En noviembre del año pasado se informó que nueve miembros de la Policía de Investigaciones (PDI) pertenecientes a la BICRIM de Pudahuel, fueron declarados culpables por el Primer Tribunal Oral de Santiago, de los delitos de apremios ilegítimos (torturas) contra arrestados, abusos en control de identidad, allanamientos y detenciones ilegales, y falsear informes policiales en causas por delitos de drogas. No obstante, todos fueron absueltos por microtráfico. Estos hechos se hicieron públicos porque una detenida apuñaló al jefe de la Brigada en un allanamiento ilegal. Además, los sancionados fueron expulsados de la PDI. Lorena Frides, Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, dijo que esperaba que esta fuese una señal clara en contra de las violaciones de los derechos humanos por las policías.
Al terminar el año pasado, el Tribunal Oral de Arica absolvió a tres oficiales y un suboficial de Carabineros, pertenecientes al OS-7 (unidad antidrogas), así como a tres civiles, de la acusación de tráfico de drogas, asociación ilícita y falsificación de instrumental por la importación, y entregas vigiladas de dos cargamentos de drogas desde Bolivia por más de una tonelada. La absolución se otorgó porque aquellos procedimientos habían sido aprobados por un fiscal.El 80% de los detenidos por drogas, que son el 55% de todos los detenidos por todos los delitos en Chile, lo son por porte y consumo de esas sustancias. De ellos, algo así como el 40% portaban menos de un gramo y el 80% menos de 5 gramos…
En diciembre se publicó del periodista español Pablo Ferri “El desierto donde las mulas expían sus culpas”, allí destaca que: “En la Ley de Drogas chilena, el artículo 22 señala que si un preso coopera con la policía, reduce su condena. En la perversión de la norma, reos con capacidad económica preparan envíos de droga sólo para delatar a mulas y burreros, personas de escasos recursos que transportan cocaína y mariguana”. (Universal Domingo, serie “Narcotráfico en América”). Ferri cuenta tres historias. La del boliviano Ramiro Jacinto Chambi, de 26 años, detenido en Arica por portar siete paquetes de cocaína en una corta distancia de diez cuadras, por 700 dólares, detenido en el recorrido, condenado a 5 años de prisión por tráfico de tres paquetes, cuatro se perdieren en el procedimiento. Sara Calisaya, 18 años, de Santa Cruz, Bolivia, traía 780 gramos de cocaína en su intestino, por 700 dólares, atosigada por su carga mal ingerida, se desmayó y casi muere, luego de una operación y larga convalecencia, espera juicio en Arica. En el caso de Alejandro Choque y Mariana Moreno, matrimonio boliviano, él llevaba 500 gramos de cocaína en el estómago y Mariana escondía otros 200 entre su ropa, les pagarían 800 dólares, cuando cruzaron la frontera, la PDI pidió que los acompañara, “Alejandro pensaba que era un ‘22’ Mariana tenía la misma sensación”. Los tres casos son parte de la “industria de los delatables” que, según lo explica el fiscal Héctor Barros, «tratan de vender cooperaciones eficaces”, agregaba, “la cooperación eficaz es un figura jurídica que existe en todas partes, solamente que aquí, en Chile, se ha hecho mal uso”. Magaly Zegarra, cónsul de Bolivia en Arica, concuerda con ese diagnóstico. En el caso de los funcionarios de la sección OS-7 de Carabineros de Arica, antes referido, de acuerdo a la información recopilada, el jefe de la sección y otros tres efectivos lideraban una red de tráfico de drogas que llegaba hasta Bolivia. En la investigación, la Fiscalía documentó cómo los funcionarios habían preparado dos incautaciones de droga controladas en Arica. Parecía una tapadera para introducir droga de manera clandestina a Chile.
En el caso de la BICRIM de la PDI, en Pudahuel, el asunto se trata de una actividad sistemática de “quitadas” o “mexicanadas” de drogas, que no trascienden a la prensa ni son perseguidas en los tribunales. En el caso del OS7 de Arica, el Ministerio Público recurrirá de nulidad ante la Corte de Apelaciones.
El 80% de los detenidos por drogas, que son el 55% de todos los detenidos por todos los delitos en Chile, lo son por porte y consumo de esas sustancias. De ellos, algo así como el 40% portaban menos de un gramo y el 80% menos de 5 gramos, de los casos restantes una gran parte de ellos son casos de la industria de los delatables en frontera, aquí relatada. En estos momentos la mejor política criminal de drogas sería que se aplicara estrictamente “la ley y el orden” a quienes tienen que ejecutarla.
Comentarios
11 de enero
Un placer reencontrarte y siempre en tu línea. Felicitaciones por tus trabajos y cuando pases por Lima envíame un mensaje. Un abrazo.
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14 de enero
Querida María del Pilar:
Que bueno saber de ti. Gracias por tus comentarios. Escríbeme a
Besos
Ibán
13 de enero
Señor, disculpeme si le pido una aclaración, pero de acuerdo a la Ley Nº 20.000, el consumo de drogas es una falta (no un delito), por lo que no tiene penas privativas de libertad. Siendo asi ¿como es posible que haya en la carcel alguien apresado simplemente por consumir?.
Saludos
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14 de enero
Apreciado:
El consumo público y el porte de pequeñas cantidades es una falta, pero dado que ni la policía ni la fiscalía puede discernir si esa pequeña cantidad es para el «uso personal exclusivo y próximo en el tiempo», o constituye el delito de microtráfico, el imputado debe ser conducido al tribunal de garantía para que lo discierna y resuelva.
saludos cordiales