Se encuentra en su último trámite legislativo la llamada agenda corta antidelincuencia, que contiene normas de dudosa constitucionalidad pues reducen libertades de los ciudadanos para, según el propio proyecto lo dice abiertamente, dar una sensación de seguridad a la ciudadanía y ello, no obstante, tener las cifras más bajas de victimización en los últimos seis años y que, por lo mismo, fue en un número importante de normas, rechazado por la Cámara de Diputados.
Algunas de estas normas son el control de identidad preventivo, sin que exista mérito alguno del ciudadano para ser controlado sino que este procederá solo en base al mero capricho del policía fiscalizador; la norma que permitiría poder juzgar a un ciudadano sin que esté presente en el juicio, lo que vulnera groseramente la garantía del derecho a la defensa; o la que permite registrar a una persona o allanar su domicilio sin que se cuente con una orden judicial dada específicamente para ese efecto y aquella que impide el otorgamiento de beneficios alternativos para el cumplimiento de la condena antes de un año de prisión efectiva para ciertos delitos, aunque el condenado lo sea por primera vez, o bien la modificación legal que permitirá tener por acreditado un delito de lesiones con la sola palabra del policía, aunque no existan señales de violencia cometida en su contra, lo que se prestará para posibles abusos funcionarios, entre otras.Debemos construir otro tipo de tejido social, donde dejemos de mirar al otro con desconfianza o potencial competidor o enemigo y comenzar a verlo como un ciudadano con quien construyo en conjunto, la sociedad en que vivo.
Toda esta normativa acarrea una importante pérdida de libertades de todos los ciudadanos y entonces debemos preguntarnos si estamos dispuestos a ello, para disminuir una sensación de inseguridad ciudadana, motivada por factores distintos a un alza efectiva en la tasa de delitos, lo que equivale a sostener si un paciente estaría dispuesto a que se le sometiera a una intervención quirúrgica para extirpar un tumor que cree tener, pero que todos sus exámenes y la opinión médica dicen que no lo padece.
A este respecto, debe saberse que las normas del derecho penal (y derecho procesal penal) no están dadas para el castigo del delincuente, sino que son un límite al Estado, para que éste no cometa arbitrariedades en el proceso de castigar a una persona que delinquió. Así, a un ciudadano sometido a un proceso penal debe respetársele su presunción de inocencia, debe dársele un igual trato ante la ley, respetársele su derecho a rehabilitarse y reinsertarse socialmente, a la intimidad de su hogar, a no ser objeto de control estatal si nada se ha hecho. Son estas y otras más las garantías del ciudadano consagradas en el derecho penal.
En el sentido anterior, aquella frase que sostiene que «quien nada hace nada teme», repetida hasta el cansancio por los promotores de la modificación legal en comento, queda desmentida pues, en un estado de derecho democrático, para que el Estado pueda restringir garantías constitucionales (derechos humanos), debe esgrimir buenas razones, como por ejemplo, para controlar la identidad de una persona el funcionario debe tener indicios de que ella hubiere estado vinculada a la comisión de un determinado hecho ilícito y no obrar por mero capricho del agente.
Tampoco tiene cabida, en el marco de un estado de derecho democrático, la idea de confiar ciegamente en las policías y que no hay que temer a otorgarles facultades omnímodas para, así, lograr un eficaz combate a la delincuencia, pues más allá de los casos de abusos policiales que se conocen, lo cierto es que la lógica democrática opera en base a la teoría de los frenos y contrapesos que importa que toda autoridad necesita ser controlada para evitar abusos. Así, cuando se establece que un control de identidad puede quedar al arbitrio del agente que lo practica o bien que se puede acreditar un delito de lesiones sólo en base a su palabra, sin que exista una lesión efectiva. Lo que se afirma es que dicho accionar jamás podrá ser objeto de control o ser constatado en su veracidad por la ciudadanía, lo que importa legalizar cualquier posible abuso policial. Y con esto no se quiere decir que estemos a merced de una policía corrupta y abusadora, por el contrario, Carabineros y e Investigaciones son buenas policías pero, como en toda organización humana, existen en su interior algunos que abusan del poder conferido para la protección de la ciudadanía y con la reforma planteada dichos excesos no podrán ser pesquisados ni sus autores castigados.
Además de afectar las libertades ciudadanas, por increíble que parezca la agenda corta antidelincuencia no es una herramienta eficaz para disminuir (aún más de lo que ha venido disminuyendo en los últimos seis años) la comisión de delitos, no sólo porque el control preventivo de identidad ha demostrado ser ineficaz en casos donde ya se ha instaurado. Por ejemplo, en la Ley de violencia en los estadios sino que también, entre otras cosas, restringe la posibilidad de que los condenados cumplan sus penas en libertad y si se toma en cuenta que quienes cumplen sus condenas en el medio libre reinciden en un 50% menos de quienes lo hacen presos, es claro que la nueva ley fomenta la reiteración en el delito.
Dado todo lo dicho anteriormente puede concluirse que el proyecto de ley llamado agenda corta antidelincuencia, tal como lo han declarado sus autores, busca reducir la sensación de inseguridad, pero en ningún caso constituye una herramienta eficaz en el combate al delito, es decir, lo buscado es tan sólo un alza en las encuestas, lo que convierte a la ley en una manifestación más del llamado populismo penal o derecho penal simbólico, tal como en su momento fue la Ley Emilia. Es decir, la legislación propuesta sólo busca dar sensación de inseguridad a una sociedad atemorizada de un fantasma que, en realidad, no existe para así obtener alzas en la popularidad en el corto plazo; y ello porque está demostrado que las medidas que efectivamente logran hacer descender las tasas de delitos son de largo plazo (por eso algunos han hablado de una agenda larga antidelincuencia) y consisten en disminuir los índices de desigualdad, aumentar el nivel educacional de la población y medidas preventivas de convivencia y organización vecinal y de reinserción a la sociedad para quienes delinquen.
Aquellas son las reales soluciones para disminuir la delincuencia y la sensación de inseguridad, esto es, construir otro tipo de tejido social, donde dejemos de mirar al otro con desconfianza o potencial competidor o enemigo y comenzar a verlo como un ciudadano con quien construyo en conjunto, la sociedad en que vivo. Habrá que ver si quienes dicen tomarse en serio el tema de la seguridad ciudadana están dispuestos a implementar medidas efectivas, pero que no les significará subir en las encuestas en el corto plazo.
Comentarios
28 de abril
Estimado, no sé en qué país vive Ud. pero en el que yo vivo si existe el cáncer de la delincuencia y está creciendo fuertemente y fuera de control, son verdaderas legiones que se levantan diariamente a hacer sufrir a sus compatriotas, a desencadenar el terror, quienes hemos sufrido su azote sí vemos el mal que Ud. no ve, y le aseguro que cuando ese mal se le acerque, su cara no le gustará. Hoy el tema se ha ideologizado, en parte porque estamos todos hipersensibles en este período pos-dictadura, y la salvaguarda de los derechos se han convertido en la música que escuchamos todos los días, pero ante tanto derecho, también hay deberes, y uno de ellos es que el estado es el garante de la seguridad de las personas, sin esa garantía su vida y la mía valen menos que la una cucaracha.
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