#Justicia

La (in)justicia de la práctica profesional para ser abogado

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En Chile, es un derecho de carácter constitucional, el acceso a la justicia, lo que se entiende como que todo individuo puede recurrir a los Tribunales de Justicia de nuestro país para que resuelvan los conflictos legales que puedan tener en su vida. Tomando en cuenta que se requiere de un abogado para comparecer ante tribunales, y que a su vez los profesionales cobran por sus servicios, este derecho de “acceso a la justicia” sería vacío si no existiera un mecanismo que garantizara que todos los chilenos, sin importar sus condiciones económicas, pudiera acceder a un abogado. A esto se le llama privilegio de pobreza, lo que en términos simples significa que el que no tenga la facultad económica para financiar la asesoría jurídica de un abogado (cumpliendo ciertos requisitos), el estado le garantizará uno, que estará a cargo de la tramitación de sus litigios.


Personalmente me parece que la práctica profesional de abogado tiene un fin valioso, pero en las condiciones actualmente existentes, este fin se encuentra completamente truncado por la injusticia de la regulación. Los postulantes demandamos que se respeten los derechos mínimos que tiene cualquier ciudadano en tanto trabajador.

La manera concreta en que se garantiza este derecho es a través de la Corporación de Asistencia Judicial, que es un organismo dependiente del Ministerio de Justicia y donde se debe recurrir si requiere asesoría jurídica. Dado que existen una gran cantidad de situaciones cotidianas que requieren judicialización o pueden terminar judicializándose (arriendos, préstamos, contratos con bancos, deudas, cuestiones relativas a herencias, problemas de propiedad, o cuestiones familiares como divorcios, cuidado personal de los hijos, régimen de visitas, régimen de alimentos, por nombrar algunos) y tomando en consideración también que un gran porcentaje de la población del país no puede permitirse costear a un abogado, las Corporaciones de Asistencia Judicial tienen a su cargo una cantidad importantísima de causas que se tramitan en los Tribunales de Justicia.

Como se puede ver, las Corporaciones de Asistencia Judicial cumplen un rol fundamental en el sistema, pues a través de ellas el Estado garantiza un derecho de cada chileno. La manera en que históricamente el Estado ha suplido esta alta demanda es a través de los egresados de Derecho. La carrera de Derecho dura 5 años, pero al contrario que en otras carreras, esta no te da el título de abogado. La Universidad lo que entrega al terminar los estudios (y el examen de grado y demás requisitos internos de cada universidad que imparte Derecho) es una licenciatura en Ciencias Jurídicas, lo que por supuesto no sirve para actuar ante tribunales pues el requisito es el título de abogado.

El título de abogado lo entrega el mismo Estado, a través de la Corte Suprema. Conforme al artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales, los que deseen acceder al título de abogado, además de haber obtenido el grado de licenciado en Ciencias Jurídicas y otros requisitos que no vienen al caso, deben realizar una práctica profesional en las Corporaciones de Asistencia Judicial o en otras instituciones relacionadas por seis meses, práctica que no es remunerada y no viene asociada con derecho o facilidad alguna para los postulantes. En los hechos, y a pesar de que en las CAJ existen abogados contratados, que supervisan y son los que se encuentran a cargo de las causas, la gran mayoría del trabajo la realizan los postulantes. Por lo general a cada uno se le asigna un número de causas y estos deben velar por su tramitación.

Durante años se ha alegado que es injusto que los postulantes no tengan derecho a ninguna contraprestación por parte del Estado. Es verdad que en muchas otras carreras también se realizan prácticas profesionales que no son remuneradas, pero por lo general estas son parte de los requisitos que exige la misma Universidad para titularse y por tanto se encuentran dentro del Contrato de Educación respectivo. El caso de Derecho es particular porque no existe contrato de educación alguno, pues la práctica es un requisito externo impuesto por la misma ley para acceder al título de abogado, y si bien en las CAJ y las instituciones relacionadas en donde se puede realizar la prácticas existe una tremenda voluntad por parte de los abogados de enseñar a los postulantes, desde el punto de vista legal no es una institución que vaya en beneficio de ambos (Estado y postulante) sino que es unilateral a favor del Estado. Agrava aún más esta situación el hecho de que al ser un requisito legal para optar a un título, no se encuentra regulado ni bajo la ley de bases de administración del estado y tampoco por el Código del Trabajo, por tanto (y así lo ha establecido la Contraloría) se sostiene que es perfectamente legal el hecho de tener que trabajar gratuitamente durante seis meses, sin siquiera derecho a alguna suma de dinero para compensar los gastos que tienen que realizar el mismo postulante para poder realizar la práctica, como lo sería la movilización o la alimentación. Incluso algunas Corporaciones de Asistencia Judicial no cuentan con insumos mínimos de trabajo, como impresora, papeles, computadores, internet, etc., los que tienen que ser costeados del bolsillo de los mismos postulantes.

Me gustaría resaltar que este no es un problema que sea sólo de los estudiantes de Derecho, sino que lo que esta en juego es en verdad el derecho al acceso a la justicia. Puede ser cuestionable que el Estado use a recién egresados para ejercer la defensa de los derechos de las personas, pero es abiertamente injusto que esta defensa este a cargo de personas que no son remuneradas y tampoco se les dan facilidades económicas mínimas para ejercer tal defensa. Es de sentido común que existirá una mejor asistencia en la medida en que existan mejores condiciones. En ese sentido, tener a postulantes ya endeudados, no remunerados, teniendo que pagarse su propia movilización y comida para poder cumplir con los requisitos en ningún caso es una buena idea de política pública, lo que en definitiva además de repercutir en el mismo estudiante, puede repercutir directamente en los usuarios del sistema.

Más allá de que quizás sería sano como política pública remunerar a los practicantes, me parece fuera de discusión de que deben ser compensados en los gastos que incurren en razón de la práctica profesional. En este sentido, la CAJ había suscrito un convenio con la JUNAEB para que los postulantes tuvieran acceso a tener una TNE por el transcurso de los seis meses que dura la práctica. Como la gran mayoría de los postulantes ya no tiene una relación vigente con la universidad, no se tiene la condición de alumno regular como para acceder a la TNE durante la práctica, lo que convertía a este convenio en el único “apoyo financiero” que recibían los postulantes en orden a realizarla. De manera insólita y a raíz de un caso particular, el tema del convenio llegó a la Contraloría General de la República que decretó que el convenio suscrito entre la CAJ y la JUNAEB no era legal, y por ende se debía dar término al convenio y suspender los pases que se encontraban actualmente en tramitación. De un plumazo la CGR dejó sin efecto el único apoyo estatal a la función de los postulantes, contribuyendo en una situación que ahora es aún más insostenible.

Un Estado y gobierno que se toma en serio los derechos de sus ciudadanos no puede permitir que se mantenga una situación así. No sólo es un serio problema para los egresados de Derecho, sino que en el fondo es un desincentivo para el funcionamiento del sistema judicial en su conjunto. Personalmente me parece que la práctica profesional en esta carrera tiene un fin valioso, pero en las condiciones actualmente existentes, este fin se encuentra completamente truncado por la injusticia de la regulación. No es que como postulantes nos neguemos a realizar una labor necesaria y útil para el país, sino que demandamos que se respeten los derechos mínimos que tiene cualquier ciudadano en tanto trabajador.

TAGS: abogados Corporaciones de Asistencia Judicial Práctica profesional

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Comentarios

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Ruben Rojas Valdes

29 de mayo

Un comentario adicional para que sepan a veces la Corporación de Asistencia Judicial tiene Egresados de Derecho haciendo su Práctica Profesional y a ellos se les aplican sus derechos humanos como estudiantes y a los Licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales una vez salidos de su Universidad ya no ahí más beneficios y además cada postulante tiene 100 causas en promedio y además se aprovechan de sumarle algunas veces más de 150 causas y los usuarios no dan ni las gracias por el tiempo y otras formas de que la causa avance y sin embargo los abogados tutores algunos son excelentes personas y otros son exigentes como si fuera todo sabido pero la práctica es distinta a la teoría

Juan Ignacio Gaona

29 de mayo

Grande Nico! Muy buena columna, la pille de pura suerte y al final vi que la escribiste tú. Y es verdad, seis meses sin recibir nada a cambio no es para nada justo, tanto para el practicante y los beneficiarios del servicio. En todo caso, independiente del derecho de estos últimos, creo que la norma refleja una visión insostenible de quienes son las personas que estudian derecho: una norma que solo concibe a personas que tiene una familia con suficientes recursos para que ese trabajo no remunerado no sea un problema. Antes (cuando se creó la norma) sólo quienes tenían tal situación estudiaban derecho, pero actualmente el estudiante puede ser cualquiera y considerar su situación deviene en una práctica desigual.

29 de mayo

Juan Ignacio, efectivamente creo que la carrera tiene por un lado ese “estigma de origen”: se sostenía que derecho era una carrera “de ricos” o que sólo gente en buena posición podía acceder a ella. Pero más allá de eso, creo que se debe atender al génesis de la norma para saber si ésta efectivamente imponía tal requisitos a los futuros abogados por esto o por alguna razón diversa.

En este sentido, el sistema no fue siempre así de perverso. Al tiempo de la dictación del Código Orgánico de Tribunales, la Universidad era gratuita, por ende uno al menos pueden entender la lógica que subyacía a la práctica profesional: Retribuir al país con el servicio jurídico de un recién licenciado durante seis meses a cambio de haber podido acceder al estudio de una carrera profesional gratis. Sin embargo, con la privatización de la educación y la proliferación de universidades privadas, tal justificación se perdió. Actualmente la carrera de Derecho es pagada, independiente de que universidad la imparta, llevando a los que desean estudiar derecho (y cualquier otra carrera) a que sus padres desembolsen parte importante de su sueldo en pagar la universidad, o que se estudie con CAE o alguna otro crédito que deberá pagar el estudiante por una buena cantidad de años. Esto lleva a que exista una real urgencia de ponerse a trabajar una vez terminada la carrera, lo que debe necesariamente aplazarse dado que se debe cumplir también con los seis meses de práctica profesional.

29 de mayo

En muchas profesiones la práctica no es pagada, y al señalar lo anterior no me refiero al sueldo, sino en poder tener para locomoción. Creo que debería ser un imperativo regular ello, quien trabaja lo hace no sólo para aprender y especializarse, sino para cumplir un rol. Son trabajadores que deben recibir un sueldo justo, contando su inexperiencia, pero sumando su esfuerzo.
Además, vuelve a señalar que el Estado no es un buen empleador, en el mundo privado existen empleadores que pueden cancelar poco, pero aún así, es mejor que nada.
Que las prácticas de todos sea valorada por lo que es, un trabajo, es una necesidad de muchos, y que sólo lleva a una justicia por el esfuerzo y dedicación de quien la ejerce.

Carol

23 de julio

Yo tengo entendido, que las prácticas realizadas en el sector público muchas veces no son pagadas, pero es de manera voluntaria realizarlas en dicha entidad, en cambio nosotros; estudiantes de DERECHO no tenemos la opción de hacerlo en una entidad privada, dónde podríamos ser remunerados.

30 de mayo

Felicitaciones por tu columna de opinión que expresa una realidad! Injusta y que ya no coincide con la realidad que existía a la entrada en vigencia del cot. Ahora se paga la universidad y muchos postulantes no son de familias acomodadas ppr lo que mantener la misma exigencia es otra sinverguenzura del estado.
Saludos

Daniela

02 de junio

Estimado:
Creo que efectivamente debería tener derecho a la TNE sin embargo son muchas las carreras q deben realizar su práctica, y que el estado depende de estos practicantes sobre todo el área de salud, donde las practicas no son remuneradas y no son de 6 meses si no incluso de 2 años.
Si se pelea por la carrera de derecho creo q se debería realizar por varias más. O bien asumir esto una vez que se estudia como muchos chile os desgracia mente debemos hacer

Michelle

17 de marzo

¿Quiénes tienen práctica de 2 años?

02 de junio

Estimado cliente:

De nuestra consideración:

… Se espera que el cliente universitario se las pueda arreglar, con o sin título, con o sin dinero, para forjar en él un espíritu aún superior al que tiene, con el que hacer frente a su adversidad y a la de los demás.

Se espera con el ejercicio que el cliente no se considere un practicante que deba ser remunerado, sino que aún un alumno matriculado en la universidad que debe rendir informe y examen de su práctica… hasta que “el egreso los separe” y se corte el cordón umbilical que lo certifica como profesional, extendiéndole un título en un papel, con timbres y estampillas, después que el cliente pague por todo ello…
————————–
El tema de fondo es cómo se hace más eficiente la capacidad de los chilenos para usufructuar sus recursos soberanos, de manera que, de ser posible, todos los chilenos reciban un sueldo, o lo reciban todos aquellos que lo necesitan. ¿Podemos lograr esa clase de organización y objetivos?…

Felipe Baraona

15 de junio

Estoy absolutamente desconcertado al respecto. Con asombro veo que el Estado en vez de fortalecer uno de los pilares sociales profita en la base de el casi en el abuso, y aún así dependen de su venia para obtener el título de abogado.
Mis respetos para Uds que deben lidiar con la (in)justicia.

20 de febrero

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