El martes pasado el Senado de la República, aprobó un proyecto de acuerdo para enviar legisladores que actuaran como observadores electorales en la elecciones venezolanas del 26 de septiembre de este año, además de solicitar a la ONU, a la OEA y a diversos organismos internacionales que adoptaran “una actitud más vigilante con el cumplimiento de normas básicas por parte del Gobierno Venezolano que aseguren la integridad y la transparencia del próximo proceso electoral". La respuesta venezolana no se hizo esperar. El Consejo Electoral de ese país, la Asamblea Nacional (el parlamento unicameral) y el Gobierno, rechazaron con extrema dureza el acuerdo. En su particular estilo, el presidente Hugo Chávez, profundizó el conflicto tratando de “ridículos” a los senadores chilenos y declaró que no los dejará entrar.
El resultado es lamentable y se podría haber evitado. A muchos nos gustaría que en Venezuela se gobernara en forma efectivamente democrática, con mayor respecto a la libertad de expresión y tolerancia hacia los sectores opositores. Sin embargo, el camino de la prepotencia sólo agudiza las posiciones extremistas. Bastaba con seguir los conductos diplomáticos regulares, solicitando a la Cancillería chilena que habilitara ante Venezuela a nuestros legisladores como observadores del proceso. Un procedimiento prudente, sin duda menos brillante, pero más efectivo y acorde a los entendimientos democráticos.
El conflicto con Caracas tendrá costos para la política internacional chilena y no menores. Durante el mandato de Michelle Bachelet, Chile intentó jugar un rol de bisagra entre los múltiples disensos de la región, una posición conciliadora que calmara las tensiones, que mediara entre los extremos ideológicos que representaban las posiciones de los presidentes Chávez y Uribe. El estilo dialogante e integracionista de la Presidenta ayudó mucho, e instaló a Chile como uno de los promotores del proyecto de integración latinoamericano que representa UNASUR. Hoy la situación es muy distinta. Si ya la actitud ausente, o al menos secundaria del presidente Piñera en materia internacional había relativizado este rol, la “cruzada democrática” de los senadores Walker y Allamand y el consecuente conflicto con Venezuela, han terminado por pulverizar la estrategia. Hoy Chile se sitúa a un lado del tablero, anulándose por completo la posibilidad de jugar un rol mediador y catalizador de los conflictos regionales.
Un último comentario. En esta ocasión, además de Chávez, son varias las instituciones venezolanas que han reclamado la primacía del principio de no intervención (de un modo agresivo y descalificatorio por cierto). Este hecho podría no ser trivial. Además de imposibilitar totalmente las labores de observación electoral, la defensa mancomunada de la autonomía venezolana podría terminar por encender sentimientos nacionalistas en dicho pueblo, el escenario perfecto para un nuevo triunfo electoral del hábil Presidente caraqueño.
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Fuente Foto: Hispanic American Center for Economic Research
Comentarios
17 de julio
Los miembros del Senado chileno que adoptaron el acuerdo, han actuado con una torpeza que me impresiona, careciendo de todo tino e inteligencia para plantear la situación. En primer lugar, la facultad para representarnos le pertenece exclusivamente al poder ejecutivo, y las acciones esgrimidas obviamente que distorsionan las relaciones con Venezuela. En segundo lugar, si bien es cierto, el gobierno venezolano vulnera derechos internos fundamentales, como la libertad de expresión, ese hecho no entrega la prerrogativa a ningún organismo para interferir en temas cuya jurisdicción es propia de cada Estado.
Creo que la imposición que busca realizar el Senado chileno al Estado venezolano, vulnera principios fundamentales del Derecho Internacional, específicamente el de «no intervención en los asuntos que son de cada jurisdicción interna» y el de «igualdad soberana», siendo la resolución 2625 de la Asamblea General de Naciones Unidas bastante clara en el asunto.
El Senado debiese cesar en su postura, optando por el diálogo y no imponiendo una resolución que no tiene ningún efecto fuera del país.
Creo que si hubiesen actuado con otro tono, probablemente los resultados hubiesen sido distintos.
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18 de julio
Y por supuesto, esto seguirá escalando, los caballeritos irán a Venezuela aunque sólo conocerán el aeropuerto de Maiquetía porque no los van a dejar entrar. Después, escandalizados, harán sus declaraciones, llamarán a la OEA, y el presidente se manifestará ofendidísimo. En medio de eso, seguramente escalará el conflicto mucho más real entre Colombia y Venezuela y por supuesto el gobierno y las perlas ofendidas terminarán abrazando a ese ejemplo de democracia y respeto de los derechos humanos que es el gobierno de Uribe-Santos de Colombia, víctima de la «dictadura» de Chavez. Esto promete.
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