Al cumplirse un año desde el inicio del Proyecto Piloto de Defensa Penitenciaria que la Defensoría Penal Pública está implementando en la Región de Coquimbo, escribo algunas líneas sobre las percepciones que me ha dejado el defensor penitenciario. El proyecto tiene el objetivo de entregar asesoría jurídica a quienes cumplen penas privativas de libertad en establecimientos penitenciarios de esa región.
Nelson Mandela dice: “Nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles”. Al menos puedo decir que conozco un porcentaje de la nuestra. Lo que encontramos en la realidad carcelaria de la Cuarta Región, en especial en la cárcel concesionada de La Serena, es un “avance”, si así se puede calificar a un recinto de reclusión (no se crea que soy abolicionista, pero aún no sé para qué sirven las cárceles).
Es un avance en cuanto a su habitabilidad, separación de la población penal y servicios médicos. En cuanto a las labores propias de “reinserción”, si bien se ofrecen talleres, éstos no llegan a toda la población penal; aún hay módulos, sobre todo los de alta seguridad, que carecen de estos servicios, lo que inhibe a los internos a postular a algún beneficio penitenciario.
En el caso de los penales de Ovalle, Illapel y Combarbalá, que mantienen las estructuras de las cárceles “antiguas”, es evidente que no se logran los estándares de La Serena, lo que se acentúa en el acceso a actividades de reinserción social. Sin duda, se requiere una fuerte inversión de recursos en esas áreas, aunque es difícil creer que una política contramayoritaria -como otorgar recursos a “delincuentes”- sea de fácil acogida en una sociedad que vive con la premisa del “que se sequen en la cárcel”. Sin perjuicio de ello, como dice el profesor Miguel Soto, “las cárceles deben ser buenas no por razones de reinserción social, sino porque ahí hay seres humanos”. Quizás ése es el discurso que no se ha logrado poner en la agenda; los que están en las cárceles no son animales ni extraterrestres, sino personas como cualquiera, pero la diferencia es que la mayoría no tuvo las mismas oportunidades de, por ejemplo, el que está escribiendo esta columna.
Desafortunadamente, aunque los internos hayan hecho su mayor esfuerzo en los establecimientos penitenciarios para nivelar sus estudios y obtener calificación técnica, al salir en libertad se convierten en verdaderos “muertos civiles”, algo así como un Dicom de oportunidades en que las pocas puertas se cierran, por esa carga que es siquiera mencionar haber estado recluido.
Como dice Zaffaroni “la cárcel siempre va a ser contaminante, incluso se trate de un hotel cinco estrellas, debido a la estigmatización que causa a quienes deben permanecer en ella y a su carácter segregacionista”.
La mayor dificultad de esta actividad es el acceso a la información con que cuenta Gendarmería, cuestión que, sin embargo, ha ido mejorando con el paso de los meses en virtud del compromiso de dicha institución en el funcionamiento de este proyecto. El fin común que nos ha guiado ha sido la construcción metro a metro de los cimientos de esta nueva forma de defensa. Pero, y aún con las dificultades de nuestra labor, incluso la incomprensión de muchos, nada se compara (quizás una absolución con imputado privado de libertad), a lo que se siente al escuchar que un beneficiario te agradece al obtener una salida dominical, por poder aunque sea un día estar en casa junto a su familia.
De seguro no seré un revolucionario de esos de traje oliva y fusil, pero esperemos que esta experiencia sirva como una revolución en la protección de los derechos fundamentales de los más excluidos, en un área del derecho casi tan inexpugnable como la Sierra Maestra, el derecho penitenciario, en que parafraseando a “Che” Guevara “no se vive celebrando victorias, sino superando derrotas”.
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