“Algunos medios españoles dicen que queremos robarles nuestro petróleo”, dice el humor demoledor de Página/12 de 14 de abril, en medio de los rumores previos a que el gobierno argentino anunciara la recuperación del control de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).
Tal cual, los principales diarios españoles que guían en estas materias a nuestro duopolio, envalentonados por la reacción de su gobierno, partieron dictando orientaciones sobre el camino que debía tomar Argentina, pasando por el comodín de la “seguridad jurídica”, hasta acusar derechamente -contra toda evidencia- un “expolio”.
Como en otras muchas cruzadas, es el Grupo Prisa quien conduce la ofensiva mediática contra una decisión soberana del gobierno trasandino, buscando generar un consenso sobre la virtual catástrofe que significaría la expropiación de YPF.
En el plano político, también fue notoria cierta ansiedad de algunos por salir a defender a la empresa española Repsol. El Presidente Sebastián Piñera, anticipando la comunicación oficial del proyecto de ley, hizo un llamado a “respetar la ley, el estado de derecho y también los convenios”, tomando posición en un conflicto entre un estado y una multinacional.
Sin lugar a dudas, durante las últimas décadas, Chile ha sido tierra fértil para las nuevas formas de colonialismo y, como país serio que es, entrega generosamente industrias y recursos estratégicos a empresas privadas extranjeras. Cobre, generación de energía, telefonía.
Esto también ocurre en los medios de comunicación.
A la vergonzosa situación de la señal televisiva de la Universidad de Chile, hoy explotada por la norteamericana Time Warner, debe sumarse el control por parte del español Grupo Prisa de once radios en frecuencia modulada, con más de 200 concesiones en todo el país. Muchos impugnan la presencia de Prisa en Chile, no sólo porque concentra una cantidad desmedida de frecuencias de radiodifusión, sino además porque se configura una patente violación al principio de reciprocidad establecido en la Ley de Prensa. En virtud de este principio, una empresa con capital extranjero superior al 10%, puede explotar una concesión de radio sólo si en su país de origen se otorgan iguales condiciones a los chilenos. Y en España una radio sólo puede tener un 25% de capital extranjero.
El gobierno abrió un procedimiento administrativo para fiscalizar el cumplimiento de esta norma. El resultado revela con claridad donde están los compromisos de la administración Piñera. A fines del año pasado, la Subtel emitió una resolución de 54 considerandos, que no es sino una cerrada defensa de la empresa española, concluyendo que respecto del Consorcio Radial Iberoamericana, filial de Prisa en Chile, no se acreditó “participación de capital extranjero”.
La avasalladora incursión de este grupo en la radiodifusión chilena, viene lesionando la libertad de expresión y la democracia. Pero eso no parece relevante. Es mejor prevenir y dar garantías a la antigua metrópoli. Oficiosos defensores no faltarán.
* Luis Cuello es editor de Otra Prensa!
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