El Gobierno de Piñera ha sido una oda a la vulneración de la independencia de los poderes del Estado, y en especial a la independencia del Poder Judicial. La semana recién pasada hemos visto nuevamente como el Poder Ejecutivo ha emprendido un “bombardeo” desatado en contra del Palacio de Tribunales, culpando a los jueces de no aplicar la ley con el necesario “rigor” en los asuntos relacionados con la delincuencia.
Sobre el contenido de la afirmación, podemos tomar posición desde el lugar que queramos, sostener las tesis que justifican los dichos del Ejecutivo o tomar postura por repudiar sus opiniones. Pero el problema de fondo no lo encontramos en el contenido de la discusión sobre la prevención y sanción de la delincuencia, porque como cualquier idea es debatible y susceptible de un análisis profundo. Lo realmente preocupante es que los efectos de una intromisión entre los poderes del Estado pone en jaque los derechos humanos.
Para dimensionar la afirmación precedente, debemos comprender que el pilar jurídico de Chile es su Constitución Política de la República, siendo la punta más alta de nuestro ordenamiento jurídico y la luz normativa que debe irradiar a todas las normas jurídicas del país, lo que se grafica en el Principio de Supremacía Constitucional. Independiente de la necesidad de cambiar la Constitución, en la actualidad ésta debe ser acatada y respetada por todos los ciudadanos, y en especial, obligatoria para la actuación de cualquier funcionario público, de cualquier rango.
Es más, en resguardo de estas máximas jurídicas es que desde el 2005 el Tribunal Constitucional ha sido reforzado de facultades para lograr asegurar que el lugar jurídico que ocupa la Constitución no sea una simple declaración de principios. La razón fundamental de esta supremacía podemos encontrarla en la necesidad de resguardar el correcto funcionamiento de nuestro “Estado de Derecho”. Dicho funcionamiento está fundamentado a su vez en dos máximas esenciales que se encuentran vinculadas de forma directa: el reconocimiento, promoción y respeto de los derechos humanos por parte del Estado, y la correcta separación de funciones de los órganos o poderes del
Estado.
La labor judicial, por tanto, tiene importancia decisiva en la ecuación que liga la protección de los derechos humanos y la debida separación de los poderes del Estado. Los Tribunales del
país son las instancias jurisdiccionales donde las personas pueden recibir la tutela necesaria ante cualquier vulneración de sus derechos y son también los encargados preferentes en materia de sancionar cualquier tipo de inobservancia del cuerpo normativo.
La labor de los jueces es de suma importancia en el entendido de que las contiendas que son puestas en su conocimiento pueden devenir en graves consecuencias para quienes son considerados “delincuentes” y asimismo son un factor importante al momento de sopesar la labor de otros poderes del Estado en su relación con las personas. Por estas razones, los jueces tienen una doble protección respecto de su independencia y la doctrina jurídica ha categorizado estas dimensiones en interna y externa, lo cual nos parece fundamental aclarar para comprender la magnitud del problema.
El juez, que es el llamado según la ley para resolver cualquier contienda jurídica, debe tener plena libertad para aplicar las normas jurídicas.
La faz externa de la independencia de los jueces se manifiesta en que el Poder Judicial, en su conjunto, goza de independencia respecto del resto de los otros poderes del Estado. Este resguardo constitucional y legal tiene por objeto restringir que criterios extra jurídicos interfieran en los procesos que actualmente se ventilan en los tribunales. Esta dimensión es fundamental en el entendido de que el Estado de Derecho pretende resguardar a las instituciones del Estado, y para aquello establece como requisito que los asuntos sometidos a algún poder estatal no tengan interferencia indebida por parte de los otros poderes.
Teniendo claridad sobre estos resguardos, podemos señalar que la actitud del Ejecutivo al intentar influir en la forma en que las normas jurídicas son aplicables por los jueces constituye un grave atentado a los principios fundamentales del Estado de Derecho, al vulnerar la independencia necesaria del Poder Judicial. Esto repercute directamente en los derechos y garantías esenciales de las personas que confían en la imparcialidad de los jueces al momento de aplicar la ley.
Las disputas que se hacen cada vez más frecuentes entre el Poder Ejecutivo y el Judicial no son algo que sólo les interese a dichos órganos estatales o a las personas que están sometidas a proceso por “delinquir”, sino a todos los ciudadanos. Ello, porque si esta práctica lograra tener éxito produciría el negativo efecto de que las personas quedaríamos en la completa indefensión con respecto a las garantías mínimas que otorga la tutela de los derechos fundamentales.
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Foto: cuartointermedio.com
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