El imperativo del castigo: una lectura «migrante» de la prisión

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«Desde el punto de vista de los efectos, la pena opera aquí no sólo como un arma disuasiva del delito y de sus posibles reiteraciones, sino que, de manera disfrazada, se encarga de obstaculizar –en el caso de las extranjeras- todo intento de permanecer o volver al país. Es un signo de obstaculización para la permanencia y el retorno de las condenadas inmigrantes y, en consecuencia, un sacramento de distinción nacionalista que distribuye los efectos del castigo, dependiendo de quién sea el afectado». 

Fue, realmente, una ceremonia “aterrorizante”. Los llantos, el suplicio afectivo, el quiebre brutal y violento de la maternidad que aquejaba a esta mujer no pasaban desapercibidos. Se trata de una mujer de no más de 40 años que, proveniente de República Dominicana, había sido condenada a muchos años de privación de libertad. Hace sólo algunas horas, le habían comunicado por teléfono el fallecimiento de su hijo, de tan sólo diecinueve años, en un accidente automovilístico. Su llanto era desconsolado. Algunos instantes antes, ella misma había dicho: “Me voy a morir de pena por la muerte de mi hijo”. Momentos después fui a visitarla.

Literalmente, vi a una mujer sumergida en el valle de sus propias lágrimas.

Este hecho quebrará, de por vida, su relación filial: el ejercicio de su maternidad. Maternidad robada como en un asalto violento. Abrupto. Sin sentido. La pena privativa de libertad a la que está sometida en tierra extranjera le había impedido estar allí: recibir el cuerpo de su hijo y despedirlo. Despedirse. Vivir su maternidad también en la muerte. Tampoco recibirá el consuelo de sus familiares.

Parece entregada al consuelo posible “en tierra extranjera”. Esa que la clasifica, la distingue de las “nacionales” por su color, por su modo de hablar, por su origen social, por su condición étnica, entre muchos otros aspectos. Pero, en realidad, esta mujer parece condenada a una situación aún peor: buscar y hallar consuelo, compañía, sustento y fraternidad allí: en la cárcel. Esa que la recluye por la fuerza, esa que la encierra y le impide volver a su tierra cuanto antes, esa que la somete a un régimen de vida y a un determinado empleo del tiempo, esa que le impone las reglas propias de la convivencia carcelaria (con sus lógicas de clasificación, distinción y exclusión evidentemente operantes también entre las “internas”), esa que determina sus condiciones materiales de vida (sometiéndola al frío, al hacinamiento, a la falta de privacidad, a la soledad, a la comida “del menú”, por mencionar sólo algunos ejemplos) y, por supuesto, esa que regula/restringe las posibilidades de acceso a los programas educativos y servicios médicos disponibles.

Ni hablar de las consecuencias que provoca la privación de los vínculos afectivos inherente a todo régimen carcelario. Los efectos que esta pena genera en los hijos, en el marido y en todo el círculo familiar y social al que pertenece la mujer condenada, son también predecibles.

La pérdida accidental de su hijo –sufrimiento de por si “insuperable” y únicamente “asimilable”, dicen los padres y madres que lo han vivido- resulta aquí mediada por el castigo que el Estado chileno deja caer sobre esta mujer “con todo el rigor de la ley”. La pena a la que se halla sometida viene a modelar y acrecentar el sufrimiento por el que se ha visto socavada. Y allí, lo sabemos, no hay excepciones. Se trata, justamente, de lo contrario. El sistema penal goza aquí de una oportunidad propicia para “hacer valer” visiblemente su poder. Su fuerza. Su asimetría. Su capacidad para imponerse “legítimamente” frente a la rebeldía con que el delito ha desafiado a la “sociedad” y a su guardián (el “Estado”). Para casos como éste la ejecución de la pena privativa de libertad constituye una “afirmación enfática del poder y de su superioridad intrínseca”[1]. Muestra el “teatro de la desigualdad” en una especie de “liturgia del sufrimiento” que no es sino un “espectáculo de deshumanización”. “De hecho –bien lo dice Michel Foucault- la prisión en sus dispositivos más explícitos ha procurado siempre cierta medida de sufrimiento corporal”[2]. Y, en este caso, el sufrimiento corporal ha quedado expuesto. Develado ante nuestros ojos. En él también se asienta el sistema punitivo y, en efecto, procede a distribuirlo estratégicamente.

Se trata, por lo demás, de una oportunidad privilegiada para el régimen carcelario. Privilegiada para transmitir al resto de las imputadas y condenadas el peso de su fuerza. El poderío de su violencia ejercida “legítimamente”. Y socializa este mensaje con una expectativa supuestamente “pedagógica”: asociar suplicio y pena de suerte tal, que ello corrija y disuada en las “internas” toda tentativa de reincidencia en el delito. Por ello, la pena no se ha calculado tanto en relación al crimen como “de su posible repetición. No [atiende] a la ofensa pasada sino al desorden futuro. [Actúa] de modo que el malhechor no pueda tener ni el deseo de reincidir, ni la posibilidad de contar con imitadores. Castigar será, por lo tanto, un arte de los efectos”[3].

¿O es que el suplicio afectivo al que asistimos ese día repara en algún grado el “daño” causado a la “sociedad” cometido por el delito realizado por esta mujer? El vínculo “reparatorio” entre crimen y castigo parece, a decir verdad, bastante oscuro. En efecto, este sufrimiento de la pérdida de su hijo procesado visiblemente por medio de la violencia de la prisión es un acto de cara al porvenir de las mujeres inmigrantes. Ejerce una función ejemplar respecto de ellas. El imperativo del castigo diría más o menos así: “opera de manera tal que esta(s) mujer(es) extranjera(s) no tenga(n) ni siquiera el deseo de reiterar la infracción en territorio chileno”. O, idealmente: “actúa sobre ellas de tal modo que la(s) condenada(s) inmigrante(s) no tenga(n) ni el más mínimo deseo de volver a pisar suelo chileno”.

No son una ni dos las mujeres extranjeras que me han expresado su anhelo de ser expulsadas del país para nunca más volver. Esta mujer dominicana (a quien no me refiero por su nombre para cuidar su identidad) de seguro no será la excepción. Desde el punto de vista de los efectos, la pena opera aquí no sólo como un arma disuasiva del delito y de sus posibles reiteraciones, sino que, de manera disfrazada, se encarga de obstaculizar –en el caso de las extranjeras- todo intento de permanecer o volver al país. Es un signo de obstaculización para la permanencia y el retorno de las condenadas inmigrantes y, en consecuencia, un sacramento de distinción nacionalista que distribuye los efectos del castigo, dependiendo de quién sea el afectado. En estos términos, la pena que se le impone parece sobrepasar la privación única de su libertad. Siendo inmigrante, la prisión parece aún más implacable. El castigo todavía más severo. Las medidas indudablemente más drásticas. Es también una pena que disuade la propia permanencia en territorio chileno. Una especie de expulsión simbólica encubierta, no declarada y, por cierto, extremadamente sutil.

Notas:

[1] Michel Foucault, Vigilar y Castigar (Argentina: Siglo XXI editores, 2008), 59.
[2] Michel Foucault, Vigilar y Castigar (Argentina: Siglo XXI editores, 2008), 25.
[3]Michel Foucault, Vigilar y Castigar (Argentina: Siglo XXI editores, 2008), 108.