1960. El terremoto que olvidamos

El domingo, 23 de Mayo de 2010, se cumplieron 50 años de la catástrofe sísmica más grande producida en Chile jamás, y la mayor de la que se tenga registro instrumental en el Mundo. 50 años en que el país avanzó, primero hacia la industrialización desarrollista (dentro de un período iniciado justamente luego de otro devastador terremoto en 1939 con la creación de CORFO) y luego hacia la consolidación de un cierto progreso económico sustentado en la explotación exportadora de commodities naturales.

Las infraestructuras se crearon. Carreteras, puertos y aeropuertos fueron, con mayor o menor eficacia, adaptándose a los requerimientos que el desarrollo económico exigía. Las telecomunicaciones, por su parte, indicaban el liderazgo de Chile en el ámbito de la conectividad digital en el contexto sudamericano, con altas tasas de uso de telefonía móvil y de banda ancha. Y los servicios básicos en manos de privados cumplían bastante adecuadamente en cobertura y calidad

Para Febrero de 2010, podíamos decir, y lo hacíamos con orgullo, que éramos un país a punto de ser desarrollado. La OECD nos palmoteaba la espalda y nos hacía parte de la familia como el único país no desarrollado en ingresar a ella. Premio a las exigentes y responsables políticas macroeconómicas  desarrolladas por los ministros de Hacienda que han manejado las finanzas de Chile desde después de la crisis de la banca de principios de 1982.

Conforme todo esto sucedía, y con el sismo de 1960 como un raído telón de fondo, el país nunca supo afrontar la tarea de generar un modelo de prevención de catástrofes (de sus daños, me refiero) digno de los avances que el país mostraba año a año. La ONEMI, creada inmediatamente después del megaterremoto de Valdivia, e institucionalizada recién en 1974, jamás ha tenido la centralidad e importancia que su rol sugiere y demanda.

Veamos. En el episodio de 27F, sus horas y días posteriores, se hizo patente la necesidad de un nivel de autonomía mucho mayor. No es posible que el país sea vulnerable a fallos en el protocolo de dictación de alerta. O que para saber datos precisos de un sismo haya que recurrir a faxes, mails o comunicaciones vía telefónica. Sabemos que el avance que hemos logrado en materia tecnológica desaparece ante un evento de grandes magnitudes.  Tampoco podemos permitir la ilógica naturaleza del protocolo que debe necesitar doble confirmación para que una alerta sea ejecutada. Debe ser uno el organismo que lo dicta y la ONEMI (que no tiene los recursos para monitorear) encargarse del manejo de crisis. 

El terremoto de 1960 enseñó que la coordinación es vital entre Gobierno, FFAA, y organismos académicos. No olvidemos la proeza del Riñihuazo como buena muestra de aquello. Y en este punto quisiera rescatar el modus operandi de organismos de emergencia altamente efectivos, como son el NOAA (National  Oceanographic and Atmospheric Agency) y USGS (United States Geological Survey), los que en conjunto con la NASA son los encargados de suministrar periódicamente información sobre peligros naturales a su gobierno y a otros gobiernos en el mundo. ¿Cómo lo logran? Con un presupuesto digno del PIB estadounidense, pero más que todo, con el concurso interesado de las universidades de todo el país. En nuestro caso, sólo la Universidad de Chile a través de los departamentos de Geofísica, Sismología e Hidrología, tiene vinculación con la ONEMI. Las otras universidades – no sé la razón de esto – muy bien, gracias.

Estas agencias, son las que DETERMINAN alertas, sin pasar por aprobación política, para que las autoridades movilicen a la Guardia Nacional, Policía, Fuerzas Armadas y Bomberos. Un poder de toma de decisiones autónomo, que ahorrando tiempo en discusiones entre no expertos, salva vidas al acelerar la respuesta.

Otro punto en que estamos al debe con la vapuleada ONEMI es que ella, con toda la información territorial recabada en sus estudios de riesgo, debiese poder impugnar asentamientos humanos o proyectos inmobiliarios que deseen ser instalados en lugares y zonas de alto riesgo o probabilidad de desastres. Lechos de río inundables, quebradas, flujos volcánicos, peligros de derrumbe o corrimientos masivos de tierra son incluso más frecuentes que eventos sismicos. Debemos evitar que este nuevo terremoto borre los recuerdos de los aluviones de Antofagasta y Macul, las salidas de ríos en el Maule de hace un par de años, los acontecimientos de Chaitén, entre otros sucesos.  Todos esos factores de riesgo, que la ONEMI conoce, debiesen ser incluidos en la elaboración de Instrumentos de Planificación Territorial, como Planes Reguladores Comunales e Intercomunales, o modificaciones sectoriales a éstos.

Afortunadamente, y porque no todo puede ser tan amargo, la ONEMI, a lo largo de su historia, ha desarrollado un enorme esfuerzo preventivo, educando en colegios de todo Chile procedimientos de emergencia. Y desde la década que ya se va, simulacros de tsunamis en las comunas costeras. Esto, junto a la existencia de un sector de la construcción que en gran parte cumplió responsablemente con las normas antisísmicas explica la baja cantidad de víctimas que la tragedia de 27F provocó, incluso teniendo en cuenta la contradictoria reunión a la que fue expuesta la Presidenta Bachelet.

Por todo lo anterior, el pasado 21 de mayo era una excelente oportunidad para haber escuchado del Presidente Piñera  algún anuncio enfocado a mejorar la institucionalidad y el presupuesto de la ONEMI. La audacia que mostró para otras áreas de su gestión, debió aplicarla también para este importante organismo que dentro del Ministerio del Interior, tiene la no despreciable tarea de preocuparse de la Seguridad Interior en lo que respecta a la Protección Civil. Pudo anotarse un poroto, y no lo hizo.

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Foto: Valdivia after earthquake, 1960 – Wikimedia