Interesa preguntarse cómo Chile enfrenta y compromete voluntades para abordar la cuestión del medio ambiente en general y la reducción de CO2 en particular. La coyuntura que ofrece la COP 21, invita a reflexionar sobre el punto.
En esa dimensión, es atendible fijarse en el Programa de Gobierno, el cual en materia ambiental permite una percepción de la voluntad gubernamental. Uno de los compromisos esbozados es el referido al “Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”, el cual tiene una traducción concreta por medio de la creación de la Comisión Presidencial sobre el tema en abril del 2015. También existe pronunciamiento sobre el cambio climático, cuestión contenida en el Plan sobre Cambio Climático 2014. Además, se intensiona y logra un Consejo de Ministros de la Sustentabilidad y el Cambio climático. Estas medidas son observables, pero da para otro artículo.Ello permite evidenciar la permanente necesidad de reevaluar las definiciones chilenas en materias ambientales, ya que la ecuación desarrollo y medio ambiente es lo mismo que la ecuación: correlaciones de fuerza de poder real y las aspiraciones de los que no la tienen.
Desde estas definiciones y acción se proyecta la posición de Chile para estar en la COP 21 y así contribuir con la disminución del calentamiento global. En ese sentido, nuestro país se compromete en disminuir en un 30% el CO2 al 2030, respecto de lo que fue el 2007; y a un 45% si es que existe cooperación internacional. Ambas cuestiones se relacionan directamente con el punto anterior.
Pero antes de continuar la reflexión, cabe preguntarse por el impacto que tendrá Chile en esta reunión. Se sabe que Chile se encuentra en una Alianza de países (AILAC); la CELAC tiene otra vocería con Rafael Correa; y el ALBA tiene otra. Brasil también tienen su propio planteamiento y lo mismo ocurre con Argentina, que tiene un recién electo gobernante. En este sentido, una primera constatación lograda es la fragmentada posición latinoamericana para enfrentar esta reunión desde el 30 de noviembre al 11 de diciembre.
Así entonces, los augurios no son los mejores para Latinoamérica. Tampoco para Chile. La experiencia indica que en reuniones como estas, que apuntan a acuerdos globales, terminan primando los intereses económicos, comerciales e industriales de los Estados Nacionales Centrales Desarrollados y empresas transnacionales globales.
Estos intereses se relacionan con la explotación de recursos naturales que son proveídos desde Chile en específico y Latinoamérica en general, consagrándose un perfil de tipo extractivista de la región, determinando modelos de desarrollo productivo y sistemas políticos extractivistas dependientes, implementados por siglos, sea como colonia de los ‘imperios coloniales’ o como colonia de las empresas transnacionales y Estados Centrales, indicarán las voces críticas de la actualidad.
Siguiendo con la idea de los malos augurios, basta observar la página web oficial del Ministerio del Medio Ambiente de Chile para constatar el hecho de que la reunión no permitirá los resultados esperados por Latinoamérica, a propósito de su fragmentada posición con la que se sienta a discutir sobre estos temas. En resumen, se podría indicar que estarán lejos de la expectativa político – formal, como es disminuir partículas CO2 y grados de calor de la atmósfera en 2° C en términos vinculantes, en específico, cuando de los Estados centrales se refiere.
Lo anterior, evoca otros encuentros que se han sostenido a lo largo de la historia, ya sea en este tema específico del cambio climático/reducción de emisiones, o bien, en el general, como lo es lograr una buena ecuación entre desarrollo económico y medio ambiente.
El profesor Estenssoro (2014) recuerda en su publicación referida al debate ambiental global cómo se logró el concepto de ‘Desarrollo Sustentable’ el año 1987. Indica que fue producto de una negociación política entre el primer y tercer mundo, donde Latinoamérica tuvo una importante participación, cuestión que se logró a causa de la unidad de criterio que se trabajó desde antes 1972, año de la emblemática Cumbre de Estocolmo, donde se mundializó la necesidad de preocupación por la relación del desarrollo y medio ambiente.
A la luz de los resultados, el arreglo global del año 1987 ha quedado superado, necesitándose nuevos. En esta línea se inscriben Kyoto y Copenhague, entre otros. La actual Junta se viene a entender en esa clave, pero a diferencia de lo ocurrido en 1987 y formalizado en el Informe Nuestro Futuro Común y Río 92’, Latinoamérica… unida, ¡no va! ¿La razón? cuestiones políticas de diverso orden, intereses geopolíticos, entre otros, impiden, además que los arreglos de integración regional dispuestos sirvan para estas circunstancias en la profundidad requerida.
La reflexión permite un recorrido muy sinóptico por: las definiciones de Chile para enfrentar la actual COP 21; el marco referencial político sudamericano – latinoamericano para enfrentar la Junta en París; un antecedente histórico del debate ambiental global que permitió la noción de medio ambiente; y la trampa productiva en la cual se inserta Chile y la periferia latinoamericana, extractivista, la que nos sitúa en vulnerabilidad permanente para negociar y lograr posturas comunes en estas materias (como en tantas otras). Ello permite evidenciar la permanente necesidad de reevaluar las definiciones chilenas en materias ambientales, ya que la ecuación desarrollo y medio ambiente es lo mismo que la ecuación: correlaciones de fuerza de poder real y las aspiraciones de los que no la tienen.
Si eso es así, Chile ante su condición de extractivista del ayer, hoy y mañana se encuentra interpelado a responder ante la urgencia de conservar el medio ambiente y lograr renta para el logro de la equidad social en una clave de enfoque de derecho y exigencia de nueva democracia. ¿Lo ha hecho de forma adecuada?, ¿Lo hará de forma optima, ahora sí?, ¿Se puede lograr en la clave productiva y política imperante?
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