Todo país que se considere en vías de desarrollo, no puede hablar de justicia social si no va acompañada de justicia ambiental. Las dos se relacionan y se priorizan entre sí, creando una plataforma estructural con proyección social. No sacamos nada con crear leyes y protocolos de trabajo, si no tomamos un compromiso serio y responsable como sociedad en este sentido.
Sin duda alguna, la producción de energía afecta negativamente el medio ambiente cuando no se toman las providencias necesarias. Es un tema que en Chile lo tenemos bastante claro, ya que ha sido una variable olvidada por décadas y hoy sufrimos las consecuencias sociales de ese problema en regiones, por la nula concepción de políticas sustentables, olvidándonos de la matriz energética, su viabilidad y su proyección. Es una realidad que nos ha hecho entender que si no tomamos los recaudos correspondientes y no logramos un balance entre las estrategias de generación eléctrica y la relación de estos proyectos con las comunidades, invariablemente caeremos en contradicciones.
El medio ambiente es un bien social, de ahí su importancia. Es un bien que nos pertenece a todos por igual y por eso mismo debemos tener la capacidad de cuidarlo, respetarlo y relacionarnos con él con armonía. Hablar de bio-diversidad, medio ambiente, calidad escénica y ecología, no queda limitado al mundo hippie como lo fue en el pasado. Hoy existen ciudadanos conscientes de todo tipo ideologías políticas que han entendido la gravedad del problema y están dispuestos a hacer los sacrificios que sean necesarios para revertir la situación en pos de un futuro mejor para todos. Un sinónimo de país en vías de desarrollado o emergente como se les denomina hoy, sin duda es trabajar en pos de ese objetivo.
La pregunta que debemos hacernos como sociedad es si podemos crear una base de sustentación para defendernos de las malas prácticas ambientales al producir energía y además tener la capacidad de diseñar un modelo que nos permita un proceso limpio de crecimiento y con un posterior desarrollo con estándares adecuados, que proyecte una matriz energética sana y no quedar al antojo de las transnacionales extranjeras que normalmente no velan por esos detalles. El liberalismo económico en el cual hemos fundamentado nuestro modelo económico de desarrollo desde los años 80, no tiene porque ser sinónimo de contaminación y destrucción de las regiones.
Los mercados abiertos generados por la globalización que propone el mundo económico, pueden y deben mejorar la distribución de los recursos y tienen la obligación de crear una mejor calidad de vida y eso pasa necesariamente por respetar el medio ambiente. Para que esto sea posible debemos tener la capacidad de invertir en polos energético eficientes, desafectando todas aquellas intenciones, vengan de donde vengan, que utilicen tecnologías del pasado, con exigencia y planificaciones estructurales que cuenten con una debida fiscalización por parte del estado y que este a su vez cumpla efectivamente su rol fiscalizador.
Un comercio internacional con proyección debe necesariamente estimular el crecimiento económico y social sustentable, respetando la biodiversidad y la cultura histórica de las comunidades que pretenden intervenirse, relacionándose con el medio ambiente y social de manera eficiente y controlada. Lamentablemente, en la actualidad somos reconocidos como uno de los países con la huella de carbono más sucia del planeta y eso a la larga terminará pasándonos la cuenta en términos de proyección económica. Más temprano que tarde, si no tenemos la capacidad de mejorar, nuestros productos sufrirán la devaluación por la huella de carbono que tienen que soportar. El tema de Punta Alcalde y su ilegitima aprobación, aunque haya obtenido su legitimidad por la misma Corte Suprema, representa un retroceso en este sentido y es una voz de alerta que debemos saber escuchar.
Cuando Chile se incorporó a la OCDE, el gran objetivo que tuvo esta organización al invitarnos a pesar de nuestro evidente subdesarrollo, era demostrar que se podía confiar en países emergentes como el nuestro para erradicar el cohecho y lograr así un cambio sustancial en la formulación de leyes en este sentido. Los objetivos de la OCDE son claros: Apoyar el crecimiento sostenible, respetando al ser humano como valor fundamental e intrinsico, elevando los estándares de vida de las comunidades y mantener la estabilidad financiera en total armonía con el medio ambiente.
El informe de la OCDE del desempeño ambiental de Chile no ha sido muy bueno en los últimos años, por decirlo de manera respetuosa y diplomática. Por ello estableció algunas recomendaciones que hasta ahora no se han cumplido y tampoco se han exigido como debe de ser y debemos rectificar si queremos ser sustentables. Entre las más importantes están:
– La adopción de una ley ambiental más rigurosa sobre la protección de la naturaleza y la biodiversidad, que permita al Estado más fundamentos para fiscalizar adecuadamente los procesos productivos y de generación eléctrica.
– Generar incentivos empresariales vinculados al mejoramiento del medio ambiente, con políticas claras y transparentes.
Necesitamos entender que no lograremos nada sin un verdadero compromiso social ante el medio ambiente, que es en la actualidad la parte más sustantiva del proceso social de crecimiento y el posterior desarrollo que necesitamos. Sin estos planteamientos no lograremos nada. Todo país que se considere en vías de desarrollo, no puede hablar de justicia social si no va acompañada de justicia ambiental. Las dos se relacionan y se priorizan entre sí, creando una plataforma estructural con proyección social. No sacamos nada con crear leyes y protocolos de trabajo, si no tomamos un compromiso serio y responsable como sociedad en este sentido. Por mucho que implementemos multas millonarias y decretemos cárcel efectiva para los gerentes que tomen malas decisiones ambientales, de nada valen si no tomamos conciencia como sociedad desde lo público hacia lo privado, que solo podemos salir adelante entendiendo la proyección que nos entrega entender la importancia y el respeto que debemos tener por las comunidades que viven en los territorios pretendidos para la generación de energía.
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Foto: chilefotojp / Licencia CC
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