Al finalizar la XI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (Brasilia, 13-16 de Julio), donde el Gobierno de Chile fue representado por una delegación encabezada por la ministra del SERNAM Carolina Schmidt, se redactó y firmó un documento conocido como Consenso de Brasilia. En este documento “Los gobiernos de los países participantes en la undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (…) deciden, a fin de enfrentar los desafíos para la promoción de la autonomía de las mujeres y la igualdad de género, adoptar los siguientes acuerdos para la acción:”
“Revisar las leyes que prevén medidas punitivas contra las mujeres que se hayan sometido a abortos, conforme a lo recomendado en la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, incluidas las nuevas medidas e iniciativas para la aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (Acuerdo también firmado por el Gobierno de Chile), así como en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, y en las observaciones del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, y garantizar la realización del aborto en condiciones seguras en los casos autorizados por la ley”.
Esto es claramente opuesto a los lineamientos actuales del gobierno y, por supuesto, a sus más estrechos colaboradores, espadachines del ultraconservadurismo criollo, quienes se han negado sistemáticamente a legislar sobre el tema. Como resultado, en Chile sigue siendo un delito (además de un pecado, que es la visión que prevalece) que una mujer decida sobre su futuro personal. Peor aún: en caso de riesgo para su salud, esta imposibilitada de intervenir el embarazo, aún cuando su vida estuviese en peligro.
No llama la atención, entonces, el que ni la ministra, ni el Gobierno no hayan informado, con el nivel de divulgación que ese acuerdo merece, los resultados de su misión a Brasil. Preocupante resulta esto, porque la delegación no asistió a esta reunión a “titulo personal” (expresión tan manoseada por el gobierno últimamente) sino como representante del gobierno chileno y por ende de su pueblo. En este caso, específicamente, en representación de sus mujeres, con dineros del Estado y con atribuciones de representantes de Estado.
Por lo tanto, éticamente les corresponde informar a sus mandantes cuales fueron los resultados y conclusiones de su misión.
En una búsqueda realizada en la pagina del SERNAM se puede encontrar un escueto comunicado de prensa donde la ministra menciona (aparte de los voladores de luces tan típico de la “nueva forma de gobernar”) que Chile es un país provida. En otras palabras, se reserva el derecho de llevar a cabo las políticas a las cuales se comprometió al momento de firmar el documento. Al igual que Sebastián Piñera, quien no ha cumplido (o ha cumplido a medias) sus promesas de campaña, su sequito de servidores “de excelencia” aplica iguales tácticas políticas, acepta los términos para salir del embrollo, sabiendo que su palabra empeñada nunca llegará a buen puerto.
Con esto, la ministra Schmidt, misma que estuvo en el ojo de la polémica por la minuta ultraconservadora en que se proponía a los jóvenes abstenerse de las relaciones sexuales hasta el matrimonio, nos hace retornar a la oscura edad media en temas de sexualidad y moral.
¿Hasta cuándo, esta rancia y ultraconservadora clase política nos seguirá metiendo el dedo en la boca con sus ideales “moralmente correctos” y no nos proveerá de las herramientas legales para poder tomar nuestras propias decisiones?
Comentarios
12 de agosto
Es cierto, el problema más complejo de la sociedad chilena actual, y que se ha acrecentado notoriamente en este gobierno, es que se siguen imponiendo creencias y parametros morales individuales o de un sector, por sobre los intereses de la poblacion general. La pregunta es como garantizamos un estado laico, representado por autoridades que escuchen a su gente y no le impongan sus propias creencias religiosas…..
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