidianeidad algo olvidada, vale decir regula y transparente temas patrimoniales y de previsión, los que sin lugar a duda son aspectos centrales del diario vivir en pareja.
Esta es una buena señal, se trata de un avance significativo tendiente a equiparar la cancha en materias de derechos de minoría. El debate no se agota ni se acaba con la aprobación del AVP. Para muchos el objetivo es otro, más ambicioso. No obstante, este avance debe leerse tal como lo señaló certeramente el Senador PPD Felipe Harboe: “una legislación intermedia”, vale decir, un punto en el camino hacia el matrimonio igualitario. Lo sustantivo es que no pierda de vista un punto central: en este país cabemos todos y nuestros anhelos deben dialogar de manera tolerante, amplia e inclusiva. Se abren opciones, se avanza en el camino, seguimos avanzando.
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