El nerviosismo que embarga a ciertos sectores de la elite política los hace proponer medidas poco prudentes para salir de la crisis de desconfianza en que se encuentra ésta, derivada de las prácticas ilícitas que los partidos y candidatos al parlamento incurrieron en el financiamiento de sus campañas. Entre esas propuestas están la de adelantar la fecha de las elecciones parlamentarias y efectuar un cambio de Gabinete.
Ambas propuestas requieren ser miradas con suspicacia ¿Qué se pretende al formularlas? ¿Agudizar aún más la crisis? Respecto a la propuesta de adelantar las elecciones parlamentarias, sus proponentes están explícitamente reconociendo, en el caso de los parlamentarios en ejercicio, su propia incapacidad, para actuar proactivamente y con celeridad en este escenario de turbulencias políticas y éticas. No es aventurado, entonces, colegir que ellos están abdicando de la principal responsabilidad por la que fueron elegidos: legislar. Al proceder de esa manera demuestran poca solvencia para legislar en períodos de crisis y no saben cómo manejarse en una situación que requiere serenidad y sensatez para mostrar una luz al final del túnel que actualmente se encuentra oscurecido por los gases emitidos por el vínculo malsano entre la política y el dinero.La pregunta que la centroizquierda debe hacerse es a quien se le quiere dar una señal, partiendo del hecho que un cambio de gabinete y el historial de los eventuales reemplazantes, será un indicio de la orientación futura de ese gobierno.
El adelantar las elecciones parlamentarias impide encauzar una pronta salida al problema basal de la crisis, cual es aprobar urgentemente una nueva normativa para el financiamiento transparente de la política para evitar que esta siga secuestrada, en una alta proporción, por las grandes empresas. Convocar a una nueva elección no es racional ni adecuado, puesto que se estarían dilatando propuestas ampliamente compartidas para salir de esta crisis política, como las que evacuara la Comisión Asesora Presidencial contra los Conflictos de Interés en su informe del próximo 23 de abril – las cuales abarcaran desde la regulación de la política como las prácticas y conductas del mundo empresarial.
El adelantar las elecciones no contribuye en nada a salir del pantano en que se encuentra la actividad política, solo prolonga y recrudece su empantanamiento. Es hora de legislar y no de desplegar palomas y gigantescas paletas de propaganda insulsa. El actual parlamento no puede abdicar de su responsabilidad constitucional de asumir, como generador del problema, ser parte activa en la solución del mismo, particularmente cuando ni el parlamento como tampoco el Ejecutivo está invalidado para resolver esta crisis política dentro del marco constitucional vigente, mientras que el adelantamiento de las elecciones requería un cambio en la Constitución que, indudablemente, alejaría una pronta salida a la crisis del financiamiento de la política.
Respecto al cambio de gabinete, solicitado en forma majadera por la derecha y también por algunos ex ministros de la concertación, es una opción posible. Sin embargo, las motivaciones esgrimidas tienen un tufillo de pretender poner un freno a la agenda de reformas impulsadas y comprometidas por la presidenta Bachelet en su campaña. Por tanto, es fundamental discutir las causas para el cambio; la cuestión es si este cambio debe consistir en constituir un equipo más afiatado y calificado para mejorar la gestión técnica y política de las reformas agendadas por el gobierno para llevar a Chile a un desarrollo inclusivo o, en caso contrario, un cambio de rostros que tenga como objetivo “dar una señal al país” -según palabras de Peréz Yoma- de una ruptura con la carta de navegación de las reformas ya propuestas.
La pregunta que la centroizquierda debe hacerse es a quien se le quiere dar una señal, partiendo del hecho que un cambio de gabinete y el historial de los eventuales reemplazantes, será un indicio de la orientación futura de ese gobierno. La señal solo tiene dos destinatarios: a quienes desean volver a poner el foco en el programa de gobierno y las reformas o aquellos que aspiran a congelarlas.
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