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El daño colateral de la guerra contra las drogas

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Todo lo anterior pone en evidencia que la guerra contra las drogas no solo fracasó, además ha sido y es contraproducente. El daño colateral es enorme; mucho mayor que cualquier beneficio que puedan esgrimir quienes la defienden.

Son sólo 5 cuadras de largo y 11 pasajes que la cruzan de norte a sur. Una superficie explosiva de 15,36 hectáreas que, con sus calles sin salida y sus casas interconectadas, ha conseguido poner en jaque las políticas públicas de seguridad durante los últimos diez años. Narcotraficantes y delincuentes imponen sus reglas. Y la violencia extrema.

Esta podría ser perfectamente la descripción de una de las locaciones donde se grabó The Wire, la excelente serie de televisión ideada por el periodista Dave Simon, que muestra, con detalle y realismo, cómo operan las bandas de narcotraficantes en ciertas zonas de Baltimore, una de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos. También podría ser un retrato escrito de alguna de las muchas favelas de Brasil controladas por organizaciones criminales (el PCC, el Comando Vermelho, etc.), o de cualquiera de las “zonas grises” existentes en prácticamente todas las ciudades del planeta.

La cita es, precisando, un extracto de un reportaje sobre el narcotráfico en un barrio de Santiago de Chile, una de las ciudades más seguras de América Latina.

Las zonas grises, vale decir aquellas en las que prima el uso discrecional y desregulado del poder, y donde las reglas derivadas de los procesos democráticos son reemplazadas por la ley del más fuerte, proliferan en el mundo. En el centro y la periferia, en Occidente y en Oriente, los Estados se muestran incapaces de contrarrestar la poderosa sinergia que se produce entre pobreza, marginalidad y narcotráfico.

El prohibicionismo y la guerra sin cuartel contra las drogas, impulsada desde hace varias décadas por Estados Unidos, han generado efectos distintos a los buscados. Las organizaciones criminales siguen, a pesar de todo, enriqueciéndose, al tiempo que la violencia recrudece en todos los países en los que se produce o por donde transita la droga, particularmente la cocaína, hacia el principal país de consumo, Estados Unidos. Las zonas grises se multiplican al interior de Estados estructuralmente débiles y corruptos, y también en Estados fuertes. La corrupción avanza, impulsada en parte por los cientos de miles de millones de dólares generados anualmente por el narcotráfico; los asesinatos aumentan dramáticamente en Centro América, México y el Caribe.

Los índices de homicidios en algunos países como Honduras son alarmantes: 82,1 asesinatos por cada 100 mil habitantes, más que en ningún otro país del mundo. En la ciudad de Ceiba ese número se eleva hasta los 174,2 muertos por cada 100 mil habitantes. Esto es más de 10 veces el promedio de asesinatos en las Américas (16/100.000), y 25 veces el promedio mundial (6,9/100.000)*.

En Honduras los homicidios aumentaron un 100% entre el 2005 y el 2010. En México un 65%. En ambos casos, los asesinatos se concentraron en el norte, en zonas por las que transita la droga. Por otro lado, en Jamaica el 60% de los cerca de 1500 homicidios anuales están vinculados con el narcotráfico. 65% en Trinidad y Tobago (Diálogo 2010).

En Sudamérica, el narcotráfico ha financiado a grupos insurgentes, contrainsurgentes, terroristas y, por cierto, a políticos corruptos. Dio (y sigue dando) sustento, directo o indirecto, a la violencia que produjo decenas de miles de muertes en Perú y Colombia en décadas pasadas. Ambos países son, coincidentemente, los principales productores de cocaína del mundo.

El esfuerzo por reducir la producción de cocaína en Colombia -principal productor hasta el 2010- tuvo por resultado el aumento de la producción en Perú, que superó a Colombia en el ítem cocaína pura. Además, mientras las hectáreas cultivadas con coca han ido disminuyendo en Colombia han aumentado en Perú y en Bolivia. Este fenómeno se conoce popularmente como efecto globo: si presionas en un punto el problema surge en otro.

Informes recientes señalan que el departamento de Loreto -el más grande del país, colindante con Colombia y Brasil- se ha convertido en el nuevo punto neurálgico del cultivo de coca en el Perú, superando ampliamente al denominado VRAE (Valle de los Ríos Apurímac y Ene). Si bien la información no ha sido confirmada, en un reciente viaje a la zona pude constatar la preocupación de algunos empresarios madereros, quienes aseguraron haber encontrado cultivos en sus concesiones forestales. La preocupación es doble, puesto que afirman que las autoridades no dan importancia al hecho. Similares inquietudes se escuchan en ciertas regiones de la Selva Central, como en Codo del Pozuzo, en las que no se registraban cultivos.

Todo lo anterior pone en evidencia que la guerra contra las drogas no solo fracasó: además ha sido y es contraproducente. El daño colateral es enorme; mucho mayor que cualquier beneficio que puedan esgrimir quienes la defienden. La lógica prohibicionista ha llenado las cárceles del mundo de microtraficantes y consumidores, a un costo monetario altísimo para los Estados. La penalización del consumo impide que la drogadicción -y su impacto en la sociedad- sea abordada como lo que es: una enfermedad y un problema de salud pública.

Las enormes ganancias generadas por el narcotráfico -que se explican en parte por los altos precios propiciados por la guerra contra las drogas- contribuyen la proliferación de zonas grises en todo el mundo, corroen instituciones y debilitan la democracia. En algunos países el resultado ha sido un círculo vicioso de corrupción-ilegalidad-violencia-corrupción del que es muy difícil escapar.

Al analizar el problema del narcotráfico y las consecuencias de la guerra contra las drogas desde América Latina, debemos tener en cuenta que nosotros no solo ponemos la materia prima -la coca, la marihuana, etcétera-: también pagamos los mayores costos institucionales y -lo más dramático- ponemos a los muertos.

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Comentarios

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10 de mayo

Hay una frase que con respecto a la guerra contra las drogas tiene mucho sentido: la virtud sólo surge de la libertad.

El fracaso de la prohibición de las drogas para evitar el crimen es un hecho, y sólo ha generado más incentivos perversos y efectos no deseados en torno a las drogas. Si comparamos entre beneficios y costos, la prohibición no ha generado ninguna clase de beneficios, los costos de su aplicación superan a los beneficios.

No obstante, se continúa con una política prohibicionista que claramente lleva al fracaso. Es decir, se contradice a la idea que se atribuye a Einstein: “Loco es aquel que, haciendo siempre lo mismo, espera resultados distintos”.

Esa tozudez y locura con respecto a la prohibición tiene una raíz profunda en una idea antigua, que tiene relación con que el Estado, los gobiernos o el poder político, deben moralizar a los ciudadanos para imponer el bien, o impedirles el mal para evitar otros. Y por ende, con la idea de que el Estado debe y puede controlar, regular e incluso prohibir ciertas cosas, conductas, en diversos aspectos de la vida humana.

La liberalización de la drogas es un dilema tremendo, para quienes tienen esa noción de que el Estado debe imponer el bien, porque eso rompe con una noción básica del Estado mismo, en cuanto poder mongólico para decidir de manera arbitraria qué se prohíbe y qué no, o qué es bueno y qué no para las personas.

No es extraño entonces que pocos gobiernos acepten la total liberalización de las drogas –aún cuando de ello se podrían obtener mayores beneficios-. Pero claro, se pierde esa noción paternalista tan ligada al poder estatal, de la cual tanto les gusta a los gobernantes de todo color.

Saludos y paz

11 de mayo

Hola Jorge. Muchas gracias por el comentario. En general estoy de acuerdo con lo que planteas.

Solo discrepo en lo siguiente: a mi entender el Estado -a través de mecanismos democráticos- sí debe definir -hasta cierto punto- lo bueno y lo malo, lo que está socialmente bien y mal, aunque esto afecte la libertad individual. El punto es que aquello se debe hacer con criterios objetivos -en lo posible-, no arbitrarios, y democráticamente.

Estoy absolutamente en desacuerdo con la arbitrariedad con que se prohíbe la marihuana y se permite el consumo y comercialización de alcohol, por ejemplo.

Saludos.

10 de mayo

Fe de erratas: Dice poder mongólico. Debe decir, poder monopólico.

Jhonny

17 de julio

Sergio, acatei a sgseute3o de tirar o reciclar, realmente e9 um termo que pode sair, o 2.0 e9 um facilitador ..para o pessoal entender que 2.0 e9 igual a desintermediae7e3o, mas concordo que este3o gasto. Tereza, isso, acho que escolas experimentais deveriam ajudar nesse processo;Carla, seria interessante analisar esse sentimento alunos ne3o querem aprender e ver como isso se daria em ambientes novos e mais motivacionais. Meus filhos estudam, mas tambe9m ne3o gostam da escola, pois ne3o se sentem respeitados, pois ne3o entendem o motivo e a relae7e3o de tudo que lhes e9 passado,grato a todos,abrae7osNepf4.

Mónica Corral

11 de mayo

El problema principal ,yo pienso,es el de la pobreza en esos países.La gente cultiva cocaína para salir o sobrevivir a una situación de extrema pobreza.Esto por una parte y por otra hay muchos políticos corruptos que apoyan esto,sumado a guerrillas.Habría que intentar erradicar la pobreza con educación,con cultivos alternativos, por ejemplo que apoyen el uso de combustible bio aumentarán los cultivos de cereales que produzcan riqueza,eliminar a los políticos corruptos e interrumpir la cadena hasta el consumidor,pero todo esto tendría que ser un esfuerzo conjunto,no sólo en un país si no en todos aquellos susceptibles de caer en este tipo de dinámica.Bueno todo esto es mi humilde opinión ,yo no conozco el tema en profundidad.Un saludo.

11 de mayo

Muchas gracias Mónica por tu comentario.

Efectivamente uno de los problemas sobre los que se sustenta en general la ilegalidad es la pobreza -y la precariedad de la población-. Algunos académicos llaman a esto los “riesgos estructurales” que favorecen el surgimiento de “amenazas no militares” (narcotráfico, trafico de armas, trata de personas, contrabando, etc.). Los riesgos estructurales se observan principalmente en Estados débiles, que son aquellos incapaces de brindar bienestar -o bienes políticos- a la ciudadanía.

El fenómeno de la corrupción es sumamente complejo. No basta con eliminar a los corruptos. La corrupción se transforma generalmente en una forma institucionalizada de hacer las cosas, se convierte en costumbre, no de unos pocos sino de muchos (como muestran los índices de corrupción en Paraguay, por ejemplo). El dinero generado por el narcotráfico y por otras actividades ilegales contribuye enormemente a institucionalizar la corrupción.

Saludos,
Daniel Bello

11 de mayo

Estimado Daniel, el Estado debe proteger la vida de las personas, y su propiedad, pero no debe decirles cómo vivir sus vidas o que hacer con sus cosas. El Estado debe sancionar crímenes, es decir, actos por los que un ser humano daña la persona o propiedad de otro.

Cuando le concedes el derecho a decidir qué es bueno y malo, pasamos del tema de la sanción criminal, a la sanción moral. Y entonces lo bueno y lo malo queda a criterio de los déspotas –o gobernantes- de turno. Por lo tanto, el criterio objetivo –no dañar a otros o sus bienes- se pierde.

En lo personal, creo que la solución es liberalizar. Así, la gente tendría otras fuentes de trabajo, eliminas el mercado negro y las mafias, la producción mejora, los consumidores pueden exigir mejores productos, el Estado puede aplicar impuestos y destinar lo captado para educar y prevenir consumo, etc.

La ilegalidad se sustenta en el Estado, no en la pobreza. Es la ilegalidad la que genera pobreza en ese sentido, porque no puedes llevar a cabo tu negocio de manera abierta.

Saludos y paz

11 de mayo

No estoy de acuerdo. El Estado debe, por ejemplo, determinar la obligatoriedad de la educación, como de hecho hace. En este sentido el Estado señala que la educación es “buena” para el individuo y para la sociedad.

Otro ejemplo: el Estado determina que hay ciertos derechos y deberes de un padre/madre para con el hijo/hija, indicando, a través de los marcos normativos, que es “bueno” que un hijo/hija tenga una determinada relación con los padres/madres.

En democracia, quien determina qué es bueno y qué es malo es la sociedad a través de mecanismos democráticos. El ideal es lograr que esos mecanismos sean cada día más inclusivos y participativos.

Con respecto a las drogas ilegales, yo estoy por despenalizar el consumo y regular la producción y comercialización, pero estudiando detenidamente la casuística. No estoy por liberalizar totalmente la industria de la cocaína, o de opiáceos. Hay que analizar detenidamente las alternativas y evaluar las posibles consecuencias.

Saludos.

Alla

16 de julio

Totalmente de acuerdo con los aeccnals de la tecnologeda en muchos aspectos, podemos estudiar, hacer transferencias de dinero, operaciones de compra venta, comunicarnos en forma privada y pfablica, pero es imprescindible que los intervinientes cuenten con un ordenador, en el caso de los paedses mab4s pobres donde los grupos que necesitan asistencia no tienen ni comida no hay ordenadores a disposicif3n de los necesitados. un grupo de contencif3n al violento, o al adicto necesita un espacio fedsico la computadora n ocupa el lugar del humano en estas circunstancias, y cuando damos talleres para tener salidas laborales re1pidas y sustentables, no podemos hacerlo por la red, los destinatarios no se acercaredan a esos proyectos aunque les regalare1mos una P.C. a cada uno, la usaredan para jugar.

15 de julio

Legalizar las drogas, no tiene ningún efecto positivo en la salud publica, todo lo opuesto, lo que sucede con el alcohol y el tabaco es un indicador claro de que pasara con la Mariguana legal, con el detalle que los narcotraficantes se centraran en las drogas aun ilegales, forzando a una liberación completa de ellas.
El problema de las drogas es un problema de “Demanda”, debemos como sociedad detectar quienes las usan y tratarlos medicamente, cada empresa debiera requerir examen de drogas, legales e ilegales cada año a sus empleados, y tratarlos.

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31 de julio

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