Estos días, Venezuela y Colombia viven un momento muy crítico en sus relaciones diplomáticas. La zona de frontera ha sido cerrada tras un nuevo enfrentamiento con contrabandistas provenientes de Colombia, que acabó con tres militares venezolanos y un civil heridos. Pero, en un acto que no se había visto en ocasiones anteriores en la peligrosa frontera, el Presidente Nicolás Maduro decidió expulsar a los colombianos que se encontraban de forma ilegal. Y no solo lo decidió, sino que ordenó la ejecución de dicha resolución que ha llevado a más de 750 personas a salir con lo puesto, cruzando la frontera.
Se puede ir por el análisis fácil de tirar todos los dardos a Maduro y que esto sería no como una advertencia a Colombia, sino a la oposición venezolana, con afanes electorales. Pero no se puede ser tan simplista. Venezuela, durante muchos años, ha sido el principal refugio para los colombianos que han huido del conflicto que vive ese país desde hace décadas, y que precisamente tiene como uno de sus escenarios principales la zona de frontera, no solo con Venezuela, sino también con Ecuador. Sin embargo, así también Venezuela ha sido una víctima del Estado colombiano.Eso explicaría la reacción del gobierno colombiano, porque ahora tendrá que ocuparse de esas personas, a las que, sin la acción de Maduro, habría dejado a su suerte, como es la costumbre.
No olvidemos lo ocurrido en el año 2008, cuando Colombia no sólo atacó a Ecuador, sino que amenazó gravemente a Venezuela, precisamente en la zona actualmente en las noticias; y sin importar las antipatías o simpatías que nos generen los presidentes ecuatorianos y venezolanos en turno o sus acciones en estos casos, el hecho es que los presidentes colombianos, más que buscar soluciones al problema de su guerra interna, durante décadas lo han alimentado, trasladando el conflicto a sus vecinos. Un conflicto que no solo es una lucha entre guerrillas y paramilitares, sino que también incluye tráfico de distintas especies (humano, drogas, armas o petróleo), apoyado por la casta política.
Es fácil criticar el modo como el presidente Maduro ordenó que se realizara esta acción porque es, desde el punto de vista de los derechos humanos, inaceptable. Sí, varias de esas personas colombianas estaban viviendo ilegalmente en Venezuela incluso hace más de 30 años; sí, muchos nunca quisieron regularizar su situación más por desidia que por otro motivo (Venezuela ha hecho procesos de legalización en más de una ocasión); y sí, pueden ser expulsadas. Pero debió dictarse la norma de forma tal de dar tiempo a las personas no sólo para irse, sino sobre todo para acceder a los tribunales para que se revisen sus casos. No hay justificación para lo que ha ordenado Maduro ni para lo que está ocurriendo con esas personas.
Sin embargo, subterráneamente, se elude hablar de que el responsable de esta situación no es realmente Maduro: es el gobierno y el Estado colombiano. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que su gobierno protestará por «el maltrato a nuestros compatriotas». Loables palabras, sobre todo tratándose del presidente de Colombia. Porque mientras la atención del mundo se concentra en Maduro, sigue desviándose del hecho de que internamente millones de colombianos siguen estando obligados a irse de sus hogares en condiciones incluso peores que las que estamos viendo estos días. Esos son los desplazados forzados.
Uno de cada diez colombianos ha sido obligado a moverse de sus casas, huyendo del reclutamiento de menores, la violencia sexual, el empleo de minas antipersonal, el confinamiento de población civil, y de los asesinatos, sobre todo de los líderes de esa población desplazada. Para que nos hagamos una idea: según el Informe Global de Desplazamiento Forzado, Colombia tiene el dudoso honor de ocupar el segundo lugar en el mundo en número de desplazados internos sólo superado por Sudán. Hay más desplazados en Colombia que en Irak, RD del Congo, Afganistán. La crisis humanitaria en Europa no es ni la sombra de la situación que se vive en Colombia.
Por esto, suenan hipócritas las palabras del presidente Santos criticando lo que está ocurriendo con los colombianos en Venezuela: “Allanar las viviendas, sacar a la fuerza a los habitantes, separar las familias, no dejarles sacar sus pocos bienes y marcar las casas para luego demolerlas, son procedimientos totalmente inaceptables y recuerdan episodios amargos de la humanidad que no pueden repetirse». Es lo mismo que hace el Estado colombiano desde hace más de 50 años, el país con más desplazados internos y el país con la mayor cantidad de emigrantes en Suramérica. Para hacernos una idea: a Venezuela en el año 2013 ingresaron más de 189 mil colombianos, mientras que en el 2014 llegaron unos 144 mil y en enero de 2015 unos 12 mil.
Mientras es noticia mundial lo que está pasando con los desplazados colombianos desde Venezuela, no lo es lo que está pasando en la región colombiana del Catatumbo, cercana a Venezuela. Más de 2000 personas han huido de ahí entre enero y julio, debido a los graves incidentes entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) y las fuerzas armadas y policía colombiana. Más de 36.000 personas se quedaron sin agua potable, sin luz, y sin hogares.
Lo grave de esto es que muchas de esas personas, sin poder movilizarse más que a pie o por medios precarios, están yendo al caserío La Vega de San Antonio, que es el lugar donde están llegando varios de los desplazados desde Venezuela. Eso explicaría la reacción del gobierno colombiano, porque ahora tendrá que ocuparse de esas personas, a las que, sin la acción de Maduro, habría dejado a su suerte, como es la costumbre.
Teniendo esto en mente, se entiende con claridad que se está generando en la zona una crisis humanitaria. Pero no sólo por lo que el gobierno venezolano ha ordenado hacer, sino por lo que constantemente el gobierno colombiano hace. Miles de personas están en un limbo, porque el país que los acogió les echó, y el país al que pertenecen no los quiere, todos llegando a un mismo lugar. ¿Y lo peor? Es que esas personas seguirán en ese limbo, como ha ocurrido desde hace más de 40 años. Y ahora ya no tienen a Venezuela para que los ayude. ¿Adónde irán esas personas?
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