Es tan alta la probabilidad de que durante el 2012 la clase política, los poderes fácticos y las élites -a pesar de haber sido puestos en tela de juicio por la ciudadanía- solo permitan cambios cosméticos al sistema político y económico para que finalmente todo siga igual, que los actores sociales que impulsan reformas de fondo deberán estar más que atentos a sus cantos de sirena.
Una muestra: la reunión en la casa de Piñera para definir las prioridades de la agenda de gobierno para este año, en que los presidentes de los partidos del oficialismo -Larraín y Coloma- lograron priorizar reformas sociales que generan más dividendos en año electoral, en desmedro de las políticas y tributaria, en las que no hay acuerdo al interior de la alianza. Difícilmente ésta estaría dispuesta a ceder los privilegios de que han gozado por dos décadas. Eso no es novedad.
De alguna manera, se impuso la vieja tesis de abordar "los problemas reales de la gente" -educación, seguridad pública y empleo- por sobre las reformas al binominal, aunque Piñera habría manifestado su intención de hacerle cambios profundos a este sistema electoral (cuestión a la que habría que apelar cuando “el peso de la noche” caiga por efecto de las maniobras de las elites dominantes).
El hecho de que Chadwick al final de la cita no haya aceptado preguntas de la prensa, cuando el rol de un vocero es justamente relacionarse con ella, da cuenta del golpe que recibió el ala liberal del gobierno, que se vio sobrepasada por los timoneles oficialistas y por las amenazas de un grupo de diputados UDI condicionando su apoyo a la reforma tributaria. Expresiones del vocero del tipo “si las condiciones y las circunstancias así lo indican" (para impulsar reformas políticas y económicas), dan cuenta de ello.
Con esta desesperanzadora priorización para quienes aspiran a impulsar cambios correctivos a una institucionalidad que mantiene resabios de la dictadura, es como si hubiera llegado marzo en plenas vacaciones de verano.
Como lo han hecho permanentemente en otros momentos de la historia, en que "los perdedores de siempre" han intentado rebelarse contra la clase dominante, ésta seguirá moviendo los poderosos hilos que les han permitido su supervivencia y reproducción en el tiempo desde hace siglos.
A veces usarán discursos en que el afán de coerción y control se mostrará de manera más evidente: el orden público para mantener la gobernabilidad, la unidad interna frente a conflictos limítrofes o la mantención de las reglas de juego para que los inversionistas no emigren. Otras, con una intencionalidad más soterrada, como apelar al temor a la crisis económica para taponear las demandas sociales.
Los mitos estarán a la orden del día: la estabilidad que permiten los bloques políticos, sin HidroAysén se corta la luz, las asambleas constituyentes solo se han hecho en países en que estaba destruida la institucionalidad o hay que valorar la experiencia por lo que no hay que poner límites a la reelección parlmentaria.
Vamos por parte en la batería de discursos que escucharemos este año.
La crisis económica será la excusa: desde el oficialismo se hará un llamado a cuidar el empleo y se apelará a la gravedad de la crisis económica para bajar la intensidad de las demandas sociales.
Desde el mundo empresarial se ajustarán los costos desde el lado de los trabajadores, beneficiándose de la flexibilidad laboral que aún consideran insuficiente: no solo desvincularán a los menos calificados, sino que aprovecharán de dejar a un trabajador donde antes había dos.
A los que sobrevivan a los despidos masivos les pedirán que "cuiden el empleo", reduciendo o eliminando reajustes por IPC, aumentos de sueldo o lisa y llanamente proponiéndoles bajas de sueldo generales para evitar más despidos.
La reforma tributaria se limitará a mantener el alza transitoria de 20% a las empresas: si en algún momento los empresarios con mayor conciencia social estuvieron dispuestos a "comprar paz social" (concepto bastante lejano a un verdadero compromiso de responsabilidad social empresarial) con un alza tributaria, la crisis económica les vendrá como anillo al dedo para no hacerlo.
Después de la reunión de definición de agenda del oficialismo, queda claro que los cambios a la estructura tributaria se postergarán, aunque haya interés del gobierno de impulsarlos en marzo, y quedarán subsumidos a la coyuntura económica.
En caso de cambios, se llegará al mismo 20% para las utilidades de las empresas después del terremoto; cuando lo que Chile necesita es que los empresarios le devuelvan la mano al Estado, bajo cuyo alero crecieron, para aumentar la recaudación fiscal y también para contribuir a la redistribución del ingreso de uno de los países más desiguales del mundo.
El control del orden público para reconquistar a la derecha más dura: mientras Hinzpeter siga en el gabinete -cuestión bastante probable porque es en quien más confía Piñera (quien se está quedando bastante solo)-, se endurecerá el control del orden público, muchas veces a costa de los derechos ciudadanos.
Se seguirá apelando al decreto 1086 de 1983 creado en plena dictadura para impedir la realización de manifestaciones, a pesar de que la CIDH le ha recordado al Estado chileno que es su deber asegurar el pleno respeto por los derechos a la libertad de expresión, de reunión y manifestación como derechos fundamentales.
Como ya lo ha demostrado con los incendios forestales de la Región de la Araucanía, Interior seguirá aplicando la Ley Antiterrorista y sus cuestionados testigos protegidos, aunque los organismos internacionales vengan criticando desde hace años su aplicación, y la Ley de Seguridad del Estado en las movilizaciones.
Capítulo aparte merece la llamada Ley Antitomas que Hinzpeter despachó al Congreso, que busca poner en el mismo orden actos delictivos con actos de protesta social, coartando las libertades públicas de la ciudadanía y persiguiendo la desarticulación de los movimientos sociales.
Llegó marzo anticipadamente, pero junto con ese mes llegarán los estudiantes y todos los actores sociales que se acoplen a un movimiento multisectorial que exija cambios de verdad a un modelo que muestra señales de franco agotamiento, justamente porque la ciudadanía ya no confía en sus clases dirigentes.
* Marisol Aguila es Magíster (c) en Gobierno y Gerencia Pública (Instituto de Ciencia Política de la U. de Chile) y Magíster (c) en Ciencia Política (Instituto de Asuntos Públicos, U. de Chile)
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Foto: Olga Berríos / Licencia CC
Comentarios
14 de enero
Mucha tele…
Las cosas serán así:
El Gobierno apoyará toda clase de cambio en educación, creará un millón de empleos, promoverá una nueva Constitución para asegurar la participación ciudadana; mandará proyectos de Ley que terminen la usura a la gente, hará una reforma tributaria socialmente memorable, nacionalizará el agua y el cobre y para las siguientes elecciones creará un espacio digital donde desarrollar un programa único de Gobierno que aplicará quien sea electo …
Por cierto, los problemas reales de la gente son terminar con la usura en los sistemas crediticios, porque empobrecen a la gente y deterioran el ambiente social que favorece la delincuencia; mejorar el nivel de participación ciudadana para que las políticas de Estado contemplen la opinión de la gente e incluyan sus ideas para favorecer el desarrollo nacional y el mejoramiento de la calidad de vida, y .. crear oportunidades en las comunas del país, mejorando su estructura organizacional y su infraestructura para el desarrollo local, con el fin de evitar la migración al área metropolitana y sus cuantiosos costos cuantificables y calificables para el Estado que magnifican la transantiaguinización de las mega construcciones, en detrimento del crecimiento potencial de las capacidades de las comunas…
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