¿Será prudente, por otra parte, enajenarse la buena voluntad de aliados tradicionales de Chile como Brasil y Ecuador, en aras de un activismo ideológico que revierte lo que ha sido el esquema tradicional de amistades históricas en la región, en función de una propuesta difusa que subordina (nuevamente) la política a los cálculos e intereses económicos?
El 30 de abril pasado la Cámara de Diputados de Chile aprobó, en primer trámite constitucional, un proyecto de ley enviado por el gobierno de Sebastián Piñera que buscaba la sanción parlamentaria para el acuerdo marco de la Alianza del Pacífico, firmado en Paranal, Antofagasta, el 6 de junio de 2012. Dicho pacto fue suscrito por los presidentes del país anfitrión de dicha cita y de México, Perú y Colombia, quienes también son signatarios de esta iniciativa que se remonta a la Declaración de Lima (28 de abril de 2011), cuando un Alan García, que estaba muy próximo a entregar el poder a Ollanta Humala, invitó a los mandatarios de los tres países restantes a sumarse a su propósito de fomentar una estrecha colaboración entre todos ellos.
La idea tenía cierta lógica desde el punto de vista económico pues las naciones que conforman esta Alianza -también llamada “Arco” en sus orígenes-, exportaron en conjunto cerca de US$ 445 mil millones en 2010, casi un 60% más que las exportaciones del Mercosur en el mismo año, de acuerdo a datos de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
El 23 de mayo está prevista una nueva cumbre de los jefes de Estado de este bloque en Cali, Colombia, donde Sebastián Piñera traspasará a Juan Manuel Santos la presidencia pro témpore de la entidad. Y, en principio, los “aliancistas” se proponen reafirmar allí la decisión de avanzar hacia una integración “más profunda”, ante representantes de varios países observadores (Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Guatemala y Uruguay, entre ellos), que muestran interés por la configuración de un espacio que, además, ha suscitado atención en países del área centroamericana, como Panamá y Costa Rica.
La ocasión es propicia, entonces, para preguntarse si este tipo de pacto, que buscó ser refrendado con celeridad en el Parlamento por el gobierno de Piñera y sin un necesario debate público, va a favorecer el mejor interés nacional de Chile, en todos los planos. O si, por el contrario, se trata de otro intento más de reforzar una diplomacia de tipo “fenicio”, que es la que ha marcado, a grandes rasgos, la gestión del ingeniero y empresario Alfredo Moreno al frente de la Cancillería. Con todas las consecuencias y efectos secundarios que esto puede tener en el despliegue de los alineamientos estratégicos que se dan en la región.
Digamos, entre paréntesis, que el proyecto de acuerdo, tal y como fue presentado por el gobierno, fue aprobado preliminarmente en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara baja, con el voto a favor de ocho legisladores y la abstención de otros tres: Marcelo Díaz (PS); María Antonieta Saa (PPD) y Guillermo Teillier (PC). Y entre los que lo visaron en forma afirmativa hubo tres de la UDI, dos DC, un RN, un radical y un PPD (Jorge Tarud), lo que demuestra que no se reprodujo aquí la dinámica clásica gobierno/oposición.
La noticia ha causado algarabía en ciertos sectores de la derecha chilena –y en ciertos sectores también de una centroizquierda confundida-, pues para nadie es un secreto que, más allá de las declaraciones formales que lo postulan como un acuerdo de carácter estrictamente económico, que buscaría potenciar las potencialidades comerciales para todos sus integrantes por medio de una desgravación arancelaria, la integración de las bolsas de valores y medidas conexas, la Alianza se plantea, en los hechos, como un factor de balance contra-hegemónico que pretende neutralizar a otros foros donde se plantean otras formas de integración. En particular, a Mercosur, y subsecuentemente, asimismo, a Unasur y la Celac. Y una decisión de este tipo, por cierto, será un “amarre” difícil de deshacer para el gobernante que suceda a Piñera.
De hecho, hace poco tiempo, el 21 de abril, un editorialista de El Mercurio ponía énfasis en el modelo alternativo que supone la Alianza del Pacífico al señalar que “este colectivo no es un foro retórico más –algo habitual en la región-: está respaldado por tratados, por ahora especialmente de libre comercio y de protección de inversiones”.
Otros analistas, llevados por el entusiasmo fundacional, no dudan en alterar las cifras para darle a esta coalición naciente una envergadura mayor a la que realmente tiene, afirmando urbi et orbi que sus miembros serían responsables del 50% del PIB de la región. Una indudable exageración, porque al margen de la dinámica exportadora, que por cierto es alta en los países firmantes, el PIB sumado de sus integrantes es, en rigor, el 34% del total de América Latina.
Pero no es casual que los ideologismos a veces nublen una visión ponderada de la realidad, dado que para quienes adscriben a la Alianza este es el más potente esfuerzo que se ha hecho hasta ahora para ponerle la proa no sólo al ALBA (Alianza Bolivariana de los Pueblos) –que de por sí vive una etapa de retracción y suspenso tras el deceso de Hugo Chávez- sino a Brasil y la Argentina, los dos gigantes del Atlántico. Los que, en opinión de sus adlatéres, serían demasiados condescendientes y contemplativos con el “populismo” de Maduro o Evo Morales, los cuales son vistos como la exacta contracara del modo correcto (y único) de hacer las cosas.
Resulta pertinente, no obstante, reflexionar acerca de las ventajas y desventajas que una adscripción a un pacto de esta naturaleza representa para Chile. Sobre todo, en medio de la compleja coyuntura que vivimos, ad portas de la decisión de la Corte Internacional de La Haya sobre el diferendo marítimo con Perú y en los mismos momentos en que Bolivia recurre ante el mismo tribunal con el objeto de judicializar su demanda marítima y evidenciar, de este modo, la condición de “malos vecinos” de los chilenos.
Las dudas que nos asisten no son pocas. Una de ellas dice relación con un interrogante básico: ¿será conveniente proponer una fractura vertical en el hemisferio que deje de un lado a libremercadistas acérrimos y del otro a quienes desconfían de que la “mano invisible” del mercado, como lo pensaba Adam Smith, sea capaz de dirimir y resolver todas las diferencias? ¿Concurre un clivaje de este tipo al mejor interés de Chile o sólo obedece a agendas ajenas que quieren interponer alguna cuña entre países que, trabajosamente pero en forma persistente, han ido elevando poco a poco sus niveles de acción y coordinación en común?
¿Será prudente, por otra parte, enajenarse la buena voluntad de aliados tradicionales de Chile como Brasil y Ecuador, en aras de un activismo ideológico que revierte lo que ha sido el esquema tradicional de amistades históricas en la región, en función de una propuesta difusa que subordina (nuevamente) la política a los cálculos e intereses económicos? ¿Conviene, acaso, siguiendo este razonamiento, arriesgar las buenas relaciones que se mantienen hoy con Argentina, con quien compartimos más de 5 mil kilómetros de frontera, dándole la espalda a los países del Atlántico y propiciando, de esta manera, la reactivación de querellas que ahora están virtual y literalmente congeladas?
Son preguntas legítimas y pertinentes. Del mismo modo que cabe plantearse si China, principal socio comercial de Chile y destino central de nuestras exportaciones de cobre, observa con indiferencia las especulaciones que ven en la Alianza del Pacífico a la “pata” latinoamericana del Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP).
En junio de 2012, en Singapur, el secretario de Defensa de EE.UU., Leon Panetta, anunció en forma pública que Estados Unidos se proponía redistribuir sus fuerzas navales, con especial foco en la zona Asia-Pacífico, la cual representa para Washington la nueva gran prioridad estratégica.
Panetta declaró que “de aquí a 2020, la Armada redesplegará sus fuerzas pasando del actual 50/50 repartido entre el Pacífico y el Atlántico a una proporción de 60/40 entre esos océanos”.
Como bien afirma el dicho, “el que avisa no es traidor”, de manera que todos los actores involucrados ya saben a qué atenerse en esta materia. Y Chile, dada su crucial posición geográfica, algo tendrá que decir al respecto. En lo que será, tal vez, la prueba de fuego que definirá si su política exterior tiene una definición estratégica de largo alcance (y con una visión bien clara y afiatada del interés nacional) o si sólo se limita a seguir las huellas de las inversiones del “retail”.
* Columna publicada originalmente en América Economía.
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