No al carbón, no a HidroAysén: ¿Quién paga la cuenta?

Este año ha traído vientos de cambio a todos los confines del planeta. Incluso en las sociedades más retardatarias en cuanto a los derechos de las personas y las libertades, ven explotar olas progresivas de descontento social, que se tornan incontenibles. Chile no ha estado ajeno a este fenómeno. Partió en enero en Magallanes con el Gran Paro Regional en contra del alza del gas, donde el gobierno tuvo que ceder a regañadientes y modificar una decisión oleada y sacramentada por el mismísimo ministro Golborne. Ha seguido en forma espontanea la movilización social con el rechazo en todo el país, a proyectos de generación eléctrica que resultan nocivos para el medio ambiente, retomando lo ocurrido con la central Barrancones y la oportunista intervención presidencial, que saltándose la tan cacareada institucionalidad medio ambiental, decidió no autorizar dicho proyecto. Sucedió también a propósito de la aprobación por parte de los empleados del gobierno en la región de Aysén del proyecto de construir cinco centrales hidroeléctricas del proyecto HidroAysén. Sucede en la región de Magallanes en protesta a la instalación de un mega yacimiento de explotación carbonífero a tajo abierto, en la isla Riesco, en un ambiente prístino, de aguas y praderas no contaminadas, con abundante flora y fauna endémicas.

 

En medio de esta verdadera fiesta de la libertad de expresión, de lado y lado han surgido diatribas y descalificaciones. El gobierno, como es natural en un gobierno de derecha, ha tomado posición por la gran empresa que lleva a cabo el proyecto. No es de extrañar. Sin embargo, sus ministros e incluso el propio gobernante han empleado una energía inusitada para desacreditar a quienes hemos tomado posición en contra de dichos proyectos. Se ha llegado a amenazar incluso con los apagones, como si estos fueran extraños a la población, que periódicamente los tiene que soportar, incluso en algunos sectores con daño a aparatos electrodomésticos.

 

Desde el lado de los medioambientalistas se ha dicho que el gobierno está poco menos que "coimeado" por la empresa, ya que existiría una millonaria donación de Endesa a una fundación dependiente de la primera dama. Se ha dicho que incluso un hermano de esta última es empleado de una compañía relacionada y que la Ministra de Medio Ambiente también habría prestado servicios en consultora que actualmente trabaja en el proyecto HidroAysén. La noche del domingo se conoció de boca del propio Golborne, antes de partir de vacaciones, que él había recibido una oferta para trabajar en HidroAysén, antes de asumir como ministro, y que la había desechado. En resumen, nuevamente el tema del conflicto de intereses entra a tallar en un conflicto de honda significación para el país.

 

El problema es que el tema de fondo, que a esta hora aparece cubierto por gran cantidad de elementos circunstanciales, y sobre el cual no se está discutiendo, ni se ha discutido en los últimos años, es la matriz energética que deseamos como país. Da la impresión que decisiones como la que toma este gobierno sobre HidroAysén, sobre la central Castilla y la que seguramente tomará respecto al proyecto isla Riesco, son simple y sencillamente las decisiones que cualquier gobierno habría tomado, con un adorno de procedimientos legales e instituciones, que a estas alturas "muestran la hilacha" por todos lados. O sea, la ciudadanía, todos nosotros, nunca fuimos invitados a conversar sobre estas materias, y ahora tampoco, pero la diferencia es que ahora la comunidad irrumpió en la escena, sin libretos ni el “mandoneo” de los partidos políticos tradicionales, y pone en jaque la estrategia de desarrollo adoptada por Chile desde la dictadura pinochetista, pasada por los gobiernos de la Concertación que abrazaron a pie juntillas el modelo económico neoliberal.

 

Pensar ahora en la matriz energética es pensar en cómo se van a financiar esas ideas tan brillantes que surgen en boca de personeros que nunca antes fueron ambientalistas, y que ahora empujados por la multitud proponen, la autogeneración, tener paneles solares en las casas y en las oficinas, que las compañías estén obligadas a comprarnos la energía excedente. Me parece fantástico también que se pueda instalar en regiones como Magallanes mini plantas de generación eólica como las que ha instalado Conaf en los parques que administra en la región. La gran pregunta es quién y cómo se financia esto. No veo hasta ahora planteamientos serios al respecto.

 

Tiempo atrás se señaló, en medio de la crisis del gas en Magallanes, y luego de haber sorteado con gran dificultad por parte de Enap el ciclo de altos precios del petróleo, que esta empresa estatal pudiera transformarse en una gran empresa de energía. Vale decir, asumir que el Estado debe tener mayor incidencia en la economía es un ladrillo demasiado grande e indigesto para la derecha empresarial y política, así como para gran parte de los economistas de la Concertación y del llamado polo progresista. Implicaría retomar ideas que aparecen como trasnochadas, añejas, y al decir de muchos fracasadas en gran parte del mundo. Pero, ¿quién asumiría los mayores costos de instalación y generación que a lo menos en el mediano plazo produciría pasar a una matriz con mayor presencia de las energías renovables no convencionales? A mi juicio esa es la raíz de todo este problema, lo demás es música. 

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Foto: Coyhaique 2011 – Francisco Javier Argel / Licencia CC