Cuando Chile dijo «No» a Estados Unidos

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En términos prácticos, Chile nunca votó en contra de la invasión porque Estados Unidos no estuvo dispuesto a exponerse al veto francés ni menos a dejar en evidencia su incapacidad para concitar el apoyo de la sociedad internacional. Fue una semana antes de la invasión cuando Lagos comunicó a Bush –en una bien documentada conversación- que no contaría con su apoyo en Irak

Son poco frecuentes los asuntos de política internacional que han logrado captar la atención de la opinión pública chilena desde el retorno a la democracia. En las últimas semanas fuimos testigos de la expectación generada por la fase oral del diferendo en La Haya, tal como lo fuera a inicios de los noventa el caso Honecker o a fines de la misma década la detención de Augusto Pinochet en Londres.

Por estos días se cumplirán 10 años desde que Chile tomara asiento por cuarta vez en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Durante las semanas posteriores se desarrollaría uno de los sucesos más relevantes y, a la vez, menos estudiados de la trayectoria de la política exterior chilena contemporánea. El país se vio inmerso en el debate que precedió a la invasión estadounidense (y de unos pocos más) a Irak; uno de los momentos más críticos de la política internacional en lo que va del siglo.

Pocas semanas antes de que Irak reemplazara temporalmente a los efectos del caso MOP-Gate como centro de la agenda política nacional, la Cancillería había finalizado con éxito las negociaciones del tratado de libre comercio con Estados Unidos, dejando atrás las frustraciones producidas por dos rondas fallidas en un lapso de diez años. Por distintos canales, la diplomacia washingtoniana hizo saber al gobierno de Ricardo Lagos que una postura desfavorable a los intereses estadounidenses en el Consejo de Seguridad pondría en riesgo el camino que aún le faltaba recorrer al tratado para su ratificación.

Contrariamente a las expectativas que podría generar un país que se describe a sí mismo como pequeño y distante, Chile desempeñó un papel destacado en las negociaciones en el Consejo de Seguridad. La gran polarización entre los miembros permanentes y su incapacidad para alcanzar consensos hizo que los rotativos –en su mayoría, países pequeños y medianos- por momentos tomaran las riendas de un debate que conducía a una guerra que, por el voluntarismo estadounidense, resultaba inevitable. En efecto, Estados Unidos iría a la guerra con o sin el apoyo de Naciones Unidas y así se lo había hecho saber a las autoridades chilenas.

Las conversaciones del más alto nivel diplomático no cesaron entre enero y el 17 de marzo, dos días antes de que Estados Unidos desplegara su fuerza militar. Lagos sostuvo conversaciones con los principales líderes del mundo, entre ellos su correligionario de la tercera vía Tony Blair, quien, por su afinidad ideológica con el presidente chileno, había asumido la tarea de convencerlo de apoyar la invasión, al tiempo que George W. Bush intentaba hacer lo mismo con Vicente Fox. Ambos fracasaron.

En coordinación con México –el otro país latinoamericano en el Consejo de Seguridad-, Chile adoptó una posición equidistante entre los estancos bloques liderados por Estados Unidos y Francia, respectivamente. Vistas por separado, las posiciones de los países latinoamericanos eran moderadas; en conjunto, constituían una férrea oposición a la invasión y un apoyo de principio al multilateralismo de Naciones Unidas. En esto fue determinante el rol del embajador Juan Gabriel Valdés quien, por coincidencias de la vida, guardaba una estrecha amistad con su par mexicano, Adolfo Aguilar Zínser.

En términos prácticos, Chile nunca votó en contra de la invasión porque Estados Unidos no estuvo dispuesto a exponerse al veto francés ni menos a dejar en evidencia su incapacidad para concitar el apoyo de la sociedad internacional. Fue una semana antes de la invasión cuando Lagos comunicó a Bush –en una bien documentada conversación- que no contaría con su apoyo en Irak. En las semanas que siguieron, las relaciones entre ambos gobiernos se enfriaron, mientras en Chile diversos personeros y analistas (de izquierda, centro y derecha) lamentaban la innecesaria y excesiva exposición del país en asuntos que no eran de su incumbencia… ¿Para qué meterse en las patas de los caballos con un tratado de libre comercio ad portas?

Contraviniendo los malos augurios y temores de muchos, Chile y Estados Unidos suscribieron el tratado pocos meses después, en una ceremonia de bajo perfil. Washington no podía castigar al Estado llave que le permitía marcar presencia en una región en la cual avanzaban con rapidez gobiernos con discursos anti-imperialistas. Los costos de no suscribirlo eran, al fin y al cabo, más altos para Washington que para Santiago. De no hacerlo, el Departamento de Estado se hubiera quedado sin política exterior hacia América Latina.

Con la perspectiva del tiempo a nuestro favor, la decisión de no apoyar la invasión resultó ser acertada al lograr concretar el tratado de libre comercio sin comprometer la mínima independencia que se espera de un país que dice ser soberano. Las aprensiones respecto a las potenciales consecuencias negativas que implicaría el oponerse a la invasión a Irak aparecen hoy como desmedidas al contrastarlas con los reales costos que debió asumir el país, los cuales, en la práctica, fueron virtualmente nulos.

Lagos no sólo fue quien tomó la decisión sino que también fue su diseñador e implementador, con el respaldo de un segundo piso que, de alguna forma, sustituyó a una Cancillería que no estuvo dispuesta a poner en riesgo las relaciones comerciales con Estados Unidos. Quien afirme que influyó de manera determinante sobre el Presidente probablemente exagera.

Por lo anterior, este caso es muestra clara del más importante déficit democrático que aqueja a nuestra política exterior: la excesiva concentración del poder decisorio en el Presidente de la República, quien dispone de las capacidades del Estado en el sistema internacional sin contrapesos institucionales significativos. A esto se suma la ausencia de un debate sustantivo sobre esta política pública bajo el amparo de un consenso espurio y conservador.

No obstante lo anterior, este episodio ha sido la más contundente demostración del compromiso del país con el Derecho Internacional y el multilateralismo, sentando un precedente trascendental para los países que, como el nuestro, carecen de los suficientes recursos de hard power para jugar un rol decisivo en la política internacional. No sólo las grandes potencias tienen algo que decir respecto al destino de la humanidad. Las potencias emergentes y, en especial, los países pequeños tienen la responsabilidad, en la medida de sus capacidades, de contribuir a la preservación del orden en la sociedad internacional y a que éste sea más justo.

Publicado originalmente en enero de 2013 en Politika.cl.