Ante el poder del dinero, poder constituyente

No es difícil advertir que en los vínculos entre política y negocios no solo está implicado el afán de lucro, sino fundamentalmente la necesidad de políticos y empresarios por procurarse recursos de poder. Cuando hablamos de las privatizaciones de la dictadura, por ejemplo, sabemos que aquello era una buena oportunidad de acumulación de riqueza, pero a la vez un pago de favores y una estrategia de fidelización política. ¿No es acaso ese el origen del grupo Penta?

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Al final de cuentas, no es de extrañar que la ciudadanía termine por preguntarse quién elige realmente a los candidatos en Chile.

La influencia del dinero tampoco estuvo ajena al devenir de la transición. La conducción política de los últimos 25 años ha estado mediada, cuando no dirigida, por ejercicios de control y disciplinamiento por parte de los grupos económicos. De hecho, la cita de Enade que precede a cada elección presidencial, desde 1989 a la fecha, más que una jornada de exposición político-programática es un ejercicio para demostrar quién tiene la sartén por el mango.

Y es que cuando existe una matriz de acumulación de riquezas, como la que vergonzosamente exhibe Chile, es evidente que el capital acabará por devenir en poder político. Si a aquello agregamos la existencia del financiamiento privado a la política, la colonización de este sistema por parte de los intereses corporativos es consecuencia previsible.

En efecto, las grandes fortunas han viabilizado o sepultado aspiraciones políticas en la medida de sus simpatías (entendiéndose con ello afinidad ideológica o sencillamente conformación de redes de influencia cada vez más complejas y transversales). Al final de cuentas, no es de extrañar que la ciudadanía termine por preguntarse quién elige realmente a los candidatos en Chile.

En 2005, un reportaje publicado en un diario hoy extinto (el único público que quedaba) revelaba cómo el gran empresariado financiaba a las candidaturas del duopolio. Aquel reportaje, titulado «La Casa más Cara de Chile«, refería también al empeño de operadores financieros que salían en busca no solo del «raspadito» sino de la olla completa.

Sin embargo, cuando los métodos de conservación del poder alcanzan niveles de obscenidad intolerables (como los observados en el caso Penta y SQM) el propósito de afirmar la legitimidad se debilita. En efecto, los partidos políticos se presentan ahora ante la ciudadanía como la sucursal de las empresas en el sistema de representación. Se configura una partidocracia empresarial donde la autonomía del sistema político adquiere estatus de fantasía.

¿Qué hacer? El daño causado a la democracia sólo es posible de revertir con más democracia. No basta simplemente con establecer regulaciones a la relación entre política y dinero, lo fundamental es abrir los espacios necesarios para que la política sea una actividad colectiva ejercida por una ciudadanía protagónica. Nada de ello es realizable sin abrir la posibilidad a una Asamblea Constituyente.

Sabemos que las prioridades no están puestas en una salida ciudadana sino en que la solución provenga de quienes son parte del problema. Por tanto, nuestra es la responsabilidad por conformar un poder social capaz de viabilizar la amplia demanda por una Asamblea Constituyente que redefina los límites de lo posible. Frente al poder del dinero, hemos de enfrentar el poder ciudadano, hemos de desarrollar una democracia radical.

La tarea no es fácil, el amplio consenso social en torno a la necesidad de ejercer el poder constituyente no se traduce en un acuerdo a nivel de sistema político. Allí reina la desconfianza a la democracia y la inconveniencia de perder la gracia de los grupos Penta, SQM u otros. Pero el debate está instalado, de modo que, sobre estas y otras urgencias, en la cancha se ven los demócratas. Es tiempo de disputar poder.