Nacer en un centro penal, y verse sometido a un régimen carcelario durante los primeros meses de vida puede ser, posiblemente, la expresión más violenta y clara de los impactos que puede alcanzar en la vida de niños y niñas la privación de libertad de un familiar significativo.
La invitación ahora es abrir el debate público, atrevernos a hablar de cárcel, seguridad pública, políticas punitivas, derechos humanos y por sobretodo de protagonismo de niños y niñas.
En los 6 años que llevamos trabajando en la protección de derechos de niños y niñas con familiares encarcelados, ha sido difícil encontrar espacios públicos para invitar al debate sobre la existencia de los “convictos colaterales” tras el encarcelamiento efectivo de una persona. El enfoque punitivo y represivo que tienen nuestras políticas asociadas a la tan “manoseada” seguridad pública, nos ha hecho invisibilizar a las personas y sus historias, y en mayor medida no considerar las consecuencias desoladoras y de largo plazo que provoca el encarcelamiento de mujeres en sus familias, muchas de las cuales no representan un riesgo real para la sociedad.
La dolorosa historia de Sayén, hija de la comunera Mapuche que parió engrillada, comenzó a hacer eco en los medios de comunicación, permitiendo evidenciar la realidad de más de 40.000 niños y niñas que en nuestro país tienen a su padre o madre encarcelado y más específicamente a los 122 que vivían en Sesiones Materno Infantiles dentro de las cárceles hasta agosto de 2016. Su historia habla de una experiencia de niños y niñas que es compartida, marcadas por la violencia, marginalidad y trascendencia de la pena.
Alejandro Navarro fue el único Senador que se atrevió a hablar abiertamente del tema, enfrentando prejuicios y asumiendo el desafío de poner en el debate público un tema tan complejo para nuestra sociedad como es la cárcel y los Derechos Humanos de niños y niñas. Así fue como conformamos una mesa de trabajo, convocando a Corporación Humanas y ONG Leasur, dos organizaciones que trabajaban en la línea de Derechos Humanos. Juntos, construimos un proyecto de ley que se presentó en enero de 2017, el que tiene en su corazón el fundamento ético político de que niños y niñas tienen derecho a nacer libres e iguales en dignidad y derechos y que ninguna pena cometida por los adultos les pueda trascender.
Lamentablemente, tras la presentación del proyecto, las discusiones sobre la Ley Sayén se han centrado en visibilizarla como una iniciativa que busca entregar un “beneficio” a las mujeres privadas de libertad. Niños y niñas no son reconocidos como el punto de partida del debate y muchas veces ni siquiera son mencionados en la discusión.
Sabemos que vivimos en una sociedad adultocéntrica donde la voz de los niños y niñas no es escuchada, mucho menos en situaciones vinculadas a procesos penales de sus padres. Hoy es una realidad innegable que niños y niñas son invisibles para el sistema penal, aún cuando la Convención de los Derechos de Niños y Niñas declara explícitamente que los Estados deben garantizar el derecho a que puedan “expresar libremente su opinión sobre las situaciones que les afecten, teniéndose en cuenta sus opiniones” .
Estamos convencidos/as de que es posible y necesario escuchar la voz de niños y niñas en este proceso, permitiéndoles que nos digan cómo viven la privación de libertad de un familiar y qué significó en sus vidas nacer en un centro penal, abriendo con esto un debate que permita centrar la discusión en el fundamento real del proyecto de Ley.
En lo concreto, la Ley Sayen propone que mujeres embarazadas con hijos/as hasta 3 años puedan cumplir sus condenas con medidas no privativas de libertad, primando el derecho que tienen niños y niñas a ser cuidados por sus familiares, nacer libres y contar con igualdad de derechos y oportunidades. Insistir con esto, una vez más, que es el interés de proteger los derechos de niños y niñas lo que da vida a este proyecto de Ley y no dejar sin pena delitos que cuentan con condena.
Debemos abrir un debate que nos invite también a comprender que los centros penitenciarios no son la única vía para aplicar una sanción penal. La cárcel no es la respuesta a los problemas de “seguridad”, en particular en el caso de delitos cometidos por mujeres embarazadas o con niños/as a su cuidado, el encarcelamiento debe ser el último recurso o incluso evitarse por completo, tal como señalan las recomendaciones internacionales firmadas por nuestro país.
La invitación ahora es abrir el debate público, atrevernos a hablar de cárcel, seguridad pública, políticas punitivas, derechos humanos y por sobretodo de protagonismo de niños y niñas.
El proyecto de Ley Sayén hoy cuenta con muchos detractores y pocos convencidos con abrirse a la posibilidad de dialogar sobre esta realidad. Sabemos que tenemos una ardua tarea, de la que nos sabemos hasta ahora perdedores, pero como dice Brecht en uno de sus poemas “nuestras derrotas no significan nada, solamente que somos pocos los que luchan contra la infamia y de los espectadores esperamos que por lo menos se sientan avergonzados”.
Francisca Hidalgo, Directora Ejecutiva,
ONG ENMARCHA
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