Criminalizar a los mapuches es un tema habitual en las recientes relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas. Las movilizaciones por tierras y aguas en años previos implicaron el despliegue inmediato a las llamadas “zonas de conflicto” de fuertes contingentes policiales. Enfrentamientos relativos han cobrado la vida de varios jóvenes indígenas, y sobre nuestras comunidades se han levantado medidas draconianas amparadas en una legislación (antiterrorista) que fue promulgada en tiempos de la dictadura militar (sí, dic-ta-du-ra) para reprimir y desarticular a la oposición de entonces. Hace pocos días, el 3 de enero pasado, conmemoramos la muerte del entonces estudiante Matías Catrileo. Su victimario goza de una condena suave.
No habían pasado muchas horas de los eventos de recordación de Matías cuando se produjeron trágicos incendios forestales en diversos lugares. El más mediático fue el de Torres del Paine. La eventual participación de un turista israelí desató una agria polémica racial entre árabes y judíos chilenos: unos responsabilizando al Estado de Israel y culpándolo de “exportar” como turistas a Chile a ex soldados o militares traumatizados. El odio entre palestino y judíos afloró a título de pistola. El fuego que consumió miles de hectáreas en Torres del Paine sirvió de aliciente para la demostración de ese odio.
Más cerca, en Carahue, un feroz incendio en terrenos de empresas privadas forestales, con un saldo trágico de brigadistas muertos, dio pauta a autoridades de Gobierno para “conjeturar” (en palabras del Ministro del Interior) que, probablemente, dicho incendio podría tener como responsables a comuneros mapuches, más específicamente integrantes de la CAM (coordinadora Arauco Malleco), objeto y sujeto de la tenaz persecución gubernamental que no les permite siquiera respirar. El experimentado Cuerpo de Bomberos de la comuna, sin embargo, desmintió toda posibilidad de estar frente a un “atentado terrorista”. Aún así las autoridades apresuraron su disposición a poner en marcha –nuevamente- la odiosa Ley Antiterrorista.
No debería ser extraño para los chilenos y los indígenas el que se busque responsables hacia el lado mapuche. Algo de romano hay en esto, como en el tiempo de la quema de los cristianos: alguien tenía que pagar el pato roto, en este caso, miles de hectáreas incendiadas. Ello permite subsumir el problema de fondo: grandes empresas, con millonarias utilidades, invierten muy poco en prevención y seguridad. Por su parte, el Gobierno conservador invierte poco en reforzar brigadas forestales, salvavidas en las playas o más policías previniendo accidentes en la carretera. Que el mercado resuelva. Cuando no puede resolver: encontremos culpables.
Y a lo mejor hay responsables.Y tal vez más de alguno puede pertenecer a alguna etnia: mapuche, judío, pakistaní. Ese no es el punto. Para investigar, imputar, formalizar y sancionar están los tribunales de justicia (los mismos que reiteradamente sobreseen a los mapuches acusados de cuanta cosa se cruza por delante o detrás del gobierno). El gobierno no es un tribunal. Y sin embargo, sus autoridades se comportan también como si fuesen jueces.
Los mapuches somos pacientes.Nos avalan 520 años de cultura resistente. Pero la paciencia tiene un límite. Y eventos como aquellos en los cuales un grave incendio, con trágicas consecuencias, permiten a un gobierno levantar –así como así- un dedo acusador en contra de los mapuches, en realidad, dicho acto corre el riesgo de ser entendido más como una provocación, que como una genuina inquietud por la seguridad ciudadana. Dejemos entonces que actúen las instituciones y que sea la justicia la que determine. Y tratemos de dejar tranquilo al pueblo mapuche que de criminal no tiene nada y cuya única y encendida pasión, que puede hacer arder conciencias y no bosques, es el reclamo permanente por ser reconocidos como pueblo con derechos integrales.
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Foto: Ministerio del Interior
Comentarios
07 de enero
¿Y cuáles serían esos «derechos integrales», según tu perspectiva?…
gfhfhgf
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