Beneficios penitenciarios, ¿herramienta bien utilizada?
Los beneficios penitenciarios son una herramienta eficaz en el proceso de reinserción social de un condenado, pero para ello resulta fundamental hacer uso de los informes que previene el propio Reglamento, a fin de sopesar adecuadamente la concesión de los mismos y otorgarlos con mínimos criterios de razonabilidad y tratando de disminuir el riesgo para la sociedad de que el beneficiado vuelva a delinquir.

1. El Presidente Piñera en su última cuenta pública a la nación, en mayo pasado, anunciaba en su discurso un aumento de 10 mil plazas en el sistema penitenciario chileno, extraño por decir lo menos, toda vez que durante su mandato no se han construidos nuevos establecimientos penitenciarios – que se prometieron el 2011, con un aumento de 11 mil plazas con la construcción de 5 nuevos penales – siendo realidad solamente la cárcel de Antofagasta, la cual, ya se encontraba construida el año 2010 pero con problemas para su operación.

Sin la construcción de estos nuevos penales prometidos, ¿cómo es que el gobierno ha pretendido cumplir su promesa de aumento de plazas en el sistema penitenciario? La respuesta sin duda está dada por las políticas que ha implementado Gendarmería de Chile y el Ministerio de Justicia en estos años, las que han ido desde indultar a condenados extranjeros, hasta flexibilizar los criterios para el otorgamiento de beneficios penitenciarios; en el primer caso, fueron indultados un número importante de condenados de distintas nacionalidades, respecto de quiénes se desconocen cifras oficiales acerca de si han vuelto a ingresar al país y vuelto a delinquir.

2. En cuanto a la concesión de beneficios penitenciarios durante este mandato, cabe señalar que cifras publicadas recientemente por el Diario La Segunda (edición del sábado 27 de julio de 2013), dan cuenta que entre los años 2009 y 2012 los beneficiados crecieron un 54%, y en lo que va del 2013, ya casi se superaron los beneficios otorgados durante todo el año 2012.

La pregunta que cabe hacerse entonces es, si se están otorgando estos beneficios como una verdadera herramienta en el proceso de reinserción social de los condenados, con apego a la reglamentación vigente, o si la concesión de tales permisos responden únicamente a una intención de disfrazar la no creación de nuevas plazas en el sistema y bajar “artificialmente” los índices de sobrepoblación penal.

3. La respuesta a lo anterior viene dada por las instrucciones vertidas por las máximas autoridades de Gendarmería de Chile, representadas por su Director, don Luis Masferrer Farías, su Subdirector Operativo, coronel Marco Fuentes Mercado (quien es el actual Director) y la Subdirectora Técnica, doña Paula Espinoza Grandón, quienes en una videoconferencia realizada a todo el país, instruyeron a las Jefaturas de Unidad y miembros de los Consejos Técnicos acerca de la necesidad de otorgar mayores beneficios penitenciarios desoyendo inclusive los Informes Psicológicos, a los cuales ahora se les restaría importancia respecto del riesgo de volver a poner en la calle a los condenados, su disposición al cambio, la conciencia del delito y del mal causado y subvalorando la importancia de los Informes Sociales sobre redes de apoyo que poseen los internos en el exterior.

A la señalada videoconferencia en donde se instruyeron estos cambios en la política de otorgamiento de beneficios, se sumó un Oficio Circular emitido en diciembre del 2012, que modificó la composición de los Consejos Técnicos (que son quienes asesoran a los Alcaides en el otorgamiento de los beneficios), instruyendo que las decisiones que se adoptaran debían ser votadas, debiendo imponerse la tesis que contara con un apoyo del 50 más uno y quitándoles derecho a voto a Psicólogos y Asistentes Sociales.

Así tenemos que hoy en día, el aumento explosivo de beneficios penitenciarios va de la mano de un análisis carente de antecedentes tan importantes como la conciencia del delito del condenado, su disposición al cambio, factores de reincidencia, peligro para la sociedad, elementos o redes de apoyo en el exterior, etc.

4. Gendarmería, por disposición de su Ley Orgánica y del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, debe, por una parte, ajustarse a la Constitución, los tratados internacionales, la ley y sus reglamentos, y por otra, no puede hacer discriminaciones arbitrarias (artículo 3 inciso final del D.L. Nº 2859/1979 y art. 4 del D.S. Nº 518/1998).

El Reglamento de Establecimientos Penitenciarios es muy claro al señalar las exigencias que se deben cumplir para optar a beneficios, en tal contexto el Informe Psicológico no es baladí como lo están entendiendo en Gendarmería, ya que el artículo 97 inciso segundo del mencionado Reglamento señala que este informe es fundamental.

5. En mérito de lo anterior, tenemos que Gendarmería de Chile implementando erradas políticas penitenciarias, está violando arteramente su propia reglamentación interna, otorgando beneficios sin ajustarse al ordenamiento jurídico, emitiendo instrucciones y Oficios Circulares que por su jerarquía normativa no pueden dejar sin efecto lo reglamentado en el D.S. Nº518/1998, Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, y asimismo, poniendo en riesgo a la población toda al dejar en libertad a personas respecto de quienes se hace un pobre análisis en cuanto a la procedencia de los beneficios.

6. Así también, Gendarmería de Chile se ha permitido en este mandato otorgar beneficios a genocidas, como es el caso de los condenados por el “Caso Degollados”, los cuales sin cumplir siquiera con los requisitos mínimos exigidos en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios fueron beneficiados en agosto del año pasado con Salida Dominical y actualmente gozan del beneficio de la Salida de Fin de Semana. En efecto, en el contexto del recurso de protección que se interpuso en la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de los beneficios a los condenados por el “Caso Degollados”, se dio cuenta que los beneficiados no cumplían  con el requisito del art. 110 letra a) del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, esto es, haber observado una conducta pretérita intrapenitenciaria exenta de sanciones disciplinarias por faltas graves, asimismo, se advirtió que Gendarmería por una parte emitió Informes Psicológicos contradictorios con  la propuesta de beneficios y que los Informes de Conducta y Sociales de los mencionados condenados omitían deliberadamente información acerca de la conducta pretérita de los internos. Si no ha existido en un caso grave como éste la rigurosidad necesaria, no se imagina qué puede estar ocurriendo en otros casos.

Resulta altamente preocupante que frente a casos tan graves, los Informes Psicológicos sean livianos o derechamente no sean considerados, ni tampoco se consideren los Informes Sociales y de Conducta.

7. La práctica de estas políticas por parte de la actual Administración ha tenido sus efectos en la seguridad pública, y basta ver lo ocurrido en casos de condenados con beneficios que han vuelto a delinquir, como por ejemplo ocurre con los imputados por el crimen del “Caso Zamudio” y los recientes detenidos por el asesinado del Subteniente Daniel Silva, este último hecho ocurrido recientemente.

8. El espíritu del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios es que se tenga en consideración  todos los antecedentes al momento de otorgar beneficios penitenciarios, y desgraciadamente las actuales autoridades se han permitido omitir o no considerar antecedentes, con lo cual por un lado, se está actuando ilegalmente, y por otra, poniendo en riesgo a la población.

9. Los beneficios penitenciarios son una herramienta eficaz en el proceso de reinserción social de un condenado, pero para ello resulta fundamental hacer uso de los informes que previene el propio Reglamento, a fin de sopesar adecuadamente la concesión de los mismos y otorgarlos con mínimos criterios de razonabilidad y tratando de disminuir el riesgo para la sociedad de que el beneficiado vuelva a delinquir.

Fernando Leal Aravena

Abogado
Diplomado en Sistema Penitenciario y DDHH de la Universidad de Chile