En el marco de las movilizaciones masivas que cuestionan el orden instaurado en diversos terrenos, las políticas de comunicación asoman al escenario recuperado por la ciudadanía: la calle. Este sábado 26 de mayo, las organizaciones que componen la Mesa de Ciudadanía y TV Digital convocaron a una marcha por una TV de calidad y gratuita.
Tarde pero seguro, el debate en torno a los medios de comunicación intenta sintonizar con el público aunque su principal obstáculo resulte paradójico: le falta pantalla. En la tele no se discute sobre la tele; a lo sumo se discute sobre las ficciones de la tele, pero no sobre el andamiaje económico, político y jurídico sobre el cual funciona. El tema no está formando parte de la agenda ciudadana, y esto pese a que las cuestiones de fondo que marcan el rumbo de los proyectos de Ley pendientes de debate y sanción (Televisión Digital Terrestre y Televisión Pública) remiten a los mismos denominadores comunes de las crisis aparentemente “sectoriales” que sacuden al país: ¿qué distingue a los bienes públicos de los bienes de consumo? ¿Cuál es el sentido y la misión del Estado?
Las leyes y regulaciones vinculadas con el funcionamiento de los medios se han situado hasta ahora exclusivamente en la esfera de interés de círculos especializados. Curioso, porque lo cierto es que su impacto es de una masividad inusitada, no sólo por los millones de consumidores de TV, sino por tratarse de un ámbito que exige particular cuidado dada su relevancia en términos de socialización y construcción de sentidos colectivos. Sin embargo, informarse sobre el proceso legislativo que acompaña la transición hacia la TV Digital Terrestre (TDT) implica una tarea detectivesca que podría, por qué no, inspirar una serie de dudoso rating: “Misterios de la TDT”.
A más de un año desde la media sanción de la Ley de TDT en la Cámara de Diputados -que favorecía obscenamente a los actuales grandes operadores-, se desconoce la acogida que tengan en la Cámara de Senadores las recomendaciones para modificar el proyecto original realizadas con enorme esfuerzo por organizaciones de la sociedad civil como la Mesa de Ciudadanía Digital y el Observatorio de Medios FUCATEL. El modus operandi, tanto en torno a la Ley de TDT como de TVN, es ya es un clásico: se alternan periodos en que los proyectos descansan en algún rincón del Senado, con sorpresivos impulsos a alguna “ley corta” por parte del oficialismo, siempre preocupado por el supuesto atraso que padecería Chile en la materia en cuestión. El distintivo de este ya tradicional recorrido es su carácter exclusivo –o excluyente-. Conseguir, por ejemplo, el texto de la ley corta de la que se trate, remite otra vez a la ficción televisiva, en este caso al histórico “Misión Imposible”.
Días atrás se presentó una encuesta desarrollada por ADIMARK sobre cuánto sabe la opinión pública sobre TV Digital que reitera tendencias registradas ya el año pasado: un 42% de los encuestados dice no tener conocimientos al respecto. En cuanto a las ventajas que supone la TV Digital, un 76% la asocia a mejor imagen y un 48% con mejor sonido, lo que demuestra el éxito del marketing orientado sistemáticamente a instalar la llegada de la TDT como una mera cuestión tecnológica, así como el fracaso de quienes intentamos poner sobre el tapete la oportunidad que representa en términos de pluralismo y diversidad informativa y cultural.
En este contexto, las observaciones realizadas por las organizaciones ciudadanas frente al actual proyecto de ley apuntan, entre otras cosas, a que exista un canal de TV de cobertura nacional que transmita exclusivamente televisión educativa, cultural y comunitaria; a garantizar la desconcentración de la propiedad de las concesiones de televisión y a que el Estado asegure que el 40% del total del espectro radioeléctrico se reserve a la transmisión de televisión educativa, cultural y comunitaria. Se trata, en definitiva, de apostar por una televisión gratuita, pluralista y de calidad.
Salvo contadísimas excepciones, como la cobertura del tema hecha por CNN Chile a principios de mayo, los medios masivos no hacen lugar a este tipo de cuestiones que, por cierto, afectan directamente sus intereses.
* Bet Gerber es parte de la Fundación FES y analista del Barometro de Equidad de la Fundación Equitas. Columna publicada previamente en El Mostrador.
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