Porque participación ciudadana no es cualquier cosa. Es incorporar a los ciudadanos y ciudadanas, vecinos y vecinas en las decisiones que nos afectan directamente. Hoy, además es un derecho consagrado gracias a la Ley (20.500) de Asociación y Participación Ciudadana del año 2011, que establece el derecho a participar en la gestión pública, y por tanto, a nivel central, como regional y local las autoridades y funcionarios deben crear, validar y garantizar estos espacios y mecanismos.
En los últimos dos meses, producto de una evaluación a un proyecto que busca generar contraloría social y participación ciudadana en doce municipios en zonas semi rurales en tres regiones del país, tuve la oportunidad de entrevistar a muchos funcionarios municipales y algunas autoridades donde dentro de las preguntas se consultaba por la importancia de la participación ciudadana en la gestión municipal.
Todas las respuestas, sin excepción señalaron que la participación ciudadana tiene un rol fundamental en la gestión. Con esta respuesta unánime queda demostrado cómo el concepto se ha instalado en la gestión pública y hoy resulta un valor a destacar, resultando políticamente incorrecto sugerir que no se es participativo. Sin embargo, cuando se ahonda en el significado de esa participación y en formas concretas en las cuales se expresa pudimos constatar que se entendía por ella cosas muy diversas y que el concepto se había vaciado de contenido en la mayoría de los casos.
Se sugería entre otras cosas que la gestión era participativa porque se habían formado nuevas organizaciones sociales legales, porque siempre el alcalde recibía a los vecinos y vecinas que querían plantearle algo, porque se había hecho una cena para el día del dirigente social, porque se habían hecho actividades para las familias en el día del niño o porque se haría una fiesta para celebrar a los adultos mayores porque pasamos agosto. Como la excepción hace la regla, también hubo algunas minoritarias respuestas distintas.
Luego de esta experiencia parece completamente necesario volver a revalorizar el concepto de participación ciudadana y abrir los espacios de reconocimiento de buenas prácticas para replicar y reconocer, pero también trabajar en la necesidad del traspaso de competencias que permitan generar una verdadera participación ciudadana.
Porque participación ciudadana no es cualquier cosa. Es incorporar a los ciudadanos y ciudadanas, vecinos y vecinas en las decisiones que nos afectan directamente. Hoy, además es un derecho consagrado gracias a la Ley (20.500) de Asociación y Participación Ciudadana del año 2011, que establece el derecho a participar en la gestión pública, y por tanto, a nivel central, como regional y local las autoridades y funcionarios deben crear, validar y garantizar estos espacios y mecanismos.
Ayer se desarrolló una jornada de formación para funcionarios y funcionarias de la Red de Alcaldías Pro Participación Ciudadana, que asumiendo esta necesidad estableció un primer paso para avanzar en este sentido de revalorización del concepto y reconocimiento de buenas prácticas, generando un espacio de diálogo, difusión y aprendizaje sobre el quehacer participativo, un hacer que quedó claro que no puede ser estático sino que en constante construcción y reflexión. Lo que fue novedoso y convocante hace 8 años parece hoy no serlo, lo que sirve para un segmento etario para otro no lo es, lo que nos permite avanzar en un territorio en el barrio de al lado no es lo mismo, y así suma y sigue.
Experiencias diversas que entraron en conversación: consejos escolares resolutivos en la Municipalidad de Santiago expuso su alcaldesa Carolina Tohá; el proceso de Piensa Providencia mostró la alcaldesa Josefa Errázuriz en relación a un Plan de Desarrollo Comunal que incorpora la voz de los habitantes pero también de quienes trabajan y estudian en la comuna; Carolina Leitao expresó el desarrollo de nueve años de participación ciudadana en Peñalolén, las lecciones aprendidas y los desafíos de futuro; desde Lo Espejo, Josselyn Cortés mostró la experiencia de la Defensoría Comunal, como mecanismo de defensa de los derechos ciudadanos incorporado en la ordenanza de participación con 11 años de experiencia; la intervención social integral en Villa La Reina de corresponsabilidad ciudadana, compartida por Daniela Jorquera; y la Política Comunal de Participación Ciudadana expuesta por el alcalde de Maipú, Christian Vittori, fueron entre otras experiencias expuestas en este encuentro.
Es necesario destacar la existencia de estos espacios y la necesidad de su continuidad y replica en otras regiones del país y con otros actores sociales, para que efectivamente la participación ciudadana en la gestión pública sea una derecho debe ser re-conocido y garantizado para así lograr una ciudadanía que avance en el fortalecimiento de sus capacidades ciudadanas para actuar en el debate, gestión, fiscalización de la acción pública con autonomía y poder.
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