En días recientes, el cardenal Juan Luis Cipriani, arzobispo de Lima, pronunció una frase desafortunada: “Las estadísticas nos dicen que hay abortos de niñas, pero no es que hayan abusado de ellas, muchas veces las mujeres se ponen como en un escaparate, provocando”. Poco después, durante una visita a un hogar para madres víctimas de violencia y abandono, pidió perdón a las allí presentes afirmando que nunca había sido su intención ofender a la mujer; todo lo contrario, contaban con todo su apoyo y simpatía.
Sin embargo, este faux pas del Arzobispo limeño no pasó inadvertido a los medios de prensa, a algunos funcionarios de gobierno y tampoco a las organizaciones de mujeres —quienes recientemente se habían manifestado contra la violencia sexual— dado que el prelado es conocido por su postura conservadora, abiertamente contraria a la diversidad sexual y, por razones obvias, al aborto.Esto revela una conducta social proclive a aceptar la agresión sexual desde la masculinidad como un derecho adquirido por naturaleza y no como una desviación de la conducta.
“Cipriani hace apología de la violencia en un país de violadores” publicó en Twitter la joven congresista Indira Huilca, socióloga y reconocida activista por la igualdad de género. No obstante, es importante señalar que el desliz del cardenal no es único ni es el más ofensivo. Desde muchos foros –religiosos, institucionales, sociales y empresariales- se reproduce con excesiva facilidad el estereotipo sexista cuyo objetivo es minimizar la gravedad del delito de violación para insertarlo entre los “usos y costumbres” de sociedades patriarcales, cuya estabilidad consideran preciso preservar para beneficio de un sector poseedor del control casi absoluto.
Estos conceptos, reconocibles por lo abundantes en el diario vivir, son reproducidos por hombres y mujeres por igual, consolidándose en el imaginario social y formando parte de los valores aceptados por todos. De acuerdo con ellos, las mujeres deben ser obligadas a resguardar su integridad no exponiéndose a la agresión, en lugar de reprimir y castigar a los agresores. Esto revela una conducta social proclive a aceptar la agresión sexual desde la masculinidad como un derecho adquirido por naturaleza y no como una desviación de la conducta.
En Guatemala, la situación no es diferente. Si la congresista peruana afirma que Perú es un país de violadores, ha de saber que también lo son los demás países del continente, como los europeos y asiáticos. En fin, en donde se quiera voltear la mirada hay naciones en donde reina un machismo crudo y violento, en donde la mujer se encuentra en desventaja, y en donde para hacer respetar sus derechos ha de enfrentar un fuerte muro de compadrazgo e impunidad. Las estadísticas de violencia intrafamiliar, maternidad forzada, violaciones y feminicidios cada día son más reveladoras de esta realidad.
En fecha reciente, el Centro de Epidemiología del Ministerio de Salud de Guatemala realizó un estudio con metodología similar a la utilizada para una epidemia como el zika o los indicadores de nutrición. El resultado —aún incompleto por ser una tarea de largo aliento— arroja resultados aterradores: “es un mal que se extiende indiscriminadamente y de forma intensa”, afirman. Y sin duda, el interés de las instituciones por identificar los alcances de la violencia sexual podría marcar una enorme diferencia en el enfoque de este drama humano.
Guatemala posee aún un sistema colonialista en grandes extensiones de su territorio, en donde destaca la absoluta ausencia de Estado con las graves consecuencias implícitas por esta deficiencia, en los temas de salud, justicia, seguridad y respeto de los derechos humanos. Es tiempo de reparar esos vacíos.
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