Estudiantes en Quebec: contra el dogma del mercantilismo

Como espectadores de la protestas estudiantiles, es fácil olvidar que los estudiantes, al estar día tras día en la calle y arriesgar perder semestres o años académicos enteros, tienen mucho que perder. No es algo que muchos de ellos puedan incluir en su CV en la sección de pasatiempos y frecuentemente se enfrentan a potenciales arrestos y violencia. Sin embargo, su acción y su voz pertinentemente nos recuerdan que la crítica y la protesta son parte de la vida democrática. Los estudiantes chilenos no están solos en su crítica contra un dogma neoliberal que se presenta como la única alternativa posible. Sus colegas, en la provincia francófona de Quebec, Canadá, llevan más de 15 semanas continuas de marchas y protestas. Su movimiento, inicialmente gestado en centrales estudiantiles en oposición al anuncio del gobierno liberal de la provincia de incrementar progresivamente en un 75% los aranceles universitarios durante los próximos 5 años, registró el pasado 22 de mayo el récord de concentrar la protesta social más numerosa (estimada en 250,000 participantes) en la historia de Canadá. Y las protestan continúan.

Parte del éxito del proyecto de cohesión en un país tan extenso y diverso como Canadá reposa en mantener una red de seguridad social con servicio de desempleo y servicios públicos básicos como salud y educación. Su proyecto de nación asume que provincias escasamente pobladas, alejadas de los grandes centros urbanos, deben gozar de igual calidad en servicios y apoyos de acuerdo a sus necesidades específicas. Las universidades también dependen mayoritariamente de financiamiento estatal, cuyos aranceles son fijados por gobiernos provinciales, entre los cuáles Quebec mantiene los aranceles más bajos de todas.

¿Por qué es que en Canadá, uno de los países más desarrollados, estables y pacíficos del mundo, referente mundial en integración pluricultural, movilidad social y calidad institucional, está pasando esto? ¿Qué da origen a un movimiento así en la provincia de Quebec, rica en recursos naturales, con una base productiva altamente tecnificada y diversificada, y que, con una renta per cápita de aproximadamente $38,904 dólares americanos, es la segunda economía del país? ¿Por qué protestan los estudiantes que lo tienen todo?

Para intentar responder estas preguntas nos tendríamos que remitir a la fuerte tradición histórica de social democracia, movilización popular y reivindicación identitaria que distingue el caso específico de Quebec. Pero no sería suficiente. Un análisis más serio debe interrogar sobre qué es lo que mantiene unido a un país, qué significa vivir juntos en democracia, y cuál es el deber de las autoridades de representar a todos los ciudadanos equitativamente.

Los estudiantes han dejado claro que su protesta, a pesar de que tiene por fin inmediato frenar al aumento de arancel, tiene una motivación más amplia, con base en el pacto social existente. Su movimiento aglutina amplios sectores de la sociedad opuestos a las medidas de “crecimiento con austeridad” que continúan causando estragos en el mundo, y la ola de cortes presupuestarios en educación en países desarrollados -como se ha visto en países como Inglaterra, y ahora mismo España y Nueva Zelanda. Específicamente, su protesta es contra el dogma del mercado que sin evidencia empírica suficiente predica que “alguien tiene que pagar”, incluyendo por aquéllos bienes públicos –como la educación y la salud- de los que depende el futuro funcionamiento de la economía.

Políticos de todo el mundo olvidan que el verdadero liderazgo democrático tiene una base valórica de justicia social que no responde únicamente a la lógica utilitaria basada en el cálculo del costo-beneficio inmediato. Así, los estudiantes de Quebec no solamente reaccionan contra el aumento a las tasas, sino también contra la desigualdad social, que ha ido en aumento en los últimos 30 años.

El Partido Conservador en el gobierno de Quebec, en vez de negociar amplia y sensiblemente, ha decidido responder a la huelga estudiantil con la fortaleza de la “legitimidad política” que creen obtener de su racional cálculo económico. Así se ha adoptado la controversial ley 78, que restringe la libertad de asociación ilegalizando cualquier protesta dentro de 50 metros de un centro educativo, entre otras medidas que penalizan las manifestaciones. La ley 78 afecta derechos fundamentales de asociación y expresión, e intenta romper con la tradición de movilización estudiantil de la provincia de Quebec.

Naturalmente la ley ha sido recibida con rechazo generalizado por los grupos más diversos de la sociedad, incluso la tradicionalmente conservadora Barra de Abogados de Quebec, que ha cuestionado la misma constitucionalidad de la ley. Desde hace semanas, el rechazo a la ley 78 se ha manifestado también con cacerolazos.

El movimiento estudiantil de Quebec, al igual que el de Chile, sirve para recordarnos que en el centro del tema de la educación está un conjunto de valores no cuantificables económicamente que definen a las sociedades y que trascienden las crisis económicas y coyunturas políticas. La labor de defenderlos nos concierne a todos. Los jóvenes, a través de sus manifestaciones, nos lo recuerdan y al mismo tiempo informan parte de una reflexión más amplia sobre los cambios estructurales y de dirección que nuestros sistemas políticos, sociales y económicos necesitan.