Si estos objetivos no se satisfacen de forma apropiada, los aún poco consolidados liderazgos de la era post- Chávez se verán enfrentados a importantes conflictos políticos y sociales.
La muerte del Presidente Hugo Chávez ha abierto una serie de debates acerca de su gestión, no solo en la patria de Simón Bolivar sino que también en toda la región y el mundo. Pese a la patente campaña mediática injuriosa impulsada por los oligopolios informáticos cuando estaba con vida, bajo el pesar de su fallecimiento y las masivas manifestaciones ciudadanas en apoyo a su figura se han destacado en todo el orbe los avances políticos y sociales de su gestión.
El proceso de la Revolución Bolivariana y su posterior fase de Socialismo del siglo XXI, permitieron la génesis de la actual constitución política Venezolana, constitución de tinte neokeynesiano y democrático-participativa al otorgar al Estado un fuerte rol regulador e interventor en materia económica y social. En la Era Chavista el Estado ha recuperado áreas estratégicas de la economía nacional, se ha redistribuido la riqueza, he implementado una amplia gama de políticas sociales, principalmente en materia de educación, salud, y superación de la pobreza. Los indicadores sociales de organismos como el PNUD, el Banco Mundial y el CIA Factbook, durante el periodo 2000-2012 son elocuentes. La expectativa de escolaridad ha aumentado desde los 10,5 a 14,2 años. El índice de desarrollo humano, el cual mide el impacto de las políticas públicas en materia de educación, salud e ingresos, ha aumentado exponencialmente desde los 0.656 puntos a los 0,735 puntos. La mortalidad materna se redujo desde las 84 a 68 muertes por cada 100.000 partos. El desempleo ha bajado desde el 16% al 8%. La tasa de pobreza nacional ha bajado del 55% al 31%. El PIB ha crecido en promedio un 5% anual pese a las coyunturas políticas y económicas críticas como el golpe de Estado del 2002. El índice de Gini que mide la desigualdad ha bajado desde los 49,5 puntos a los 39 puntos.
En materia política también son considerables los avances al constatar la cantidad de elecciones y plebiscitos realizados durante el periodo de Chávez (13 elecciones desde el año 1998), avalados como legítimos y competitivos por diversos organismos internacionales como la Fundación Carter. Además las diversas políticas de participación directa de la ciudadanía en la gestión local han generado que la democracia Venezolana sea una de las más valoradas por la población en términos comparativos regionales.
La estrategia utilizada por el gobierno para generar mayor inclusión social se puede calificar como de «priorización social» en un marco institucional democrático radical, que pone de relieve los valores socialistas y hace énfasis en los objetivos sociales sobre los económicos, lo cual no compagina con el enfoque democrático liberal pragmático diseñado para maximizar la eficiencia y garantizar la viabilidad del sistema económico, enfoque que ha sido la matriz ideológica y programática de las fuerzas políticas herederas del punto fijismo. Es en este enfoque liberal que las críticas a la administración de Chávez ponen énfasis en una “inflación sofocante y un gasto público creciente unido a un control de cambios, factores que han creado un creciente déficit fiscal”. Esto sumado a una creciente deuda pública con China que suma los US$42.500 millones. A su vez, como señala “The Economist”, la persistencia de una matriz productiva petrolera rentista; y el alto y discrecional gasto público han agravado de forma alarmante la sustentabilidad económica y gubernamental de Venezuela. El Índice de Libertad Mundial, que clasifica a las naciones en gran medida sobre la base de las libertades económicas, bajó el ranking de Venezuela de la posición 135 a 141, e hizo especial referencia a la regulación estatal del trabajo, crédito y precios.
En el marco del fallecimiento del presidente Chávez, la convocatoria a elecciones, y en especial debido a la reciente medida del gobierno provisional encabezado por Nicolás Maduro de devaluar el Bolivar en virtud de equilibrar los indicadores macroeconómicos y reducir una inflación que bordea el 20% ( medida no ha estado exenta de críticas por parte de la población, ya que algunas cifras indican que el precio de los alimentos han aumentado cerca de un 50%) ha reflotado el debate en torno al modelo de desarrollo. Analizando las cifras, las reciente políticas implementadas, y bajo los matices que existen en el Chavismo entre los sectores civiles y militares (estos últimos más cercanos a visiones estratégicas desarrollistas y de largo plazo) se puede prever que tras una segura victoria de Maduro en las próximas elecciones se buscará un conceso político para mantener las exitosas políticas sociales pero sin un considerable aumento del gasto fiscal, concentrando mayores recursos en el fortalecimiento del Estado de derecho y la inversión pública en áreas productivas. El objetivo superar los indicadores de seguridad jurídica, tanto en materia penal (En 2011, por cada cien homicidios hubo nueve detenciones. “Eso quiere decir que la impunidad es total, en el 91% de los casos, siendo optimistas. Eso significa que no hay ni juicio ni condena) como de inversión privada, diversificar progresivamente la matriz productiva petrolera, reducir la creciente deuda pública, la inflación y el desempleo.
Si estos objetivos no se satisfacen de forma apropiada, los aún poco consolidados liderazgos de la era post- Chávez se verán enfrentados a importantes conflictos políticos y sociales. No solo la renovación y moderación del discurso y los cuadros dirigentes de la oposición podrían jugar un rol importante en la génesis de dicha premisa, sino que principalmente debido a que las políticas implementadas durante Revolución Bolivariana han ido generando una amplia clase media que como en gran parte del mundo aspira a mejores condiciones de vida, y en particular de consumo y seguridad.
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