De campañas de desinformación (o el relato de la descalificación)

Una de las polémicas que más daño han traído a este Gobierno ha sido el tema energético, especialmente la aprobación de HidroAysén. El Gobierno ha “pagado el noviciado”, siendo incapaz de reaccionar de una manera mesurada, correcta y oportuna a los conflictos que han surgido. Existe una exageración de las reacciones, una aparente soberbia y prepotencia en las declaraciones, y una peligrosa tendencia a la descalificación. 

Vivimos uno más de estos episodios en los últimos días, cuando la Ministra vocera de Gobierno manifestó que existe una “cierta campaña de desinformación respecto de la necesidad de duplicar la matriz energética”. Esta acusación es francamente absurda, pues los grupos ambientalistas y opositores a HidroAysén, más allá del amplio uso que hacen de las redes sociales, no tienen una penetración mediática significativa, comparada a la excesiva exposición del Gobierno y al abundante despliegue publicitario de HidroAysén que pareciera acaparar cada medio impreso, televisivo y radial disponible. Sencillamente no hay punto de comparación. Es difícil, entonces, imaginar siquiera la posibilidad de una campaña de desinformación, en el sentido más estricto de la palabra. Los grupos ambientalistas no disponen de los recursos necesarios (pese a las acusaciones de financiamientos millonarios del extranjero); de lo contrario, también veríamos comerciales de Patagonia Sin Represas en horario prime e insertos en los periódicos los días Sábado y Domingo.

No me extraña la opinión emitida por la vocera del Gobierno. Desde que se acusó a la ciudadanía de empoderada pero ignorante (otra manera de decir “poco informada”, según la definición de “ignorante” por la Real Academia Española de la Lengua), era de esperar que La Moneda cayera nuevamente en estos excesos que sólo consiguen exacerbar los ánimos de la ciudadanía. En esta ocasión, no obstante, la acusación tiene matices más graves, puesto que se infunde la sospecha de un comportamiento falaz, incluso ilegal, de parte de ciertos grupos, al intentar “desinformar”. Y es aquí donde tenemos que detenernos y pensar por un segundo: ¿Es cierta esta acusación? La palabra “informar” tiene varios significados, siendo uno de ellos “dar alguien un informe de su competencia”. En este sentido, debemos preguntarnos si los que han manifestado que Chile necesita duplicar su energía tienen efectivamente la competencia necesaria para realizar dicha afirmación.

En el origen de la historia encontramos un informe de la Comisión Nacional de Energía,  organismo ciertamente competente para hablar de temas energéticos, llamado “Modelo de Proyección de una Demanda Energética Nacional de Largo Plazo”. Este informe sustenta la afirmación de que Chile necesita duplicar su energía. Sin embargo, el título de este informe contiene una de las claves para entender esta discusión. En Ciencia, un “modelo” es una herramienta que, basándose en datos empíricos, busca pronosticar el comportamiento de parámetros asociados a dichos datos, asumiendo siempre ciertos supuestos, pues es imposible controlar todas las variables de un fenómeno. Todos los modelos, por definición, son imperfectos, especialmente si los supuestos que asumen son errados. Por lo tanto, los resultados de un modelo deben ser tomados como lo que son, un modelamiento y no una verdad absoluta. Por ejemplo, si un modelo de proyección de la demanda eléctrica considera como supuesto una separación entre el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) y el Central (SIC), entonces se produce una distorsión pues de existir un superávit en uno de los sistemas, el modelo no puede considerar traspasar dicho superávit, proyectando un crecimiento irreal de la demanda. Es ésta precisamente una de las críticas que diversos expertos hacen a la afirmación de que Chile necesita duplicar su matriz energética. 

En el otro lado de la historia, encontramos a decenas de expertos de largas y reconocidas trayectorias en el tema energético, económico y ambiental. Los primeros, han criticado algunos supuestos del modelo, la falta de un desglose periódico de la demanda (que fue, efectivamente, cercana al 6% a principios de la década pasada, para luego decaer y estabilizarse en cifras cercanas al 3,5-4%), la falta de consideración sobre los datos empíricos de los países desarrollados, que han frenado el crecimiento de su demanda, o el error de no considerar el concepto de ahorro energético,. Los segundos han criticado que no se considere que los países OCDE han logrado desacoplar, de manera efectiva, el crecimiento del PIB de su consumo eléctrico, y que Chile difícilmente superará la pobreza con un modelo económico que tiene el triste récord de poseer una de las peores distribuciones del ingreso en el mundo. Los terceros, reclaman con justa razón que un crecimiento de 6% o 7% del PIB es absolutamente incompatible con un desarrollo sustentable. En resumen, son demasiadas las críticas y observaciones que se hacen del modelo. Esto, junto a los estudios y modelos independientes de varios académicos e investigadores, permiten asegurar que Chile difícilmente necesita duplicar su matriz energética. Estos mismos estudios demuestran que Chile no necesita HidroAysén, o al menos no con la urgencia que se nos hace creer.

El Gobierno pareciera querer menospreciar las opiniones de estas decenas de expertos. Pero la ciudadanía no es tan “poco informada” (como La Moneda nos cataloga), y sabe que detrás de estos cuestionamientos no están sólo activistas ambientales, sino también expertos de prestigio nacional e internacional, incluyendo a académicos de la misma casa de estudios de donde nació el primer modelo original empleado por la CNE. En cualquier trabajo de investigación seria, los resultados de un estudio son sometidos a revisión de los pares (lo que en la jerga académica se conoce como “peer-review”), lo que en este caso aparentemente no ocurrió. Esto tampoco es nuevo, pues las duras críticas que han caído después del informe del Gobierno sobre la inocuidad de las bombas lacrimógenas demuestran que la capacidad gubernamental de elaboración de informes científicos rigurosos es, al menos, discutible. 

El Gobierno debe  terminar con la actitud de descalificar a los que disienten de las verdades que se intentan imponer. Los tiempos han cambiado, y cualquier ciudadano con cierto acceso a recursos puede informarse de buena manera sobre temas de contingencia. La International Energy Agency vende sus informes online, muchas ONGs y centros de estudio suben a la red sus estudios de manera gratuita, y los medios de prensa más “alternativos” han realizado una excelente cobertura sobre el tema, entrevistando a expertos de universidades y centros de investigación.

Por último, ¿cree La Moneda que la ciudadanía va a cuestionar a investigadores de universidades y centros tan prestigiosos como el MIT y la U. de Michigan, cuestionar publicaciones de revistas científicas tan prestigiosas como Nature o Science, o cuestionar a académicos e investigadores independientes y de reconocida trayectoria, pero no cuestionará a una empresa privada o a un sólo estudio que afirma una verdad tan criticada? Si la respuesta es sí, entonces el Gobierno necesita mejores asesores.

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Foto: Laura González Kaluza