Los más de 12 mil trabajadores de la Flota Pesquera Industrial de Arica a Punta Arenas están en pie de guerra ante los cambios que podrían realizarse a la Ley de Pesca en aspectos que afectarían directamente el empleo de este sector que destaca por tener un 90% de sindicalización. Es por ello que esta mañana unos 30 dirigentes del personal embarcado fueron recibidos en Santiago por representantes de la CUT para pedir su apoyo por lo que consideran una vulneración de los derechos de los trabajadores.
Tras la cita, los hombres de mar marcharon hacia La Moneda para entregar una carta para la Presidenta de la República, Michelle Bachelet. En la misiva plantean que “nuestra alarma hoy se enciende ya que, ante la inconstitucionalidad de anular la Ley de Pesca, el Ejecutivo forma una Mesa de Trabajo para modificar los siguientes puntos que nos afectan negativamente de forma directa: licitación; fraccionamiento; Licencias Transables de Pesca a 20 años; eliminación de la pesca de arrastre; perforación a las 5 millas y plataforma social”.
“Nos preocupa que los miembros de la comisión parlamentaria designada para proponer las modificaciones a la Ley de Pesca sean los mismos que buscan destruir y hacer desaparecer a la pesca industrial, sin darse cuenta que con ello los primeros damnificados seremos los trabajadores embarcados, dado que perderemos nuestras fuentes laborales por la paralización de los barcos”, señaló Juan Carlos González, presidente del Sindicato de Patrones de Pesca de la Región del BíoBío.
A juicio del personal embarcado, la Ley de Pesca está siendo utilizada políticamente, “polarizando la discusión entre ‘buenos y malos’, entre ‘poderosos y desvalidos’ lo que, lejos de contribuir, ha creado una odiosidad entre los distintos actores de la actividad pesquera nacional y nos ha alejado del Chile Pesquero que todos queremos construir: una actividad sustentable que genere trabajo decente”.
Los trabajadores manifestaron su oposición a cualquier cambio que se pretenda hacer a la actual normativa pesquera sin antes haber discutido y acordado medidas de mitigación y protección social para los hombres de mar. “La Plataforma Social deberá quedar planteada desde el principio, ante el impacto que las modificaciones generarán en los trabajadores y su fuente laboral”, sostuvo Mariano Villa, presidente del Sindicato Interempresas de Aysén.
Según Miguel Ahumada, presidente de la Federación de Tripulantes de Chile, las políticas públicas deben estar orientadas al bien común, pero “con las propuestas de cambios a la ley de Pesca se ha tomado como bandera de lucha al sector artesanal, donde encontramos empresarios dueños de lanchas que convenientemente se convirtieron en armadores artesanales que hoy usufructúan de beneficios como una abultada facturación, pero sus tripulaciones no tienen contratos y son ante la sociedad para todos los efectos ‘indigentes’. Es decir, sin responsabilidad social de parte de sus empleadores, gozan del 78% de la cuota de la sardina y anchoa, del 80% del recurso jibia, del 40% de la merluza, congrio, etcétera”.
“Somos hombres de mar, pescar es lo que hemos hecho toda la vida, y ante el escenario que se nos presenta no nos queda otra alternativa más que luchar por nuestros derechos sociales”, concluyó.
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