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Asamblea Constituyente de Colombia 1991: lecciones de un país hermano

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Los chilenos estamos acostumbrados como nación a que nadie en el continente nos venga a decir hacia dónde tenemos que llevar nuestros procesos políticos. Esgrimiendo razones de dudosa superioridad institucional frente a varias “democracias de opereta” y “repúblicas bananeras” del vecindario regional, nos sentimos con el derecho de desoír cualquier iniciativa histórica sólida, bien intencionada y exitosa que en términos políticos haya surgido allende los Andes. Nos seguimos dando de cabezazos con nuestra historia reciente, sin ser capaces de ver que la respuesta, lejos de salir de un mamotreto político escrito en Europa durante el siglo XIX, puede venir de un país vecino, tan golpeado y sufrido como el propio Chile.

El contexto temporal es el fin de la Guerra Fría pero, para efectos de los casos a comparar, poco importa lo que hayan opinado EE.UU. o la Unión Soviética al respecto (“Mecas” de la Libertad o la Perdición para la izquierda y derecha chilenas hasta hoy, según la ventaja política que quieran sacar de ello). El país en concreto es Colombia. Sí, exactamente la misma Colombia azotada por guerrillas y paramilitares en las zonas más frondosas de su geografía, y enfrascada en el más sangriento e inédito duelo entre un Estado y un ciudadano jamás visto.

Hablamos de la Colombia de Pablo Emilio Escobar Gaviria, el “Patrón del Mal”, quien en 1989 era el principal proveedor de cocaína a nivel mundial – contando con una de las mayores fortunas del mundo – y asesinaba a destajo a cientos de civiles inocentes, incluidos jueces, ministros y a un carismático candidato presidencial que prometía barrer con el narcotráfico en el país.

Mientras medio Chile celebraba la victoria del Plebiscito que ponía fin a más de 17 años de dictadura, los colombianos manchados con sangre y lágrimas de sus deudos caídos en la guerra contra la corrupción y el terrorismo se lanzaban a las calles a abogar por una nueva constitución. La constitución hasta entonces imperante había sido redactada en 1886, y repartía al país groseramente entre las élites cafeteras de liberales y conservadores, que en lo único que diferían era en su grado de apego confesional a la Iglesia.

Fue el propio presidente colombiano Virgilio Barco – a dos años de asumir su cargo de cuatro posibles – el que inició el proceso para reformar la constitución, con el fin de “sentar las bases de un acuerdo político para el país”, según sus propias palabras. La oposición conservadora reaccionó – para sorpresa del lector chileno – de forma positiva, aunando esfuerzos para sacar adelante la magna iniciativa. En paralelo, un gran movimiento estudiantil llamado “Todavía podemos salvar a Colombia” contribuyó con presentar la propuesta de la Séptima papeleta, el cual consiguió incluir en el voto para las parlamentarias del año 1990 un apartado adicional solicitando una consulta popular para la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

El poder judicial colombiano participó activamente en este gran y verdadero “acuerdo país”, que por su naturaleza y participación está a años luz de los pobres y mezquinos símiles que ha enarbolado la clase política chilena desde el fin de la dictadura. La Corte Suprema colombiana avaló el resultado de más de 2 millones de votos, aprobándose por casi el 86% de los electores la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

A fines de 1990, y mientras en Chile se iniciaba la transición hacia la democracia con un presidente Aylwin ocupado en reinsertar al país en el concierto internacional y esclarecer las violaciones a los DDHH a través del Informe Rettig, los colombianos elegían los delegados para su Asamblea Constituyente, como una forma democrática no sólo de refrendar la evolución política necesaria para su país, sino también como un sello al proceso de paz que se llevaba a cabo con grupos armados.

Fue tal el nivel de inclusión política de esta gran iniciativa nacional, que se incluyó a 4 constituyentes venidos de las guerrillas, con voz pero sin voto. Cada partido presentó diversas formas de levantar a sus delegados – algunos a través de plataformas mediáticas, como se ve en el video adjunto – y fue así como se eligieron 70 delegados constituyentes con voz y voto en la Asamblea, más los 4 mencionados arriba.

Se debatió y preparó la nueva constitución durante todo 1990, y un año después ya estaba lista y firmada por todos los delegados. Fue así como el 4 de julio de 1991 se entregó la redacción final de la magna carta constitucional, para ser puesta a disposición de todos los ciudadanos colombianos. Esta carta magna sigue rigiendo los destinos de Colombia hasta nuestros días.

¿Qué enseñanzas podemos sacar hoy en Chile de la historia colombiana reciente al respecto? Partamos de la base primeramente de que ambos países hermanos han vivido proceso políticos paralelos que en muchos casos se desconocen entre sí. En nuestro país no tuvimos el nivel de violencia desatada de forma tan abierta y explícita como en Colombia, concedido; pero veníamos saliendo en esa misma época de una situación tan siniestra como terrible: el terror oculto de desapariciones, torturas y supresión de la disidencia a través del exilio.

Si remontamos el caso colombiano a la actual situación política chilena, podemos encontrar el siguiente escenario: los tres poderes del Estado actualmente no están dispuestos a llamar a Asamblea Constituyente. Algunos de sus candidatos prometen vacilantes cambios que no podrán cumplir, en gran medida presionados por el mayor empoderamiento y criticismo por parte de una ciudadanía que despierta de un largo “coma político”. El fantasma de la violencia y terror – que en el caso chileno no venía desde el narcotráfico y las guerrillas, sino del mismo Estado convertido en implacable policía – parece en cierta forma haberse exorcizado hoy. De Pinochet queda hoy sólo su memoria y legado económico. Su legado político, renegado por sus otrora simpatizantes, parece haberse esfumado junto con su cadáver.

Colombia con su historia reciente da un tirón de orejas a los tres poderes del Estado chileno contemporáneo. Sirve además como ejemplo para los estudiantes y movimientos sociales actuales, para seguir luchando en pos de una nueva regla del juego, más justa y acorde a las realidades que la ciudadanía reclama. Y finalmente, nos enseña a todos como chilenos que, en vez de andar buscando ejemplos de países-modelo fuera de nuestro alcance geográfico, no es mal ejercicio dejar de ser tan chauvinista con respecto a nuestra historia, y comenzar a sentirse más latinoamericanista sin creer que eso nos hace ser más “sudacas”, “populistas” o “bananeros”.

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13 de junio

Comparto con uds. un par de artículos de la Constitución de la República de Colombia de 1991, que dan para pensar hasta dónde podemos llevar en democracia, por la vía legalista, los sueños y esperanzas que muchos queremos plasmar en un Chile mejor:

“La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece.” – Título I, Art. 3.

“El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”. – Título I, Art. 7.

“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”. – Título II, Art. 13.

“Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas”. – Título II, Art. 15.

“Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su
pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.
Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.” – Título II, Art. 20.

“Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho.” – Título II, Art. 37.

“La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de este
subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada. El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia.” – Título II, Art. 43.

“La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud (…) Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad.” – Título II, Art. 49.

“Se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador.” – Título II, Art. 56.

Jose Gatica

14 de junio

Que tremendo ejemplo nos da Colombia ,lo que significa que como pueblo no entendemos todavia lo que significa Asamblea Constituyente o como autoridad o
lider politico tienen miedo a perder sus sueldos millonarios y asi seguir disfrutando de las coimas y beneficios otorgados por empresas chilenas y multinacionales. Le temen a los cambios y al pueblo que pide a gritos participacion y fin a los abusos de parte de los grupos economicos.

14 de junio

Así es José, Colombia nos da HOY un gran ejemplo de que en democracia, aún si se viven tremendos episodios de violencia y corrupción en el país, es posible a través de un GRAN ACUERDO NACIONAL llegar a formar la voluntad política para cambiar el destino de una nación.

Saludos

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