¿Por qué no a la Alianza del Pacífico?

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Ingresar a la Alianza del Pacífico, deja en evidencia el déficit diplomático de Chile al realizar una lectura equivocada de la realidad regional, pues disminuye las opciones para un desarrollo sostenido del país, reduciendo sus márgenes de maniobra y acción política, en un escenario sudamericano crecientemente orientado hacia sus antípodas.

La Cámara de Diputados ha aprobado en rápido y expedito trámite, la única iniciativa de cierto peso que el Gobierno de Sebastián Piñera puede mostrar en política exterior. El texto firmado en el Observatorio Astronómico de Paranal, que formaliza la Alianza del Pacífico, tendrá por esta vía la condición de Tratado, si el Senado también lo ratifica, sin el necesario debate que requiere un acuerdo de alcances casi desconocidos para la opinión pública.

El asunto sería por completo diverso si la Alianza del Pacífico fuera un esquema conducente a sumar fuerzas para insertarse más eficazmente en los foros de la cuenca del Océano Pacífico, o para potenciar el comercio con Asia, o para incrementar las relaciones con los países ribereños de esta parte de América Latina. Sin embargo, la realidad es que nos encontramos ante un movimiento estratégico que reordena la política exterior chilena y rompe el consenso que la ha sostenido desde 1990, ya que se aleja del principio del regionalismo abierto vigente hasta hoy, al constituir un bloque subregional donde por primera vez nuestro país es miembro pleno.

Antes de esta Alianza aceptábamos pertenecer de pleno derecho solo a estructuras generales de integración, tales como UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) y la CELAC (Comunidad de América Latina y El Caribe), pues preferíamos asociarnos con otras opciones mediante la formación de áreas de libre comercio, cuando sumaban a un grupo limitado de países.

Por el contrario, la Alianza del Pacífico articula a cuatro Gobiernos de corte liberal y conservador, que se constituyen en la práctica como alternativa al ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América, formada por Venezuela, Ecuador, Bolivia, Cuba, Antigua y Barbuda, Nicaragua, Dominica y San Vicente y las Granadinas) y al MERCOSUR (Mercado Común del Sur, compuesto por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay).

Mientras Chile ya tiene acuerdos comerciales con Perú, Colombia y México, por lo que las ventajas de establecer un área de liberalización entre ellos desciende ostensiblemente, la definición de este pacto como un “espacio de integración profunda” que, si bien es cierto no precisa, al incluir un mecanismo de concertación política y poner como requisito adherir al libre comercio, establece objetivos de carácter ideológico que no estaban en la idea original con la que la democracia chilena se proyectó en la región y en el mundo.

Este nuevo contexto nos compromete en la división de América del Sur entre un eje del Atlántico, de izquierda y nucleado alrededor de Brasil, y un bloque del Pacífico, reunido en torno a la influencia norteamericana y más de derecha, fraccionamiento artificial y contrario a los intereses nacionales, orientados hacia la formación de espacios comunes que favorezcan la convergencia, en especial con la potencia brasileña, y el despliegue de un liderazgo propio que se encamine hacia la cooperación en el marco de una integración inclusiva, tolerante con la diversidad y abierta a las corrientes globales.

Frente el argumento de que nos encontramos ante una pieza imprescindible para las relaciones con Perú, la respuesta es que no es necesario crear un instrumento como este para estrechar los vínculos con países tan importantes como los involucrados. Ya contamos con múltiples espacios y mecanismos para ello, así como con las perspectivas más idóneas para fortalecerlos, resultando mucho más conveniente invertir nuestros esfuerzos en perfeccionar lo que ya existe.

Ingresar a la Alianza del Pacífico, deja en evidencia el déficit diplomático de Chile al realizar una lectura equivocada de la realidad regional, pues disminuye las opciones para un desarrollo sostenido del país, reduciendo sus márgenes de maniobra y acción política, en un escenario sudamericano crecientemente orientado hacia sus antípodas.

Como la continuidad del Estado transforma estas decisiones en una herencia para las administraciones futuras, sin importar su signo, más aun cuando la aprobación del poder legislativo la eleva a la calidad de un tratado que obliga a las partes y compromete el honor de la República, los puntos de vista expuestos en este artículo, junto a los demás que puedan concurrir en sociedades plurales como las nuestras, merecen ser no solo oídos, sino sobre todo ser tomados en cuenta por autoridades y representantes, sin que ello signifique menoscabar las atribuciones constitucionales del Presidente o alterar una supuesta política de Estado que, precisamente, adolece de las coincidencias que se requieren para sustentarla.

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