La situación política en Brasil se ve como una larga agonía de Temer. En efecto, es posible observar que Temer está perdiendo cada vez más el apoyo de sus aliados, tanto a nivel de los partidos que formaban la base de la coalición montada a partir de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff como a nivel de personalidades emblemáticas de la política brasileña tales como el expresidente Fernando Henrique Cardoso o el presidente del Partido Popular Socialista, Roberto Freire, que al renunciar a su cargo como Ministro de Cultura, señaló que el actual presidente ya no tiene condiciones ni políticas ni morales para continuar al mando de los destinos del país.
Es difícil anticipar una fecha exacta, pero todo parece indicar que el actual mandatario no podrá concluir su gobierno. El problema es que quien lo puede sustituir en la línea de sucesión, el presidente de la Cámara, diputado Rodrigo Maia, también se encuentra involucrado en varios casos de corrupción y está siendo acusado por los procuradores que tienen en sus manos el proceso Lava-Jato, aún en plena investigación por parte de la justicia brasileña. En caso de la destitución de Temer, una probable salida podría ser que asuma interinamente la jueza Carmen Lúcia, que ocupa en este momento la Presidencia del Supremo Tribunal Federal (Corte Suprema).
«Actualmente no existe ninguna alternativa viable que consiga darle gobernabilidad a Brasil. Esto favorece a Temer, aunque sea momentáneamente, pues la incerteza sobre los rumbos que podrá tomar la crisis le permiten seguir negociando con los partidos que forman la base de apoyo a su gobierno.»
La mejor alternativa que se plantea y para lo cual se han movilizado vastos sectores de la ciudadanía consiste en la convocatoria de elecciones directas. No existe en la actual coyuntura otra fórmula que le otorgue más legitimidad y sustento ciudadano al futuro mandatario que ser elegido a través del concurso de la soberanía popular. El escollo de dicha salida consiste en que para llamar a elecciones directas se requiere un cambio en la constitución, lo cual de llevarse a efecto, podría demorar varios meses -dependiendo de la correlación de fuerzas que se manifieste en el congreso- con lo cual prácticamente se sobrepondría al cronograma vigente, que estipula la próxima contienda electoral para octubre del 2018. Las elecciones indirectas figuran en un itinerario más probable, aunque carecería del apoyo y la aprobación necesaria para que Brasil retorne a la senda de la estabilidad y paz social. Todos los escenarios son muy complejos y demasiado riesgosos para conseguir darle alguna estabilidad al país. De cualquier manera, la crisis es muy profunda y no se vislumbra ninguna solución a corto plazo.
Actualmente no existe ninguna alternativa viable que consiga darle gobernabilidad a Brasil. Esto favorece a Temer, aunque sea momentáneamente, pues la incerteza sobre los rumbos que podrá tomar la crisis le permiten seguir negociando con los partidos que forman la base de apoyo a su gobierno. En otras palabras, el miedo de que la crisis se agrave y se pierda el control total sobre el destino del país, hace que aquellos actores políticos y económicos poderosos que perdieron la confianza en el gobierno se den un tiempo para barajar alternativas con la finalidad de tener una sucesión que no sea tan improvisada y caótica que pueda implicar la posibilidad de estimular una ruptura de la vía institucional para la deposición del gobierno.
En todo caso, la salida de Temer no significa el derrumbe del tradicional sistema político brasileño. Al contrario, su destitución representa precisamente la confirmación de la tesis de que el actual mandatario ya no consigue comandar el país para realizar las reformas favorables que vienen impulsando los sectores más tradicionales de la política brasileña. El debate sobre la reforma del sistema previsional, de las leyes laborales (tercerización y flexibilización), la reforma o eliminación del Sistema Único de Salud (SUS), la privatización de la educación superior, la eliminación o reducción de programas sociales, etc., está siendo contaminado por la crisis del gobierno. Por lo tanto, para limpiar el camino de tales reformas, los sectores y partidos que representan la cara más tradicional y conservadora de la política de este país buscarán ciertamente la mejor manera de deshacerse del escollo que en la actual coyuntura representa la administración de Michel Temer.
Diferentemente de lo que pudiera ser una alternativa más deseable y democrática, todo parece indicar que la salida política a la crisis se va a dar dentro del esquema que proponen los partidos tradicionales. Es decir, la tendencia es que los cambios que se van a producir en Brasil en el próximo periodo y hasta las elecciones de 2018, serán efectuados dentro del campo de lo que expresan dichos partidos, a pesar de que existe cada día una mayor movilización popular contra la corrupción y la reforma del sistema político. Dichas movilizaciones serán reprimidas y la agenda política permanecerá circunscrita al término del mandato de un gobierno de emergencia que permita concluir las reformas en curso y que continúe el cronograma institucional que supone la realización de elecciones el próximo año. Este periodo por cierto va a generar un importante campo de disputas que los grupos progresistas y la izquierda deberán ocupar, si pretenden reconstruir un proyecto diferente para Brasil, que supere las penurias y tragedias que ha experimentado este país a lo largo de su historia reciente y que se han agudizado de forma dramática en los últimos dos años.
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