La crisis política por la que atraviesa Venezuela no puede dejar indiferente a ningún demócrata. Además de las manifestaciones internas, la comunidad internacional no ha cesado de transmitir, con diferentes matices, su preocupación por la situación del país, hasta incluso adoptar medidas internacionales respecto de altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.
En nuestro país las declaraciones tampoco se han hecho esperar. En esta reflexión comentaré únicamente tres de ellas: a) la de la Revolución Democrática de 29 de julio; b) la de la CONFECH de 30 de julio, y c) de la del Partido Comunista de Chile de 31 de julio.
Partiendo por orden cronológico, la declaración de RD dedica su primer párrafo a entregar argumentos que refutan la calificación de dictadura del gobierno venezolano. Así se señala “(…) el país se rige por una constitución creada y ratificada democráticamente. Por lo demás el actual gobierno fue legítimamente elegido por sus ciudadanos (…).La pura conformación de un gobierno sobre la base de elecciones populares no garantiza su carácter democrático si en el ejercicio del poder no se reúnen los estándares sustantivos mínimos de una democracia
Sobre lo anterior habría que partir recordando que la vigencia formal de una Constitución no basta para sustentar lo sostenido por RD. Desde la Teoría de la Constitución de Lowenstein podemos clasificar a las constituciones de acuerdo con diferentes criterios. Uno de esos es el criterio ontológico, que en definitiva implica un análisis más allá de lo formal, verificando el nivel de eficacia y de concreción material que tiene una constitución en una sociedad determinada. Así, podemos señalar que las constituciones pueden ser normativas, nominales y semánticas, según su grado de relación con la realidad social y política de un país.
Nadie que pretenda guardar cierto rigor técnico podría asegurar que la Constitución Política de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 es hoy una constitución normativa. No tenemos el espacio en esta columna para hacer un análisis pormenorizado de ella, pero miremos algunos ejemplos:
“Artículo 6: El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables”.
“Artículo 70. Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato,…”
“Artículo 72. Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato”.
Una de las características por las que la “Constitución de Chávez” fue destacada en su momento fue precisamente la incorporación de la revocatoria de mandato. Sin embargo, la única vez que se intentó su aplicación con reales posibilidades de concreción, el gobierno de Nicolás Maduro obstaculizó, con la complicidad de un Tribunal Supremo completamente cooptado, la calificación de las firmas y la convocatoria de la respectiva consulta popular.
Vamos ahora a la segunda parte del argumento. No hace falta un estudio demasiado profundo de la historia ni conocimientos acabados de Derecho Constitucional o Ciencia Política como para saber que el hecho de que un gobierno tenga origen en una elección popular no basta como para calificarlo de democrático contra todo evento. Obviamente el primer ejemplo que podemos recordar es la parte menos contada del ascenso de Adolf Hitler al poder en Alemania, quien triunfó democráticamente en las elecciones generales y quien se valió de la legalidad formal amparada en la Constitución de Weimar para adquirir poderes excepcionales con los cuales gobernar sin contrapeso real.
Para no ser tan drásticos con la comparación, sobre todo por las características que el régimen nazi tuvo y que claramente no podríamos imputar al gobierno venezolano, podemos traer el ejemplo de Alberto Fujimori. El ex gobernante peruano también arribó al poder a través del voto popular en 1990. Nadie hoy podría poner en duda el carácter autoritario y transgresor de los derechos humanos que tuvo el régimen de Fujimori.
Por lo tanto, la pura conformación de un gobierno sobre la base de elecciones populares no garantiza su carácter democrático si en el ejercicio del poder no se reúnen los estándares sustantivos mínimos de una democracia.
Por su parte el comunicado CONFECH, adoptado, por cierto, sin mayor deliberación democrática de los estudiantes que son, al menos teóricamente, representados por dicha organización, realiza una defensa del proceso bolivariano, acusando difusamente a otros de desestabilizarlo y lo compara, sin ningún tópico referenciador, con el proceso llevado adelante por la Unidad Popular en Chile.
Así, la máxima organización de estudiantes de educación superior de Chile, la misma que invocó centenares de veces el legítimo derecho a la protesta, da la espalda a sus compañeros universitarios venezolanos que han visto intervenidas sus casas de estudios, desvinculados a sus profesores y encarcelados sin forma de juicio a muchos de sus jóvenes por ejercer el mismo derecho que en Chile permitió correr el cerco de lo posible en materia de derechos sociales, particularmente en educación.
No hay que ir muy atrás en nuestra historia para recordar que tres parlamentarios que hoy ocupan sus escaños en la Cámara de Diputados forjaron su plataforma política nacional gracias al ejercicio del derecho de reunión y a la protesta legítima. Salvos los excesos policiales por todos condenados, nuestros dirigentes estudiantiles podían y pueden ir a dormir a sus casas con la certeza de que no serán apresados por la noche sin orden judicial previa y por la sola voluntad del gobierno contra el cual protestaron o protestan.
Por su parte, la comparación con el proceso seguido en Chile en los 70 por la Unidad Popular no resiste mayor análisis. En esto, la declaración del Partido Comunista entronca con la de la CONFECH.
Podríamos hacer un listado interminable de puntos diferenciadores entre los gobiernos de Allende y el de Maduro. La libertad de prensa nunca fue coartada durante el gobierno de la UP, prueba de ello es la notoria circulación de medios escritos opositores, así como la vigencia de canales de televisión y radios contrarias al gobierno. ¿Y en Venezuela? Nadie respetuoso de la historia podría decir que los opositores al gobierno del Presidente Allende eran encarcelados por la sola voluntad del ejecutivo, nadie podría tampoco sostener que el Poder Judicial se viera afectado en su independencia y que los actos del Congreso Nacional fueran desconocidos de manera sistemática ¿Puede decirse lo mismo de Venezuela?
Finalmente, extraña la defensa al “impecable” proceso electoral llevado a cabo para la elección de la Asamblea Constituyente, la que precisamente tendrá como tarea sustituir la Constitución de Chávez para generar la de Maduro. Llama la atención porque ni el PC, ni RD ni la CONFECH expresaron su preocupación cuando el gobierno de Maduro aplastó el intento de activar el mecanismo constitucional del revocatorio, impidiendo su realización y optando por desmantelar la Constitución en lugar de someterse al veredicto directo del soberano, el que ya había dado indicios de su agotamiento al otorgar en las pasadas elecciones una clara mayoría a los partidos de oposición en la Asamblea Nacional.
Comentarios
02 de agosto
Interesante y oportuno articulo. Pero respecto al gobierno de la UP, creo que esta bastante equivocado, se parece mucho mas al de Maduro de lo que cree, vea el acuerdo de la cámara de diputados del 22 de Agosto de 1973, en el cual se acusó al gob. Allende de 20 violaciones a la Constitución y las leyes: amparar grupos armados, torturar, detener ilegalmente, amordazar prensa, manipular educación, limitar salida país, confiscar propiedad privada, formar org. sediciosas, violar atribuciones del Poder Judicial, Congreso y Contraloría. Todo ello para conquistar el poder total… y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario.
El asunto es quien desde el poder viola la Constitución de un país es quien le da un «golpe» al sistema democrático y deviene «tirano». Caso más famoso de la Historia: Hitler con la llamada «ley habilitante» del 23 de Marzo de 1933. Elegido democráticamente, deviene tirano.
En estos casos, los demócratas enfrentan una encrucijada terrible: rendirse ante el violador de la Constitución (caso de Alemania en Marzo 1933) y sufrir las consecuencias, o buscar la fórmula más democrática posible, aunque imperfecta, para impedir camino a la tiranía. Chile siguió este segundo camino y encontró esa fórmula en el Acuerdo de la Cámara de Diputados que dio plena legitimidad para remover al presidente incluso comprometiendo expresamente a las FFAA en ello.
¿Cual seria el mecanismo para terminar con la tiranía en Venezuela?
Saludos
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02 de agosto
Ahhhhh. Eso de la posverdad. En mis tiempos se llamaba manipulación y mentira.
A pesar de ello Ud. entró en un tema interesante. Me encantaría saber qué opina Ud. de la constitución chilena.
03 de agosto
Oscar pienso que si la constitución nos dió el período de mayor estabilidad y crecimiento en el bienestar de los mas pobres de nuestra historia y además comparandonos con resto del continente, no creo que sea mala. Y si alguna persona o grupo tiene una mejor que la muestre, la exlique y la defienda en discución para que la podamos votar en mayoria y adoptar. Pero si en lugar de eso se pretende que vote por una asamblea que la haga sin conocer siquiera lo que la asamblea va a escribir, o mejor dicho aprobar una asaamblea para que se dé por aprobada una constitución sin que la leamos, no estoy de acuerdo y de hecho me parece de tonto util. Eso pienso. ¿y usted?
07 de agosto
Si esto es democrático.
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07 de agosto
Jose Luis Silva, Usted dió en el clavo. La constitución tiene que ser sometida a un plebiscito luego de redactado.
A mi parecer miremos la realidad social y política de nuestro país y no veo la estabilidad por ningún lado. La estabilidad que propugna la constitución actual está dada únicamente en términos de un sistema político de derecha. ¿Qué dijo Jaime Guzmán al respecto?
«“La Constitución debe procurar que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque – valga la metáfora – el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella sea lo suficientemente reducido para ser extremadamente difícil lo contrario”.
Si eso es democracia estamos viviendo en mundos distintos, pues hasta el momento «la cancha solo ha estado cuesta abajo para la derecha.
Y esto porque la actual Constitución es la que ha permitido llevar al país al nivel de desigualdad que tenemos, El resumen de lo dicho por Guzmán nos aclara que dentro del dominio de la constitución actual las cosas seguirán siendo lo mismo.
Por eso ¿Por qué temerle a una Asamblea Constituyente y un posterior plebiscito? Esa es la respuesta que tienen que entregar la derecha y los que han sido parte de los gobiernos de la concertación y que se han opuesto a democratizar definitivamente a nuestro país.
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