Esta semana se dieron a conocer los resultados de la encuesta Paz Ciudadana-Adimark que reflejó un descenso de 4 puntos porcentuales en el temor a ser víctima de la delincuencia con respecto al mismo mes del año anterior, además de un leve descenso en el nivel de victimización. Tanto el Gobierno como la Alianza han salido exultantes señalando que esto es un éxito político rotundo y algunos observadores han indicado que este es el primer triunfo del mandato de Piñera, lo que por cierto ha sido rebatido por la Concertación señalando que hace falta más desarrollo y tiempo para hablar de un resultado positivo con estas cifras.
La verdad es que todos tienen algo de razón. Sin lugar a dudas estas cifras preliminares no tienen mayor relevancia si no se las analiza en un mayor plazo de manera que reflejen una tendencia, lo que parece obvio en estos temas y por otro lado, creo que efectivamente, este es un logro político del gobierno de Piñera y no podía ser de otra forma. Explicaré el por qué.
Hace tiempo que en el mundo y por cierto en Chile también, la centro- izquierda, el progresismo o como quiera llamársele, ha sucumbido ante el peligroso encanto del populismo punitivo proveniente desde Estados Unidos y que ya se encuentra propagado por el mundo entero, pero que es tan propio de la ideología de derecha, tanto de la derecha liberal como de la neo conservadora. Ocurrió con el PSOE cuando era oposición a Aznar y de forma dramática con Blair, donde el New Labour estableció una política criminal incluso más represiva que todo lo efectuado por la derecha cuando fue gobierno, como una lamentable réplica del fracaso del welfarismo y la consecuente entronización del encierro masivo de las clases desposeídas como técnica de control y orden social.
En nuestro país, por solo mencionar dos ejemplos, el gobierno del Presidente Lagos promulgó en 2005 la ley 20.000, que sanciona el tráfico de drogas incorporando las técnicas propias de lo que se conoce como “derecho penal del enemigo”, vale decir anticipación de la tutela penal, disminución de garantías individuales, listas negras de abogados que defienden a personas imputadas de tráfico, penas inocuizadoras e inflación carcelaria, etc., todo tan lejos del debate actual que prevé cuotas de despenalización en esta materia. En el gobierno de la Presidenta Bachelet se promulgó la denominada “Agenda Corta Antidelincuencia”, que terminó por sepultar el espíritu de la obra más paradigmática en materia penal de todos los tiempos en nuestro país: el Código Procesal Penal, en base a un creciente y supuesto “sentimiento de inseguridad” en el país.
En tiempos donde el sistema penal se utiliza en la mayor parte del mundo occidental como control social de las clases marginadas y de los jóvenes, frente al colapso del estado social, el fin del trabajo estable y el desplome de los vínculos sociales producto del empoderamiento del gobierno neoliberal, el discurso de ley y orden resulta consustancial al ejercicio del poder, de manera tal que la sola enunciación de sus slogans básicos (dureza con la delincuencia, cárcel, castigo y protección policial) provocan el efecto placebo de pacificación de la población y por añadidura atrae sus votos (votos de un padrón electoral cada vez más envejecido y en consecuencia más temeroso), con la nefasta consecuencia del debilitamiento de la democracia efectiva, el desplazamiento de grupos importantes de la población y el definitivo desequilibrio social sustentado en la coerción estatal.
El temor al delito que genera cada vez más políticas represivas y un hacinamiento carcelario vergonzoso en Chile, tiene como sustrato fáctico un incremento de los delitos “de la calle” que se encuentra íntimamente relacionado con el crecimiento económico del país, pero se construye finalmente, en aquella compleja interpretación que nace de la interacción del discurso político con el de los medios de comunicación, logrando que el nivel efectivo de ocurrencia de delitos sea percibido por la población de forma distorsionada, lo que lleva a una sobrerreacción espontánea, histérica, que en definitiva es la que permite manejar la agenda político-criminal de la forma descrita.
Por eso, cuando los gobiernos progresistas, presos de un pragmatismo electoralista, adoptan el discurso punitivo y lo hacen suyo, pierden la posibilidad de transformar la respuesta al delito y dejan abierto el camino para que, quienes llevan desde siempre en su ADN el retribucionismo defensista, puedan exhibir sus mejores dotes en este arte abyecto del gobierno de la penalidad como lo nombra con todas sus letras el gran penalista italiano Pavarini. Aún, cuando la respuesta represiva nunca podrá ser una respuesta racional al delito, se profundiza en ella, pues se supone, de acuerdo a las encuestas en nuestras “democracias de opinión”, que aquello es lo que la gente espera y en eso la derecha tiene todo por ganar.
Por eso, no es sorpresivo que haya disminuido el nivel de temor al delito en nuestro país y que esto en parte se lo atribuya el Gobierno, ya que ellos han prometido hacer lo que mejor hacen y eso la gente lo percibe. Hay que recordar que cuando estamos en el plano de las meras subjetividades, alimentadas por discursos políticos, no es importante al final lo que ocurra, es decir, el nivel de delitos efectivos, sino lo que se dice con fuerza y lo que se promete con ganas.
Cuando el progresismo mundial entró en este juego, partió perdiendo y hoy las consecuencias se notan en todas partes, aunque la elite política chilena progresista prácticamente no lo considere en sus discursos. Lo grave es que se apostó por un modelo que reformula un enfoque de hace dos siglos, lo que se comprende en la derecha pero resulta imperdonable para la izquierda, porque en definitiva se juega con el no retorno, con la renuncia a presentar una alternativa racional e inclusiva a un fenómeno social permanente como es la delincuencia, dejando actuar desde la intuición el acto de neutralizar a los otros, a los indeseados.
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Comentarios
09 de septiembre
Si fuese una cosa de izquierda vs derecha, el tema seria sencillo y no habría que ir a la universidad para entender estos fenómenos sociales de la delincuencia. Pero sabiendo que el tema no es burdo para rebajarlo a ese punto, es que quiero manifestar mi opinión:
Comparto contigo que los sistemas conservadores (de derecha) estiman que el ser humano debe ser reprimido, pero este punto de vista es válido, en su mayor parte, cuando el individuo expresa su opción anti-sistema en forma violenta, casi con problemas psicológicos profundos por detrás. ¿Y quiénes son estos individuos? Obviamente los defensores de la ideología de izquierda. Son, en definitiva, unos inadaptados sociales que están en un sistema que no les es compatible con su filosofía de vida.
Pero por el lado de la izquierda también tenemos individuos que son sometidos a represión por parte del estado. ¿Qué sucede con ellos? Pues lo lamentable de estos sistemas es que la información es casi nula y no se puede opinar. ¿Sabías, por ejemplo, que hace un par de años el gobierno socialista de Venezuela oculta la estadística de delincuencia?
Para finalizar hay algo que sí se puede decir: Los gobiernos que mezclan perfectamente los modelos capitalistas y socialistas, principalmente europeos, comprenden del tema y crean cárceles educativas para integrar al individuo inadaptado. El último gran ejemplo mundial: Holanda requiere presos para llenar sus cárceles vacias.
Saludos
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