Leyes HidroAysén: ¿baila Chile al ritmo del monopolio eléctrico?

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Aunque exprese lo contrario, la administración de Sebastián Piñera está impulsando una serie de iniciativas que tienen un principal beneficiario: la sociedad de Endesa y Colbún que impulsa cinco represas en la Patagonia. Y un trazado eléctrico de 2 mil kilómetros de extensión.

A principios de junio de 2012 el subsecretario de Energía, Sergio del Campo,  afirmó, sin inmutarse, que “no estamos elaborando proyectos de ley pensando en HidroAysén«.  Ni se arrugó la autoridad al decirlo, no sólo a pesar de que los chilenos conocemos qué piensa el gobierno sobre esta iniciativa sino esencialmente porque sus últimas decisiones apuntan decididamente en la dirección contraria.

Un primer ejemplo es el proyecto de ley sobre concesiones eléctricas, ingresado originalmente en el Senado en septiembre de 2010.  Esta modificación legal busca, en concreto, una vía rápida (o fast track) para que las eléctricas desarrollen sus iniciativas en desmedro del patrimonio económico, ambiental y de los pueblos originarios de Chile.

Algunas joyitas (informadas por Chilesustentable) son simplificar el proceso de concesión provisional reduciendo sus requisitos, acortar los tiempos de tramitación, restringir el ámbito de observaciones y oposiciones, además de la definición de los afectados, acotar los medios de notificación, establecer procedimientos judiciales sumarios que afectarían el resguardo de los derechos de los afectados, introducir la posibilidad de dividir la solicitud de concesión, modificar el procedimiento de tasación de inmuebles y crear un procedimiento arbitral que favorezca al concesionario eléctrico por sobre otros actores.

Informados los senadores de la Comisión de Minería y Energía sobre tales objetivos, el proyecto no avanzó y fue retirado definitivamente el 15 de mayo.  Pero empeñada como está la actual administración en apoyar al monopolio eléctrico, desde el 3 de mayo va por el repechaje, esta vez en la Cámara de Diputados, con un clon de la malograda idea.

El 21 de mayo de 2011, durante el huracán de movilizaciones post aprobación de HidroAysén, Sebastián Piñera hizo dos anuncios: “Una carretera eléctrica pública, de acceso abierto” y “un multicarrier eléctrico, que otorgue a los consumidores mayores opciones para elegir a sus generadores de energía”.

Hasta hoy el énfasis principal ha sido puesto en el primero, cuyo ingreso legislativo se adelantó para agosto.  ¿Por qué el apuro?

Fue el último 30 de mayo cuando Colbún “recomendó” a sus socios de Endesa suspender la tramitación de las líneas de transmisión desde Aysén a Santiago, porque “no están dadas las condiciones para desarrollar proyectos de esta magnitud y complejidad”, para lo cual se requeriría “una política que cuente con amplio consenso y otorgue los lineamientos de la matriz energética que el país requiere”, pidiendo de paso a “los poderes ejecutivo y legislativo consensuar los cambios institucionales y regulatorios necesarios para viabilizar los proyectos de generación y transmisión que demanda el desarrollo económico y social de Chile”.

De ahí que el desesperado tirón de orejas de los Matte (miembros del selecto grupo de los dueños de Chile, según la OCDE) no fuera sólo para Piñera sino para toda la clase política, en especial para los parlamentarios que decidirán sobre los proyectos que viabilizarían este negocio que ya va en los U$ 10.000 millones.

El “colbunazo” movilizó al gobierno como nunca.  Lo que ni 100 mil estudiantes en las calles ni una cifra similar protestando contra las represas en la Patagonia habían logrado.

Lo primero fue comunicar telefónicamente a los empresarios de la energía que el ingreso de la Carretera Eléctrica Pública, programada originalmente para diciembre, se adelantaría para septiembre.  A los pocos días, el lunes 4 de junio, los ministros de la Presidencia, Hacienda y Energía se reunieron con los presidentes de Endesa España, Borja Prado, y Enersis, Pablo Yrarrázaval.  Pero el plato de fondo vendría ese viernes: el Presidente Sebastián Piñera recibió a los máximos ejecutivos de las eléctricas, liderados por Endesa y Colbún.  El resultado: la Carretera Eléctrica Pública ya no se presentaría en septiembre sino en agosto.  De guinda, el jueves 14 de junio el Primer Mandatario desayunó con la plana mayor de la CPC, tranquilizándolos por HidroAysén.

Para el récord: este martes 10 de julio se realizará una sesión especial de la Cámara de Diputados sobre la Carretera Eléctrica Pública y en forma simultánea el ministro de Energía, Jorge Bunster, se reunirá con la CPC.

Y si todo esto fuera poco, una tercera señal se cocina en paralelo a las lides legislativas.

El 5 de junio cerró el plazo de postulación para ejecutar, en cinco meses, un estudio de impactos de transmisión de energía entre Cochrane y Calbuco (y “protección de la Patagonia” rezan los términos de referencia) que busca el análisis de 4 alternativas de trazado entre Cochrane y Cerro Castillo y 5 entre Cerro Castillo y Calbuco, para llevar electricidad desde Aysén al SIC.  Sintomático es que los mapas incluyan como referencia el tendido que HidroAysén ha estado evaluando y que en la calificación de las propuestas se pondere la expertise del consultor en «simulación por imágenes» para » apreciar el impacto de la línea en el paisaje» y nada de su idoneidad para establecer parámetros de conservación de la diversidad biológica, el patrimonio cultural o el desarrollo productivo local.  Poco serio, por decir lo menos, la forma de “proteger la Patagonia”

De Calbuco al norte el Ejecutivo apuesta por la Carretera Eléctrica Pública.

Estos arreglos legales y administrativos con nombre y apellido, usando recursos públicos para beneficio de una iniciativa de rentabilidad privada, no se condicen con el Estado preocupado del interés colectivo.

El bien del país no está en HidroAysén, a pesar del estudio que blandió el gobierno la semana pasada calculando las “pérdidas” por el no ingreso al SIC de las represas de Endesa y Colbún.  Dicho análisis no hace un balance económico completo al obviar el efecto negativo de las casi 6 mil hectáreas de inundación (y sus obras asociadas) y dos mil kilómetros de torres en el valor comercial de los predios afectados, la pérdida de empleos, el daño a la marca de productos de ganadería orgánica y los gigantescos perjuicios relacionados con el valor del paisaje, el turismo, entre otros aspectos.

A los miles de chilenos y chilenas que nos hemos movilizado y queremos un país no secuestrado por los intereses de las grandes corporaciones, nos interesa que avance el multicarrier eléctrico para poder elegir energías más sustentables.  Anhelamos la generación eléctrica distribuida y no concentrada en pocas manos, donde el net metering permita que cada casa y cada pyme inyecte energía al sistema (y reciba un pago por ello), desconcentrando la riqueza del negocio eléctrico y haciendo cada día menos necesarias faraónicas ideas como HidroAysén en los ríos Baker y Pascua, Energía Austral en río Cuervo o Mediterráneo en río Puelo, proyectos que hoy amenazan nuestra Patagonia.  Y qué decir de las termoeléctricas que matan a nuestras comunidades. Exigimos la Ley 20/20 que busca incentivar que las energías renovables no convencionales lleguen a un 20 % de la matriz nacional al 2020.   Queremos que se hable de ahorro y eficiencia energética como puntal de nuestro desarrollo.

Mientras eso no pase, motivos tenemos para pensar que La Moneda se parece hoy más a una sucursal de HidroAysén que al espacio donde se ejecutan políticas en pro del interés general.

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Imagen: Enersis, controladora de Endesa Chile, dona U$ 10 millones al gobierno de Sebastián Piñera para la reconstrucción post terremoto.  26 de mayo de 2010.  Fuente: www.fotopresidencia.cl