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Según el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en Chile 55.722 personas se encuentran privadas de libertad, siendo ésta, en proporción, la cifra más alta de población penal por cada cien mil habitantes de Sudamérica.
Según el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, la capacidad de personas del sistema penitenciario es de 31.576, lo que naturalmente hace de la política carcelaria un atentado a la dignidad de las personas.
¿Sabía usted que según la información entregada por Gendarmería, durante el año 2010 solo un 1.21% de la población carcelaria accede a los Centros de Estudio y Trabajo?
El castigo de quien infringe la ley es mucho más que la privación de libertad; es la venganza cruenta de una sociedad que, de un modo u otro, ha contribuido a crear estos bolsones de abandono, sin hacerse cargo de educar para la libertad sana y compartida, ni tampoco generando planes de integración social para quienes han cometido delitos de menor o mayor cuantía.
Enérgico Sebastián, siendo candidato, hacía gárgaras convenciéndonos de lo justo y necesario que era parar con la “puerta giratoria”, lo cual siempre me pareció de una pobreza reflexiva enorme, pues una autoridad nacional no puede hablar desde la víscera, sino desde la altura que su envestidura presupone. En ese escenario, el sentir visceral se debe confrontar necesariamente con las indicaciones de los informes de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, con temas logísticos básicos de espacio y condiciones básicas para implementar las políticas que el Estado valida como castigo para quien transgrede la ley.
La arengas contra la "puerta giratoria" no son otra cosa que discusiones minimalistas sobre un tema de enorme envergadura. La reflexión inevitablemente se debe instalar en qué entendemos por justicia, por castigo, por sanción, por rehabilitación, por oportunidades de reinserción y cuanto es lo que realmente nos interesa la defensa de los derechos que continúan teniendo quienes se encuentran privados de libertad.
Desde inicios del gobierno de Piñera, el Ministro Bulnes presentó especial preocupación por la situación carcelaria, al igual que la Comisión Defensora Ciudadana, mucho antes de que la maldición cayera sobre la cárcel de San Miguel. La situación de las cárceles es desde hace años una tarea pendiente y parece un buen augurio poner el tema en la mesa pública.
En Chuquicamata, la tierra que sacaron de la mina forma colinas de tierra que en teoría no contenía metales valiosos; eran "desechos". A esas colinas les llaman"tortas" pues en su cumbre son planas, como una meseta. Hace un años descubrieron una tecnología que permite obtener los minerales que se pnsaba que ya no estaban presentes.
Espero que lo mismo pase con las cárceles: ojalá que un buen día, en ese lugar donde el discurso público apunta con el dedo a aquello que se supone es "escoria", el sistema penitenciario hijo de una sociedad más sana, termine rehabilitando hombres y mujeres, distintos y mejores que los que entraron a las frías celdas y no solo delicuentes avezados.
Estar privado de libertad no puede ni debe equivaler a estar hacinado en la mugre, en la inhumanidad. Se debe migrar desde un modelo carcelario que solo castiga a uno que rehabilita, no solo por el bien de quienes están privados de libertad, sino por el bien de la sociedad en su conjunto.
(*) Te invitamos a leer también a Luis Marcó en "¿Cómo se va de la tolerancia cero al indulto?".
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