«(…) nadie tiene el derecho moral ni religioso de decidir sobre el conjunto de las mujeres, pero si tienen la obligación de respetar el derecho de cada una de nosotras a decidir sobre nuestro cuerpo y a permitirnos comenzar a replantear el rol histórico de la mujer en la sociedad.»
Hoy Chile se enfrenta a un debate histórico acerca del proyecto de ley que permitirá despenalizar el aborto en tres causales: caso de riesgo de vida de la mujer, violación e inviabilidad del feto.
Si revisamos la historia del aborto en Chile, podemos ver que la concepción que se tiene de este método, ha tenido matices ideológicos de acuerdo al contexto social de la época. De acuerdo a la investigación de Claudia Dides, “Aporte al debate sobre el aborto en Chile: Derechos, género y bioética”, en los años previos a 1930, “cuando el aborto tuvo el estatus de grave problema de salud pública y se autorizó en caso de grave riesgo para la vida o la salud de la mujer, a través del Código Sanitario, el aborto inducido había permanecido en el ámbito de la vida privada y no constituía preocupación de la opinión pública, de las autoridades ni de otras instituciones”. Posterior a 1930, con la primera propuesta de legalización, el debate respecto al aborto se trasladó al ámbito de lo público.
En 1935, se planteó que habían razones legítimas para interrumpir el embarazo, como la violación, el incesto, la pobreza o inviabilidad fetal. En ese sentido, la propuesta daba un paso significativo en cuanto al aborto terapéutico como procedimiento clínico que, según el Código Sanitario de 1931, podía realizarse «sólo con fines terapéuticos (…) y para proceder a esta intervención se requerirá la opinión documentada de dos médicos cirujanos»
De acuerdo a lo expresado por la historiadora, María Soledad Zárate, al finalizar la década de 1950, la alta tasa de mortalidad en mujeres producto de abortos provocados, pasó a ser considerada una epidemia que el Servicio Nacional de Salud intentó combatir a través de un aumento en la cobertura del control prenatal, del parto y también incrementando los subsidios materiales para las mujeres. De las políticas puestas en marcha, el Programa de Planificación Familiar impulsado en 1964, aportó de manera relevante en el propósito de reducir las tasas de aborto y de mortalidad de la mujer, destacándose a nivel mundial.
Este contexto, señala que la discusión sobre el aborto, fue materia de un debate histórico que cruzó poco a poco la frontera hacia lo público y que nunca cuestionó la existencia del aborto terapéutico, más bien potenció la discusión sobre las políticas de educación sexual y de acceso a métodos anticonceptivos en una época en que los debates en relación a la identidad de género, la sexualidad o los derechos reproductivos, por ejemplo, no estaban siendo objeto de debate para la opinión pública.
El 24 de agosto de 1989, pocos meses antes de la retirada militar, la dictadura de Pinochet prohibió el aborto terapéutico reemplazando hasta en ese entonces vigente Artículo 119 del Código Sanitario por lo siguiente: «No podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto». Sin embargo, desde 1994 se han presentado diversos proyectos de ley que tienen por objetivo restablecer la política de aborto terapéutico.
Dentro del momento histórico en el cual nos encontramos, la puesta en marcha de proyectos de ley que apunten a resolver este tema desde el punto de vista de la salud pública, debe responder a pisos mínimos en cuanto al respeto de los derechos humanos de las mujeres y a garantizar el acceso a estos métodos y procedimientos de manera igualitaria e inclusiva, dónde el foco no esté bajo ningún punto de vista en el nivel socioeconómico.
El aborto como un tema de salud pública y de derechos humanos, pone sobre la mesa los aspectos centrales que se deben atacar: disminución de centros de abortos clandestinos, muerte por precarios procedimientos abortivos, mortalidad por embarazos riesgosos y el castigo social hacia la mujer por su decisión de abortar.
En este debate, las perspectivas conservadoras, moralistas o las visiones históricas religiosas no tienen cabida, puesto que nadie tiene el derecho moral ni religioso de decidir sobre el conjunto de las mujeres, pero si tienen la obligación de respetar el derecho de cada una de nosotras a decidir sobre nuestro cuerpo y a permitirnos comenzar a replantear el rol histórico de la mujer en la sociedad.
Comentarios
04 de agosto
Está buenísima Barbara!
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