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Presos políticos mapuches y cubanos: ¿igual trato?

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Mientras la excarcelación de los presos políticos (o de conciencia) cubanos está presente desde hace meses en las portadas de la prensa mundial -y con justa razón-, otros disidentes políticos, ubicados mucho más al sur de nuestro continente, pasan inadvertidos a los ojos del orbe. Sufriendo iguales o peores condiciones carcelarias, humanitarias y procesales. Es el caso de los presos políticos del principal y más aguerrido pueblo originario de Chile, el mapuche, y el conflicto que arrastra varios siglos con el Estado chileno, y se traduce en una férrea militarización en la zona que reclaman como territorios ancestrales, y del que históricamente han sido despojados.

A la loable y publicitada huelga de hambre que mantuvo el fallecido disidente cubano Orlando Zapata, la que finalmente le costó la vida tras 85 días, se sumó la misma medida de fuerza por parte del periodista opositor Guillermo “Coco” Fariñas que, tras 134 días sin comer ni beber líquido, vio finalizada su huelga luego del anuncio de excarcelación de 52 presos políticos por parte del Gobierno castrista, ante la mediación de la Iglesia Católica y el canciller español Miguel Ángel Moratinos.

Este hecho, bienvenido por el mundo y aún en desarrollo, se contrapone a la realidad que viven nada menos que 106 presos mapuches, según el último informe de la Comisión Ética Contra la Tortura (23 de junio), y que supone casi el doble de los encarcelados y procesados que había el año pasado.

Actualmente existen cerca de 60 presos políticos mapuches cumpliendo condena (entre ellos dos mujeres y dos menores de edad), disgregados en cárceles ubicadas en Concepción, Lebu, Los Ángeles, Cañete, Angol, Victoria, Traiguén, el centro de reclusión de menores de Cholchol, Temuco y Valdivia. Al sumarles los procesados con medidas cautelares, la cifra se eleva a 106, según la mencionada Comisión Ética Contra la Tortura. La entidad ha documentado el uso de la tortura en un número importante de las detenciones practicadas.

Una quinta parte de estos prisioneros (23), inició el pasado 12 de julio una huelga de hambre líquida "hasta las últimas consecuencias" en cárceles de Concepción (El Manzano) y Temuco. Exigen garantías ante la justicia como el fin del doble procesamiento por la Justicia Militar y Civil (como es el caso de 7 presos en El Manzano); el derecho al debido proceso, sin utilización de testigos sin rostros, torturas o extorsión; la liberación de todos los presos políticos mapuches; la desmilitarización de las zonas indígenas reivindicadas; y, por supuesto, el fin de la aplicación de la Ley Antiterrorista instaurada en la dictadura.

Esta Ley implica la prohibición de acceso a la investigación para los abogados defensores, el uso de testigos con identidad protegida y prisión preventiva por hasta dos años para los acusados. Bajo este régimen se encuentra la totalidad de los presos mapuches en huelga (15 en El Manzano y 8 en Temuco), algunos desde hace más de un año y medio.

"La postura del Gobierno central ha sido de completo apoyo (a los presos políticos de Cuba). No se dan cuenta del problema interno que están creando. Es un doble estándar", dijo María Tralcal, esposa de uno de los reos mapuches.

En tanto, una huelga de hambre igual de extensa y con casi nulo impacto mediático en el resto del mundo fue la realizada por Patricia Troncoso -“La Chepa”- quien estuvo más de 110 días sin comer ni beber líquido y, pese a ser sobreseída en 2 ocasiones, fue finalmente sentenciada a 10 años de cárcel en Angol por incendiar fardos de un predio agrícola privado. Acto que para la antojadiza ley es una acción “terrorista”, aunque para casos similares, como la quema de buses de parte de contratistas mineros en huelga o estudiantes lanzando bombas molotov, no se utiliza la figura de “incendio terrorista”, que triplica las penas, lo que es a todas luces un “caso de discriminación” hacia los mapuches, según asegura el periodista y analista internacional Raúl Sohr.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya condenó al Estado chileno por la utilización de la Justicia Militar contra indígenas, en el caso conocido como “Palamara”. A su vez, Naciones Unidas ha representado al Gobierno chileno en varias oportunidades la inconveniencia de aplicar la legislación antiterrorista a la lucha social, a través de los relatores especiales para causas humanitarias indígenas, Rodolfo Stavenhagen y James Anaya.

Asimismo, José Venturelli, profesor emérito de la Universidad de McMaster de Canadá y Vocero del Secretariado Europeo de la Comisión Ética Contra la Tortura, asegura que las actuales demandas de los presos mapuches “están en perfecta sintonía con recomendaciones de la ONU al gobierno de Chile” (CCT, CEDR, Convenio 169 de la OIT). “El gobierno, a todos sus niveles, debe tomar conciencia de que son sus acciones abusivas, reñidas con la justicia, la base del problema. La lucha del pueblo mapuche no es ni terrorista ni criminal. Los explosivos que se encuentran los ponen las “las fuerzas del orden” en sus montajes. Las armas son monopolio del Estado y, como ya lo sabemos, los muertos, heridos y agredidos son monopolio Mapuche”.

Los gobiernos democráticos de la coalición de ‘centro-izquierda’ son los que han aplicado una ley concebida en dictadura para procesar y condenar a dirigentes mapuches, ejerciendo una política discriminadora por parte del Ministerio Público y el gobierno, a juicio de Sohr.

Peor aún, Carabineros de Chile ya ha dado muerte en enfrentamientos a 3 comuneros mapuches entre el 2001 y 2009 (Alex Lemún, Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío) producto de disparos y otros por la espalda -caso de Catrileo- y ninguno de los uniformados ha sido condenado por ello, cumpliendo sólo con firmas quincenales o medidas cautelares ante la Justicia.

Al sopesar toda esta cruda realidad de diferenciación y discriminación política, judicial y policial es que surgen varias interrogantes. ¿Los políticos chilenos no miran en su propia casa antes de juzgar o aplaudir excarcelaciones de presos políticos en el exterior, por muy bienvenidas que éstas sean? ¿O es que por ser demandas indígenas carecen de plenos derechos humanitarios? El centenario conflicto chileno-mapuche no da para dobles lecturas.

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Foto: Antitezo

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Comentarios

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20 de julio

En esto vemos una dualidad a la hora de defender la libertad y dignidad de las personas, según el sujeto y el ethos que se defiende contextualmente y paradigmáticamente.

Si uno analiza los argumentos que da la gente para justificar una y otra situación, ve que sea cual sea el caso, sólo son dignos algunos individuos. Sólo son dignos de derechos aquellos que calzan con la noción que consideran válida para simbolizar lo que entienden por bien general.

20 de julio

felicitaciones por colocar un tema con el cual todos los medios de comunicación se hacen los locos, la estrategia parece ser simplemente: esto no existe, hacerse el loco con los conflictos de interés, con las descabelladas opiniones de personeros públicos y con la realidad que vive hoy el pueblo mapuche, es la tónica generalizada en Chile.
Menciono a propósito del tema mapuche: los presos mapuche están presos por reivindicaciones territoriales, resulta que ahora la CONADI redujo en un 75% el presupuesto 2011 del fondo de tierras, es decir, desconocimiento absoluto de las demandas mapuche y deslegitimación de la demanda histórica de nuestro pueblo, asumo que nada bueno, ni nuevo vendrá con todo esto, más aún considerando que el gobierno actúa lisa y llanamente desconociendo el Convenio 169, que establece que cualquier medida que afecte a los pueblos indígenas debe ser CONSULTADA previamente, asunto que acá simplemente no existe.
Fuerza a quienes sostienen la huelga de hambre y gracias a los chilenos que solidarizan con nuestro pueblo.

20 de julio

Exacto. Como se ve en la columna y en la opinión de Jorge Andrés, claramente existe una dualidad. Al parecer la liberación de presos políticos es sólo buena cuando NO son “nuestros” presos políticos. Del Gobierno (de este u otro) no me extraña y espero cualquier proceder similar. Sin embargo sí me molesta y me llama profundamente la atención (como periodista que soy) que los medios realicen una cobertura tan llamativa al caso cubano, con vastas notas al caso Fariñas y la excarcelación que finalmente se logró, sin hacer siquiera un paralelo a lo que viven los presos políticos mapuches en Chile. Señores: la noticia a veces está más cerca!!! En ese sentido encuentro muy bueno que El Quinto Poder y Ricardo Bustamante llamen la atención al respecto cubriendo el tema y sin caer en la criminalización de este pueblo.

21 de julio

A lo mejor en veinte años más nos pregunten nuestros hijos qué estábamos haciendo nosotros mientras el conflicto mapuche arreciaba, del mismo modo que en nuestro momento le preguntamos nosotros a los nuestros qué estaban haciendo ellos en la dictadura. “Es que en esa época no se sabía lo que estaba pasando” no parece sonar bien como respuesta. Añadiremos entonces que estábamos en democracia, que el asunto fue dirimido por tribunales independientes, bla, bla, bla.
Por de pronto, me parece esencial detener la militarización de la policía en la zona. Si se quiere llevar militares para pelear con compatriotas, que se pague el costo político y se den las explicaciones pertinentes. Pero el gato por liebre de tener carabineros armados para una guerra es inaceptable.

21 de julio

Precisamente trabajo en un medio masivo donde estos temas no son continuamente tocados, o cubiertos con ciertos sesgos. Por eso mi inquietud de plasmar lo que pienso y q mucha gente piensa a la luz de los groseros antecedentes en este conflicto, que se toma con un doble estándar increíble por parte de la mayor parte de la prensa.

Respecto a lo escrito por Sigrid, muy de acuerdo, sobre todo en que la Conadi hace años dejó de cumplir el rol para el que fue creada, teniendo nombramientos discutidos de sus directores y con serios conflictos de interés cuando le ha tocado decidir sobre proyectos mineros o hidroeléctricos cuando las tierras de los pueblos indígenas (no sólo mapuches) han estado en juego.

En cuanto al problema social, polñitico y cultural que le dejamos a las nuevas generaciones, es muy penoso. Si bien en Santiago se han producido movilizaciones, falta una conciencia colectiva ciudadana para temas sensibles como estos, como para tantos otros, y nuestra arraigada pasividad y facilismo nos inmoviliza.

22 de julio

Un punto esencial -y creo que pocos estarán de acuerdo- es que lo peor que se puede hacer es fomentar la respuesta violenta por parte de las comunidades, pues lo único que se logra es reforzar el uso de la fuerza por parte del Estado.

No sólo dan pie para que sus demandas sean des legitimadas ante el común de la gente, por la prensa y los actores políticos, sino que refuerzan la noción de que debe aplicarse la fuerza y la ley con rigor.

Creo que sería más efectivo una forma de resistencia pacífica, sin ningún tipo de agresión ni a la propiedad ni a las personas, como lo hizo Gandhi o Luther King.

09 de septiembre

Al parecer hay consenso a priori pero necesito saber qué se entiende por ‘preso político’.

Según la dictadura socialista, los cubanos no son presos políticos sino presos comunes. Si me das el enlace del cual concluyes que los cubanos nombrados eran ‘presos polítocos’ te entenderé un poco más. Algo así como: dime qué lees y te diré qué piensas.

Ahora, con respecto a los mapuches, yo tengo entendido que se les acusa de provocar incendios, atentar contra predios privados y públicos y atentar contra la integridad de seres humanos. Si todas las acusaciones anteriores se justifican porque ellos quieren terreno, ¿también se justifica el nombre de ‘presos políticos’?

Raros consensos tienen…pero lo bueno es que se entienden entre ustedes.

Saludos

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