El caso de la Bahía de Quintero es una muestra de la falta de responsabilidad estatal y de la desprotección que caracteriza a nuestro país. Esto porque, como zona de sacrificio, es un claro ejemplo de desigualdad en uno de sus planos más dramáticos, que es el de la vulneración al derecho aun medio ambiente limpio y éste, a su vez, entendido como un derecho sin el cual el ejercicio de otros derechos fundamentales peligra.
El tema de la desigualdad ha comenzado paulatinamente a tomar un lugar central en la agenda del país. Durante el año 2011 fuimos remecidos por cientos de miles de estudiantes que señalaron que la educación en Chile reproducía y agudizaba la desigualdad; ese mismo año unos cien mil ciudadanos marcharon contra Hidroaysén para manifestar que son todos los habitantes de Chile los que deben decidir respecto a la utilización de sus recursos y, por ende, del medio ambiente.
En diciembre del año pasado un informe realizado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) nos situaba como el país más desigual de los estados miembros de dicha organización: el ingreso del 10% más rico es 27 veces superior al del 10%más pobre. Durante la década de los 80 el problema de la desigualdad comenzó a tener otra arista de análisis a nivel mundial, en el sentido que se llegó a consenso que el desarrollo económico de los países tenía repercusiones sobre ciertos sectores de la sociedad, sectores vulnerables económicamente, asentados en polos industriales, que veían afectados sus derechos por las externalidades negativas que estos polos producían. Entre otras, se cuentan las enfermedades producto de la contaminación del aire, suelo y agua, y merma en la economía doméstica por afectación de suelos productivos y envenenamiento de animales.
La intoxicación masiva de estudiantes, profesores y apoderados de la escuela La Greda, ubicada en la Bahía de Quintero, en marzo de 2011 y que se ha repetido durante este año, permitió dar a conocer al resto del país una de las aristas más brutales de la desigualdad: las llamadas zonas de sacrificio. Con posterioridad, al episodio del año pasado, se realizó un estudio en los 14 colegios de la comuna de Puchuncaví, que arrojó que los patios y salas de todos los establecimientos están contaminados con metales pesados, entre ellos arsénico y plomo. Estos contaminantes producen daños irreversibles en los pulmones, afectan la capacidad intelectual y, a largo plazo, la conducta de las personas que a temprana edad son contaminadas por ellos. En el caso de La Greda la medida tomada por el gobierno fue la de trasladar la escuela un kilómetro más lejos del complejo industrial.
Es necesario recalcar que en nuestro país el resguardo al derecho a la educación ha sido cuestionado incluso por la Unesco, debido a que la garantía constitucional se relaciona con la libertad de enseñanza, dejando de lado la responsabilidad del Estado de asegurar acceso, disponibilidad, adaptabilidad, aceptabilidad y las condiciones humanas mínimas para el ejercicio pleno de este derecho.
En este sentido, la reproducción de condiciones de desigualdad que implica una zona de sacrificio como la Bahía de Quintero podría constituir una acción discriminatoria. Los niños que estudian en las escuelas de ambas comunas (Puchuncaví y Quintero), desde temprana edad podrían ver afectadas sus capacidades físicas e intelectuales por la exposición a la contaminación, lo que los sitúa en una posición desventajosa ante el resto de los niños y niñas de nuestro país.
La concentración de bajas dosis de plomo en la sangre, pero en constante exposición, ha comenzado a ser tema de política pública en varios países debido a que, a pesar de que no implican daño neuronal evidente e inmediato, producen una disminución del coeficiente intelectual, que se relaciona con un menor ingreso económico promedio, además de disminución en la capacidad de concentración y aumento de la impulsividad.
El hecho podría ser aun más grave debido a que la afectación sucede en sus propias escuelas, que por el contrario, debieran ser lugares aptos para su desarrollo, en cuanto se entiende como objeto de la educación «el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida».
Pero pese al conocimiento de la situación de contaminación en las escuelas de la zona, el Estado de Chile hasta ahora no se ha hecho responsable de ello ni ha tomado las medidas adecuadas para enfrentar, reparar y resguardar los derechos fundamentales de los habitantes de la Bahía de Quintero, específicamente el derecho a la educación de los niños y las condiciones básicas para su ejercicio. Esto, a pesar de la responsabilidad adquirida internacionalmente, tanto como estado miembro de Naciones unidas como país integrante de la OCDE.
El caso de la Bahía de Quintero es una muestra de la falta de responsabilidad estatal y de la desprotección que caracteriza a nuestro país. Esto porque, como zona de sacrificio, es un claro ejemplo de desigualdad en uno de sus planos más dramáticos, que es el de la vulneración al derecho aun medio ambiente limpio y éste, a su vez, entendido como un derecho sin el cual el ejercicio de otros derechos fundamentales peligra.
Junto con ello, la dependencia laboral de las comunidades a estos polos industriales genera un círculo vicioso de desigualdad. La desregulación, la falta de fiscalización, de planificación territorial acorde, etcétera, generan condiciones propicias para la reproducción social de comunidades vulnerables que cargan con los pasivos ambientales del desarrollo económico del todo el país.
* Por Javiera Vallejo, Investigadora Fundación Terram
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