Estos días, dos casos de violaciones a los derechos humanos han ocupado espacio en los informativos: el caso de Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas, y el caso de Víctor Jara. En ambos, el denominador común ha sido el silencio, el ruin silencio de quienes participaron en los hechos, silencio que mantuvieron durante décadas, hasta que ha sido imposible seguir callando. Y, como es habitual en estos casos, inmediatamente los dardos han sido lanzados hacia el mundo militar, directamente implicado en los hechos.
Pero, y acercándose el 11 de septiembre, es bueno recordar que los militares poco o nada habrían podido ocultar si no hubieran contado con el apoyo de parte de la clase política. Las palabras de la madre de Rodrigo Rojas, Verónica De Negri, no son fruto de una madre acongojada, sino de una mujer que durante casi 30 años ha intentado esclarecer qué pasó con su hijo y que se ha encontrado con un muro, como el que vio quemarse a su hijo, responsabilizado por su propia muerte sin que hasta ahora haya habido ni la mas mínima intención de pedir perdón por haber creído semejante barbaridad. El mismo muro con que se han topado los familiares de Gervasio, sobre todo su hijo y su hermana, que apenas ahora, más de 25 años después de su muerte, estan logrando limpiar el nombre del cantautor mancillado con difamaciones y con una muerte atroz catalogada de suicido. El mismo muro con el que se han topado cientos y cientos y cientos de familias en este país cada vez que intentan contar la verdad de lo que pasó con sus familiares.Son los pactos de silencio entre todos los que se han beneficiado, varios miembros de nuestra clase política, conectados con la clase económicamente influyente, el gran problema que imposibilita una reconciliación.
Cada vez que algún periodista intenta profundizar en el rol de los políticos durante los turbios años en que se fraguó el golpe del 73, cada vez que un historiador intenta dar a conocer la documentación que implica a políticos en el golpe, y en los años posteriores como colaboradores, se condenan a la relegación. Sus palabras apenas tienen repercusión, se bloquea la publicidad de sus textos, convirtiéndolos en parias por rechazar la historia oficial, parias por no aceptar la versión que nos quieren pintar. Ni que decir lo difícil que es contar la historia de la reconciliación y la transición, sin darse de bruces con una serie de hechos turbios que no terminan de aclararse y que se intentan ocultar tapando una mentira con otra.
Un ejemplo son los Informes Rettig y Valech. ¿Intención de dar a conocer la verdad de lo que pasó? No, nunca fue ese el objetivo detrás de estos informes. En el caso del Informe Rettig eso fue evidente desde el comienzo: la idea era tapar los hechos poniendo una cifra a los muertos pero al mismo tiempo contando una versión distorsionada de lo que pasó entre 1970 y 1989, con énfasis en disminuir ciertos papeles durante la crisis de los años 70. Se buscó poner punto y final a la historia, un objetivo que no se cumplió, no solo porque nadie quedó contento con la versión mostrada en el Informe Rettig, sino porque si de algo adolece es de una sincera rigurosidad por mostrar la verdad. El Informe Valech fue una continuación de ese intento infructuoso de cerrar la puerta, no para proteger a los criminales que cometieron esos actos, sino para proteger a los que se han beneficiado de ellos. Había que «bajar el perfil» a lo ocurrido. Como es la tónica cada vez que ha pasado algo así en la historia de Chile.
Y un año tras otro, desde que retornó la democracia, volvemos a tener la evidencia de que no son los pactos de silencio de los militares el gran problema para esclarecer la verdad. Son los pactos de silencio entre todos los que se han beneficiado, varios miembros de nuestra clase política, conectados con la clase económicamente influyente, el gran problema que imposibilita una reconciliación. Son ellos los que han creado esta institucionalidad del silencio profesionalizándose en eso. Es cosa de ver cómo han reaccionado ante los casos de corrupción en que varios se han visto envueltos, para darse cuenta el grado de descaro que tiene esta gente para mentir, una y otra vez.
Tenemos una herida infectada. Por eso no sana. No podemos confiar en nuestras Fuerzas Armadas porque nos mienten, no podemos confiar en la clase política porque nos miente, no podemos confiar en el Poder Judicial porque a la hora de tocar asuntos que realmente afectan a la ciudadanía los elude. Ni siquiera vale la pena mencionar a la clase económica, nunca hemos confiado en ellos. Y los parches no sirven con una herida infectada, porque ocurren cosas como las que hemos visto estos días: aparece alguien que ya no puede seguir con la mentira y el hedor a gangrena vuelve a sentirse. Y aunque esas personas que quieren hablar mueran sin lograr hacerlo (muchos por miedo y otros porque no pueden soportar asumir lo que hicieron), habrá quien encuentre un documento olvidado de la quema, un rastro ignorado, y la herida volverá a mostrar su putrefacción.
Pero no sólo es por eso que no puede haber ni perdón ni olvido, sino por lo que hemos sido testigos, otra vez, estos días. Durante 29 años, dos madres y una víctima han tenido que luchar para que lo que de verdad ocurrió ese 2 de julio de 1986 sea por fin aceptado, porque durante 29 años se prefirió la absurda mentira de los hechos. Es imposible perdonar y olvidar cuando ocurren situaciones como esa, y tenemos una respuesta tan light de la clase política, que se toma con tanta ligereza una situación dramática como lo que vivieron esas personas. Y lo que vemos muchos ciudadanos es que si reaccionan así sólo porque esos hechos ocurrieron hace 3 décadas, sin importarles la gravedad de lo acontecido, ¿con qué peor desidia se toman situaciones actuales que miles de chilenos padecen, creyendo que con tirarlas bajo la alfombra nadie las va a ver? ¿Hasta cuando seguir formando comisiones que buscan tapar el sol con un dedo? Ni perdón, ni olvido, ni ceguera.
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