Sistemas consistentes en la instalación permanente, en el cuerpo de los sujetos privados de libertad, de brazaletes u otros dispositivos se han propuesto en Chile en innumerables ocasiones, como una alternativa a la prisión preventiva o al cumplimiento efectivo de penas de cárcel.
La experiencia internacional ha demostrado muchas ventajas de su empleo. Tanto en Estados Unidos, desde la década de los ’80 como en Europa, en los ’90, y más recientemente en Argentina y Uruguay, ha permitido descongestionar el sistema carcelario y abaratar costos: el precio de los dispositivos, de su implementación y el de las centrales de monitoreo es inferior al gasto en que se incurre en mantener, alimentar y vigilar (aún subhumanamente, como hemos podido apreciar en nuestras cárceles) a los presos. También evita que el Estado deba hacerse cargo, como hoy es inminente, de millonarias indemnizaciones por falta de servicio en casos en que internos mueren o resultan heridos dado el hacinamiento y las condiciones miserables en que se encuentran recluidos. Agreguemos a eso el valor de permitir a los imputados y condenados desempeñar actividades legítimas, fomentándose de esta manera la tan ansiada (por lo menos en el discurso políticamente correcto) resocialización.
La pregunta obvia, entonces, es por qué no se ha hecho antes. Una transformación de tal envergadura requiere modificaciones concretas de los textos legales vigentes: todas las penas y medidas cautelares son de derecho estricto y no pueden existir ni aplicarse otras diversas a las que la ley contempla expresamente. Parece razonable, de otra manera nos exponemos que algún colega imaginativo solicite que algún imputado sea amarrado a un árbol durante el curso de la investigación. Entonces nos encontramos, como es habitual, con una cuestión de voluntad política, que en la cruda realidad siempre estará condicionada por el paladar social en el momento concreto. Hasta hace no mucho tiempo, el tema carecía de toda prioridad en el contexto de una sociedad convencida de vivir en peligro clamando por el encarcelamiento de los delincuentes.
Después del incendio en la cárcel de San Miguel, aparentemente nuestra sociedad se ha sensibilizado con la situación de los presos. Sebastián Edwards, destacado economista, lo ha planteado recientemente a El Mercurio, en términos categóricos: “Deben implementarse la brevedad”.
Me parece entonces razonable fomentar un debate serio que se haga cargo de todos los argumentos, no sólo aquellos que favorecen la implementación de medidas como la que comento, sino también aquellos que se oponen a las mismas.
La discusión sobre los fines de la pena estatal no se encuentra zanjada y por lo mismo supongo que algunos defenderán, con mayor o menor altura de miras, visiones retribucionistas (Kant, por ejemplo, precisaba que la pena sólo persigue retribuir proporcionalmente el mal causado por el delincuente) y prevencionistas: ¿intimidará una pena cuyo cumplimiento consiste en llevar una vida normal con una pulsera en la muñeca o la pierna? Cada uno tendrá sus respuestas y estaremos de acuerdo en que habrá que hacer distinciones en atención a la gravedad del delito y, sobre todo, considerar si estamos en presencia de un sujeto investigado, aún amparado por la presunción de inocencia, o de un condenado, de cuya culpabilidad no caben dudas. También el régimen aplicable a la persona que lo emplea que puede ser diverso, por ejemplo, de libertad ambulatoria o de arresto domiciliario. Y por cierto: ¿quién se haría cargo de su implementación y funcionamiento? ¿Particulares? ¿El Estado?
En mi experiencia docente, cada vez que he tratado el tema en el aula, los estudiantes demuestran particular interés en el tema y bastante simpatía por estos dispositivos. Me gustaría que nuestra población se informara y tuviera opinión al respecto, que se efectuaran estudios de costos, efectos e incentivos en nuestro medio y en ese entorno una decisión definitiva se implementara legitimándose en un debate serio, propio de los jaguares que decimos ser.
Esa es la invitación que les dejo a todos.
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