Este 2013, no fue la excepción, y el Presidente Piñera no sólo hizo gala de ignorar por cuarta vez a una ciudadanía que, si bien está más empoderada, no ve eso reflejado en su clase dirigente, sino que también denotó que el conservadurismo es el verdadero punto en común de Chile.

El miedo a cambiar el statu quo hace que en la población chilena leyes como la Hinzpeter, revivida por el Presidente en su discurso, así como la Antiterrorista, defendida por el mandatario, porque la “batalla contra la delincuencia” no se da de forma holística, como es la mejor forma para que una sociedad resuelva sus temas, sino que hace dentro de los feudos de cada Ministerio, dividiendo con eficiencia administrativa las tareas, pero minimizando el alcance que estas pueden tener.

Un paréntesis: La ley que propone como delito el acto de “insultar” a un Carabinero es, ni más ni menos, que la restitución de la “detención por sospecha”, dado que el arresto puede ser proferido siendo, simplemente, provocado por la palabra de un Carabinero que indique que fue insultado. El proceso en la corte puede decir que el insulto no es comprobado, pero el arresto ya se realizó, por mera sospecha.

Así, para la delincuencia, se plantea el castigo; para las movilizaciones sociales, la represión; para la educación, becas y créditos; para la basa natalidad, bonos; para la desigualdad, mayor crecimiento económico. Esto junto con un extenso etcétera, donde se nota que no hay una visión país extendida, que vea el cuadro completo.

Para la delincuencia hay que evitar la desigualdad, que tiene como punto de inicio la crianza y la falta de educación preescolar universal de calidad, lo que genera diferencias que derivan en estudiantes de primera, segunda y tercera categoría que se desempeñarán en empleos de primer, segundo o tercer orden. Con esta desigualdad en ciernes, el crecimiento del país se limita a un modelo poco eficiente de exportaciones de materias primas y poco valor agregado. O sea, la educación es la base para la sociedad.

Y no se trata sólo de la educación superior, sino que la que recibe la sociedad entera. Que el Presidente gaste más tiempo en un discurso para hacer una referencia a una canción de Arjona, que para anunciar el proyecto de ley del muy necesario Ministerio de la Cultura y el Patrimonio (10 segundos), es un mal síntoma.

También es un mal síntoma un anuncio como el del bono al tercer hijo. En este momento, los únicos que tienen esa cantidad de hijos, son quienes pueden pagarlo, o sea la clase alta, y quienes no lo evitan quién sabe por qué motivo, como la clase más pobre del país. ¿Y dónde queda esa clase media a la que Piñera, y la clase política en general, más hablan? Fácil: ellos tienen, con suerte, un hijo, porque es lo que pueden criar en buenas condiciones, para ellos y sus hijos.

Pensando en la política de bonos, y en la falta de candidatos de su sector, no quepa dudas de que Piñera probablemente cimente su camino hacia otra candidatura presidencial, y sin Bachelet al frente y ningún liderazgo que se le pare enfrente, no sería descabellado que ganara, así como Michelle Bachelet, sea en primera o segunda vuelta, probablemente ganará en las elecciones de este año. Sí, la misma que no resolvió nada en educación más que un acuerdo en el que la clase política dejó las cosas, prácticamente, tal como estaban.

Pero un país con mala memoria como este, probablemente por lo terrible que es recordar tiempos más inmediatos, como los de dictadura, no puede dejar en el pasado esto: Piñera y la derecha se vanaglorian del crecimiento económico, y ponen esas cifras (cuestionables por lo ocurrido en el Ine y el Censo) como principal sello de calidad de su gestión, pero olvidan algo: Chile el 27 de febrero no sólo tuvo un terremoto y tsunami, sino que también tuvo uno de esos sucesos traumáticos que son capaces de hacer crecer una economía mucho más que en un año normal.

Esto es porque, o mantienes el país al mismo ritmo, o lo aceleras para poder trabajar en la reconstrucción, y así no es complicado crecer más. Ejemplos de eso podemos encontrar en cualquier país en posguerra.

Entonces, más allá de las “buenas intenciones”, las referencias a los “valores” y la constatación de que el conservadurismo católico sigue al mando del país, nada cambia, y así es complicado que exista esperanza en un futuro mejor. Tengo 24 años y ya tengo una resignación honda en un país donde la gente que manda sigue siendo la misma. Espero que llegue un 21 de mayo donde podamos decir que algo cambió, en serio, pero por ahora nos debemos conformar con identificar mentiras e imprecisiones en discursos que sólo se quedan en palabras que deshonran la tradición republicana de la cuenta pública y se transforman en marketing ingenuo.

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Existe, y está muy asentada en el inconsciente colectivo de las personas, la idea que la vida humana no tiene precio. Esta intuición ética (que la vida no tiene precio) está presente de manera transversal en todos nosotros. Parece sensata, correcta y casi obvia.

Es por eso que, si hacemos la prueba y le preguntamos a cualquier político o economista, ellos compartirían el axioma ético. La gran mayoría (por cierto, no todos) reconocerán que el dinero, las finanzas y el mercado tienen límites. Por eso, entre otras cosas, nos ofende la venta y mercantilización de órganos humanos para trasplantes. Ponerle precio a un hígado es traspasar ese límite. Ponerle precio a una vida humana, también.

Sin embargo, el secreto oculto de esta sociedad, la verdad no articulada y jamás explicitada, es que hoy en Chile, la vida humana sí tiene precio. Pocos se atreven a reconocer y afirmar explícitamente que nuestro sistema de salud se sustenta sobre la idea que la vida humana no es un derecho y que por lo tanto preservar y cuidar la vida humana es un privilegio reservado sólo para aquellos que tienen el dinero suficiente. Los hechos están ahí, a la vista de todos, pero pocos se animan a hacer las conexiones y establecer las relaciones que permitan hacer el nexo entre salud privada y la negación del derecho a la vida.

Ambas (salud privada y derecho a la vida) son incompatibles. Una es la negación de la otra. La salud privada contradice el derecho a la vida. Tan sencillo como eso. O una sociedad tiene salud privada, o esa misma sociedad acepta, promueve y defiende el principio universal de que la vida humana es un derecho y no tiene precio. Pero no se pueden tener ambas.

Con el sistema de Isapres, ocurre con demasiada frecuencia que las personas nos vemos en la necesidad de desembolsar millones de pesos para poder vivir. Para hacer efectivo el derecho a la vida, el sistema de salud privado exige que paguemos. Esto es la máxima expresión de la densión (la densión es el concepto que captura la tensión entre derechos y privilegios). Su vida tiene, literalmente, un precio. Venda su casa. Venda su auto. Pida un crédito. Lo que el sistema dice es que si usted quiere vivir, debe contar con el dinero necesario. Ante una enfermedad catastrófica o alguna enfermedad crónica, somos muchos los que podemos vernos obligados a pagar millones al mes. Millones para vivir. En última instancia, esos millones que usted debe pagar para mantenerse vivo es el precio que el sistema le ha dado a su vida.

No vote por Longuiera, Allamand o Velasco. Bajo ninguna circunstancia. Al ser partidarios de la salud privada, son partidarios de ponerle precio a la vida. Y si usted vota por ellos, usted avala esa idea.

Por eso, la solución parte por votar sólo por aquellos candidatos que propongan un cambio radical en las bases de la sociedad. Hay que eliminar el sistema de salud privada. Totalmente. Y hay que reemplazarlo por un sistema de salud público, igualitario y que cubra a las personas en todo evento y en toda circunstancia. Si nos tomamos en serio la idea que la vida humana no tiene precio, entonces es lógico y cuerdo implementar un sistema de salud universal. Y si es necesaria una gran reforma tributaria para financiar dicho sistema, que así sea.

Hay que tomar todos los pasos necesarios para ir en dirección a la salud universal. De lo contrario, el derecho a la vida se queda sólo en un concepto vacío.

*Columna publicada originalmente en Cambio 21

El enfoque de las leyes actuales y la nueva propuesta de ley, creadas para efectos de la protección y prevención de la violencia contra la mujer, continúan centrándose en la “violencia intrafamiliar”, invisibilizado los componentes de género que subyacen a esta problemática y que sitúan a las mujeres como sus víctimas principales. Mientras, no se reconozca o incorpore de una manera efectiva el enfoque de derechos humanos y de género en la comprensión del fenómeno, la respuesta estatal continuará siendo ineficiente y parcial, sin otorgar los mecanismos de protección necesarios para sus víctimas.

Podríamos decir que este nuevo proyecto se reduce a una declaración de “buenas intenciones” frente a las recomendaciones realizadas por el Comité de expertas de la CEDAW en su informe 2012 y por el Consejo de  Derechos Humanos de la ONU a través del Examen Periódico Universal, porque sigue siendo una interpretación reduccionista y parcial del fenómeno, desestimando lo solicitado por el derecho internacional de los derechos humanos de las mujeres: la violencia contra las mujeres es un delito permanente por su especificidad.

El proyecto incorpora un nuevo agravante: cometer el delito en presencia de testigos menores de edad.  Sin embargo, lo reduce exclusivamente para el maltrato habitual. Este agravante busca proteger  a los menores de ser testigos frecuentes de este tipo de violencia desde el enfoque del interés superior de las y los niños.  Sin embargo, no resguarda  el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, dejando fuera otras agravantes que si pudieran cautelar este derecho, con  independencia que ésta se realice en presencia de los menores de edad.  Esta lógica ha marcado las políticas del SERNAM encabezadas por la Ex Ministra Schmidt, olvidando que el principal rol –por ley- de quien conduce dicho organismo, es velar por los derechos de la mujer y que aún cuando las políticas de infancia requieran el apoyo de diversos sectores, no son responsabilidad de esta cartera.

Por otra parte, la propuesta incorpora las relaciones de pololeo, noviazgo o relaciones íntimas de pareja sin convivencia, demanda reiterada por las organizaciones de la sociedad civil y de mujeres que trabajamos en esta problemática.  No obstante, éstas  modificaciones no ofrecen una garantía real de resguardo del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en el contexto de este tipo de relaciones, dado que introduce el término “ejercicio habitual”, que puede ser homologable al de “maltrato habitual” cuestionado por las investigadoras de la CEDAW y las organizaciones de mujeres expertas en el tema, dando continuidad a  que finalmente no se investiguen penalmente todos los actos de violencia en este tipo de relaciones y todos los actos de violencia doméstica.

Respecto de suspensión del procedimiento judicial, el proyecto incorpora que debe escucharse la opinión de la víctima (actualmente basta que fiscal y juez se pongan de acuerdo).  Indica además que el tribunal responsable podrá de oficio o a petición de parte, citar a audiencia y, oyendo a todos los intervinientes, revisar y modificar una o más medidas. La indicación debiera considerar la exigencia de realizar una investigación acuciosa, toda vez que es fundamental como elemento reparatorio para las víctimas y además permite al Estado ejercer efectivamente su rol persecutor sobre el delito cometido.

El riesgo de la “letra chica” y “las buenas intenciones” se visibiliza además porque no va acompañada de un trabajo permanente de difusión y sensibilización a los encargados de aprobar y sugerir modificaciones de leyes encaminadas a la prevención del fenómeno y una real protección de las mujeres afectadas.  Tampoco recoge la opinión e información producida por las organizaciones de mujeres que han investigado sobre la “Ruta Crítica de la violencia contra las mujeres en Chile”, e instituciones académicas que han evaluado las herramientas procesales y la efectividad de la intervención judicial en la protección de las mujeres, que muestran los problemas que enfrentan las mujeres que deciden denunciar.

Este nuevo proyecto no resolverá las deficiencias o nudos críticos detectados en la administración de justicia, tanto en sede penal como en la justicia de familia y mientras no se resuelvan los “temas conexos” (pensiones de alimentos y otros ) o mientras la intervención del sistema penal para efectos de la violencia intrafamiliar, no considere las especificidades del fenómeno y continúe centrada en la persona del ofensor con un objetivo determinado, que es aplicar una sanción a una persona imputada de un delito y no a la protección de la víctima.

Asimismo, es importante señalar que no se contempla la existencia de una partida presupuestaria para el desarrollo de recursos humanos especializados en violencia de género (a través de una política de capacitación dirigida a jueces, defensores y fiscales), que permitan hacer exigibles la aplicación de sanciones penales, aún cuando la misma ley establece que sus operadores deben contar con las herramientas y formación suficientes.

Entre los aspectos valorables del proyecto, se reconoce la inclusión dentro de la definición actual de violencia “aquella que afecte la libertad o indemnidad sexual o la subsistencia económica”, como también la eliminación del perdón de la víctima en delitos sexuales. Sin embargo al estar inmersas en un proyecto de Ley sin un enfoque de derechos humanos y de género, pierden su fuerza.

Mientras no se logre una ley integral, que abarque la violencia de género en sus distintas formas y expresiones, desde las menos visibilizadas a sus máximas expresiones como el femicidio (intimo, no intimo y por conexión), y no se incluya los aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención prioritarios (reparación), necesarios para el abordaje del fenómeno, este tipo de proyecto de ley serán sólo iniciativas que reforzarán el tradicional concepto de violencia intrafamiliar y no lograrán la interconexión entre los distintos servicios del Estado para dar una  real garantía a las mujeres, niñas y adultas mayores a vivir una vida sin violencia, perdiendo con ello la oportunidad de contribuir efectivamente en la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

*Por Jimena Gallardo y Tatiana Hernández.

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La conclusión anterior podría resultar antojadiza, pero no deja de ser real. Fontaine, una persona que ciertamente no es de izquierda, y que ha sido un puente de comunicación  entre las elites empresariales y una cada vez más acomodada burguesía de la Concertación, estaba fuera de su puesto de trabajo por haber osado en sumarse a una pregunta que la ciudadanía ha estado haciéndose desde hace un tiempo, cada vez con más fuerza:

¿El sistema del que nos jactamos por años, es realmente la panacea?

Debido a que esta pregunta entró en su cabeza, es que el escritor hizo todo de su parte para plantear, en un escenario derechista, lo que en las veredas de las grandes alamedas se exigía. Más de alguna vez sentó en los cómo dos asientos de la tecnocracia a estudiantes como Camila Vallejo o Giorgio Jackson, quienes mostraban con evidencias claras que tras el desarrollo y el crecimiento, había un país que no lo percibía y que iba, con el tiempo, ampliando la brecha de desigualdad entre unos y otros. Esto, claramente comenzó a causar rabia e indignación en quienes veían cómo, de a poco, todos sus accionares y sus formas de hacer negocios eran llevados a la palestra para ser juzgados por un montón de personas que no estaban reconociendo lo que ellos significan para Chile. Lo grandioso que, según su razonamiento, es que gente de su prestigio exista y encabece grandes operaciones financieras.

Al contrario de lo que sucedió con las primeras protestas, hoy el empresariado ha mostrado su descontento de manera manifiesta, al borde de exponer a sus más pomposos representantes con caras consternadas, y de expreso hostigamiento. Todo porque sienten que lo que en un comienzo parecía una pequeña revuelta insignificante para el rumbo de la manera en que han hecho las cosas por años, hoy se ha convertido en una verdadera piedra en ese zapato de cuero fino que nunca ha pisado los pedregales que han machacado los pies de los  que logran captar la realidad desde abajo. Hoy hay un grupo que se siente amenazado, y por lo mismo está ejerciendo un poder que nunca han dejado de usar. Lo único diferente en esta oportunidad es que lo hacen con uno de los suyos que prefirió mirar hacia afuera y entender lo que la gente exigía, y logró encontrarle sentido. Logró conmoverse con las necesidadesde un Chile que no conocía.

Sintieron que había una traición, que Arturo los había abandonado en esta tarea de seguir propagando lo que ellos consideran la única manera de seguir existiendo: el libre, y desregulado, mercado. Vieron como su amigo, su hermano con el cual se juntaban en los mejores clubes de Santiago a debatir Chile, hoy se estaba alejando del camino para escuchar en las orillas lo que otros decían y despotricaban sobre el legado que ellos estaban construyendo. Sobre la injusticia que se desprende de muchas de sus prácticas y postulados que en varias oportunidades se defiende sin importar los costos. Esos costos que el despedido director del CEP no quiso seguir pagando, para  asumir otros que lo tienen como el descastado, el mal agradecido: el traidor.

Y, como muchas veces pasa, varios pro-despenalización en Chile estan celebrando sin haber leído más que lo que dice la prensa y no lo que dice el informe.

¿Qué dice el informe? Que un consumidor de drogas no es eso, un consumidor, es un enfermo. Y el adicto es un enfermo crónico. Durante todo el debate pro-despenalización en Chile, uno de los argumentos más dichos y más falaz es que hay “consumidores responsables”. No existe eso. Existen los que voluntariamente deciden drogarse, los que por motivos terapeuticos se drogan, y los que no se drogan, y los responsables son los que no se drogan o lo hacen porque su salud los obliga. Los otros, los que voluntariamente deciden drogarse, no solo son enfermos, son un problema.

El informe en ese sentido es muy lapidario con aquellos que sostienen que fumarse un porro es un derecho. Ni es derecho ni es sano y, para colmo, con su actuar perjudican a la sociedad. Su consumo nos obliga a todos los ciudadanos a destinar recursos hacia la represión y la sanción que necesitamos para otras cosas. Se señala que las inversiones destinadas a expandir las capacidades policiales, judiciales y penales desarrolladas a ese efecto pueden ir en detrimento de las inversiones en salud, educación y otros bienes sociales (página 7 Informe Analítico). ¿Es que el error está en el Estado que reprime? No, el error inicial esta en que alguien decida, voluntariamente y sin “necesidad” drogarse.

Los “motivos” para consumir una droga pueden ser múltiples dependiendo de multiples factores, pero uno es común a todos los consumidores: ignorancia. La mayor parte de los consumidores de drogas no saben nada de ellas, nada de los efectos que tiene, nada de nada. De ahí que lo “voluntario” de consumir una droga sea tan poco responsable. De hecho, el único punto a favor de la marihuana (mas bien de la cannabis) es que “La mortalidad por cannabis parece ser insignificante y no ha sido reportada de manera independiente.” (página 24 Informe Analítico)

¿Es que eso significa que no debe haber despenalización de la marihuana? No. ¿Significa entonces que el informe de la OEA respalda el autocultivo? No como les gustaría a los pro-despenalización chilenos.

Verán, ocurre que la OEA, tras analizar experiencias internacionales  alude que el autocultivo estilo “chipe libre” es imposible. La OEA trata a las personas que consumen drogas como “enfermos”, por lo que el autocultivo sólo podría realizarse por aquellos que certifiquen realmente que necesitan la marihuana para sus tratamientos o por ciertas personas,  bajo condiciones que implican sí o sí, represión (páginas 93 a 96 del informe Analítico)

Y ahí radica el principal problema de lo que plantean los pro-despenalización de la marihuana: la represión al consumo, si bien no sería la que tenemos ahora (que es en sí contradictoria), no se abandonaría del todo, porque los que consumen drogas lo primero que hacen es tirar la responsabilidad por la ventana, y luego su conciencia social.

Es muy interesante lo que concluye el informe sobre la violencia e inseguridad: si bien la violencia criminal asociada a la producción y el tránsito es practicada principalmente por bandas de delito organizado de carácter transnacional o incluso por bandas de microtráfico, eso no excluye la inseguridad asociada al consumo, o sea al comportamiento alterado de las personas cuando consumen sustancias psicoactivas (páginas 105 a 108 informe Analítico). No puede, nunca podrá desaparecer la represión, porque aún cuando se acabara el narcotráfico, como sociedad tendríamos otra violencia, la generada por los consumidores de drogas, que es algo que los pro-despenalización se niegan a aceptar con esa mentira autocomplaciente del “consumo responsable”.

Necesitamos despenalizar la marihuana, sí, pero no porque sea mas inocua que el tabaco (lo que es mentira) y no porque sea un derecho (que es mentira). Debemos hacerlo porque tenemos un problema con el consumo de esa droga, porque nuestra legislación es contradictoria y no ayuda a quienes son adictos, y porque todo eso afecta a la sociedad. No se están cumpliendo las labores de prevención y de disuación del consumo de ésta y de otras drogas, porque se desvían esos recursos hacia la represión que recarga a nuestros tribunales y nuestras cárceles. Y menos se está haciendo algo en materia de rehabilitación, porque usar recursos para rehabilitar a quienes son considerados “criminales” suena mal. Si se despenaliza la marihuana, no puede ser más que para ayudar a esas personas enfermas, e impedir que nos perjudiquen como sociedad. Algo así como lo que plantea el presidente de Uruguay José Mujica: “Si al que consume le doy una ración mensual y el tipo se me pasa, lo voy a tener registrado, le voy a decir ‘mijito, venga pa acá, usted tiene que internarse‘.

En el informe se propone a los Estados, ya que es deber del Estado proteger la salud incluso de quienes se envenenan con drogas. Pero eso es un error, porque si tenemos un debate sobre la despenalización es porque hay gente que consume o quiere consumir marihuana, así que son ellos los que tienen que hacer propuestas: ¿Qué proponen los pro-despenalización chilenos para prevenir el consumo de drogas, incluyendo a la marihuana? ¿Cómo impedimos o intentamos impedir que por experimentar tengamos a personas que se conviertan en adictas? ¿Cómo vamos a pagar los costos de una rehabilitacion sin que ello recaiga en personas que no consumen? ¿Cómo vamos a regular el autocultivo y cómo vamos a sancionar a quienes infringan las normas de autocultivo? ¿Cómo vamos a castigar a quienes cometan delitos y crimenes bajo efectos de drogas?… En suma: ¿cuáles son los límites que los pro-despenalización proponen para no seguir perjudicando a los que no consumen?

Si no se hace una propuesta por parte de los pro-despenalizacion que responda estas preguntas y otras, que demuestren que algo de conciencia social y de responsabilidad les queda, bien podrán marchar todos los fines de semana, porque seguiremos con la misma legislación.

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En este sentido, una de las mayores dificultades que presentan a nivel interno los recintos penitenciarios, es la violencia suscitada entre los mismos reclusos, lo cual supone graves problemas de orden y seguridad de los recintos, tanto para los mismos reos como para los funcionarios. El problema se produce cuando los funcionarios penitenciarios intervienen en la esfera íntima de los internos, cautelando elinterés del orden o disciplina dentro de la prisión.

El Reglamento de Establecimientos Penitenciarios (en adelante Reglamento), en su artículo 2 establece el derecho a la intimidad que poseen los internos. Este principio rector de la actividad penitenciaria, es reconocido al determinar que los internos se encuentran en una relación de derecho público con el Estado, de manera que fuera de los derechos perdidos o limitados por su detención, prisión preventiva o condena, su condición jurídicaes idéntica a la de los ciudadanos libres. El inciso 2º del artículo 5 del Reglamento confirma lo anterior, al señalar que Gendarmería procurará la realización efectiva de los derechos humanos compatibles con la condición del interno.

De lo prescrito, se puede desprender que la condición de libertad que posee el recluso antes de lacondena es el derecho que se encuentra privado, sin embargo, su derecho a la intimidad, derecho que no atenta contra el cumplimiento de la condena, sigue vigente en la persona del recluso. En otras palabras, las personas condenadas a penas de cárcel, que se encuentran privadas de libertad, se les restringe ese derecho, sin embargo, el derecho a la intimidad, o a la vida privada, subsiste aún estando dentro del recinto penitenciario.

En México, la Ley Orgánica Penitenciaria de 1979 no contiene una regulación específica del derecho a la intimidad personal y familiar de los presos. Es más, este derecho ni siquiera sale mencionado expresamente en el cuerpo legal. Sin embargo, no existe duda alguna para afirmar que dicho derecho ha de entenderse incluido en el artículo 3 de la Ley Orgánica, cuando se proclama genéricamente que la actividad penitenciaria se ejercerá respetando los derechos e intereses jurídicos de los recluidos, quienes, en consecuencia, podrán ejercitar los derechos civiles, políticos, económicos y culturales, siempre que no fuesen incompatibles con el objeto de su detención oel cumplimiento de la condena.

El punto de inflexión, se cristaliza cuando los funcionarios de Gendarmería vulneran el derecho a laintimidad que poseen los reclusos, para cumplir con su deber de vigilancia. En este contexto, resulta complejo conjugar, por un lado, el deber de vigilancia de Gendarmería, y por otro lado, el derecho a la intimidad que tienen losinternos. En otras palabras, es confusa la delimitación de estos derechos para que exista armonía, su ponderación resulta tan dificultosa como la determinación en el grado de importancia entre uno y otro.

Sin embargo, el deber de vigilancia tiene un punto límite, el cual si logra ser traspasado no hace másque limitar los derechos de los presos por la Administración penitenciaria, ya que la revisión e inspección que realizan los funcionarios se transforma en malos tratos, tratos abusivos, que generalmente quedan impunes, además de procedimientos internos en los cuales existe una escasa opción de reclamo, comoconsecuencia de la escasa asistencia jurídica que éstos poseen. En palabras del Tribunal Constitucional, este derecho a la intimidad es afectado en su esencia cuando se le priva (a los internos) de aquello que le es consustancial, de manera tal que dejar de ser reconocible.

En resumidas cuentas, el derecho a la intimidad es la esfera de protección que garantiza a los internos a estar solos si lo desean, a mantenerse apartados sin ser molestados por intromisiones arbitrarias de Gendarmería. El personal a cargo de la vigilancia y seguridad del penal, no puede intervenir en aquella esfera íntima de la vida del interno, ya que el deber de vigilancia que tienen los funcionarios de Gendarmería sobre los reclusos, llega hasta el límite de no vulnerar su derecho a la intimidad o vida privada.

Más que analizar tus propuestas concretas, me interesa como ciudadano chileno que se debate entre votar o no, diseccionar tu imagen y el espíritu con que se empapan tus palabras. Primeramente, debo concederte la tremenda fortuna política que te reporta la propagación viral de tu mensaje en internet. A diferencia por ejemplo del MEO de hace 4 años – quien sigue haciéndonos creer que estar casado con alguien de TV, ser hijo de un mártir de la dictatura militar y tener un guardarropas tarantinesco que marque estilo es suficiente para candidatearse – has jugado hasta el momento tus cartas de forma magistral sin caer en la “farandulización” de tu imagen.

Tu fortuna - hasta donde sabemos y queremos darte el beneficio de la duda – no se manifiesta precisamente en metálico. Tampoco proviene de cuoteos políticos y genuflexiones ante “agendas” con tufillo ideológico trasnochado. Tu fortuna proviene, paradójicamente, de tu actual pobreza a la hora de encumbrarte en encuestas que no te quieren reconocer. Eres un paria, un outsider, un aparecido en política, y en caso alguno procuro menospreciarte con estas palabras; muy por el contrario, la respeto enormemente. En una época donde dioses y héroes yacen lastimosamente en panteones cubiertos de polvo a nivel mundial, esprecisamente el anti-héroe aparecido, el Django vengador, el que se alza sino como defensor de las masas acríticas, al menos como la voz de una generación.

Y vaya que has sabido de forma magistrar apelar a la concienciageneracional: es cosa de ver los muchos cientos – sino miles – de jóvenes que podrían ser tus hijos escuchándote embelesados hablarpor megáfono en Valparaíso hace menos de un mes, donde el que noparticipó puede darle like a tus diatribas y compartirla enredes sociales. Tu revelación, en definitiva, es la de un Anonymous que por un momento se saca la máscara, y da un nombre y un RUT, así tranquilo, sin tener que gritarlo a viva voz mientras es secuestradopor agentes represores y encerrado en la maleta de un auto sin patente para nunca más ser visto y oído.

Juegas con fuego, Marcel, y algo en tus palabras parece disfrutar esa situación. Conoces perfectamente la historia política de este país para saber que, por ejemplo, casos de magnicidio comprobado contra líderes políticos de opinión son raros en democracia– salvo el caso de Jaime Guzmán, en circunstancias particulares donde precisamente la democracia era protegida a más no poder. Sabes que no terminarás con el infausto destino de Jorge Eliecer Gaitán amediados del s.XX en Colombia, o el de Luis Donaldo Colosio en el México de principios de los 90. Ello no quita, con todo, que tengas las agallas suficientes para arriesgar algún “chanchullo” que tequieran armar para desprestigiarte los mismos que denuncias. La pregunta del millón es si estás preparado para hacerles frente, ora como candidato, ora como eventual Presidente de la República.

En una reciente entrevista a un medio local -  a propósito de la amenaza que haces de vuelta contra empresarios extranjeros opinando absurdamente del ser chileno- has puesto como ejemplos a seguir a Martin Luther King, Gandhi, Teresa de Calcuta y … Allende. Los tres primeros ejemplos que das – algo trillados– corresponden a grandes defensores de la lucha pacífica por la unidad y la libertad de sus respectivos pueblos. Los dos primeros terminaron mártires, asesinados por fanáticos que no supieron versu mensaje más allá del color y/o el credo. 

El cuarto personaje que nombras Marcel no es precisamente un referente de unidad nacional en nuestra historia reciente: Salvador Allende, guste o no, es una figura conflictiva y que por siempre levantará ronchas en este país tan bipolar y extremista en sus apreciaciones de la realidad. Incluso si cambiaras a Allende por Balmaceda como imagen -y así convocas a repensar un poco más nuestro destino nacional sin“casarte” con ideologías que flaco favor te hacen a la hora depresentarte en sociedad – terminarás dando el ejemplo de otro queterminó mal.

Queremos sinceramente creer que tu aporte es sincero, optimista y de largo aliento para esta nación que se está repensando desde sus bases sicosociales. Queremos también dar fe que tu crítica al sistema es momentánea, y que comenzarás a construir luego de tanta destrucción verbal. 

Creo representar a más de alguien cuando te conmino hoy, Marcel, a que nos hagas saber con quién concretamente – i.e.personas individualizadas – piensas formar futuro gabinete, cómo planeas efectivamente llevar a cabo tus propuestas más allá de la denuncia, y en definitiva, tus estrategias para sortear el difícil boicot político y quizá económico que te van a hacer las tiendas políticas tradicionales representadas en el Congreso y el empresariado.

Porque tú más que nadie sabes que no te la vas a llevar “pelada” por parte de esos sectores dominantes, te pedimos mayor definición antes de llegar a los debates, sobre como enfrentarás a esos gigantes molinos armado sólo con una lanza impetuosa y los desordenados vítores de miles que se congregarán para verte.

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Me quiero referir en específico a cómo las dinámicas de expansión y crecimiento de la ciudad traen consigo diversas desigualdades que desencadenan en el aumento de vulnerabilidades de los habitantes que son parte de éstas.

Para observar este proceso, me focalizaré en la expansión como resultado de movimientos forzosos, en específico de los desplazamientos suscitados en la ciudad de Talca post-terremoto del año 2010.

Primeramente, se hace preciso definir el concepto de expansión urbana. Ésta es comprendida como el “crecimiento urbano por extensión con modalidades específicas históricamente determinadas por el contexto social, económico y político en que se materializa. Dichas modalidades se expresan territorialmente en la estructura de la ciudad, así como en las nuevas relaciones entre la ciudad y su entorno, entre distintas ciudades, y con la región”. Es así que la expansión urbana se presenta como un producto de diversos procesos sociales, económicos y políticos, los cuales en los contextos de catástrofe surgen de maneras explícitas y aceleradas. Cerda explica que un término asociado al concepto es el de sprawl. Éste es un crecimiento explosivo de las ciudades, el cual se caracteriza específicamentepor ser un “crecimiento urbano descoordinado o no planificado”, es decir, una expansión urbana que no mide sus consecuencias a corto y largo plazo.

Así también, el crecimiento y la expansión son la esencia política y económica de las ciudades, siendo laselites los grupos que más interés muestran en éstos procesos debido a las posibilidades del incremento del valor del suelo 

Sin embargo, las tensiones que surgen de la expansión de la ciudad se complejizan cuando son los grupos más vulnerables los actores de éste fenómeno, los que ciertamente devienen de localizaciones escasamente planificadas, materializándose en la dificultad en el acceso al equipamiento urbano, servicios públicos y privados, movilidad en la ciudad, entre otros. Esto se configura debido a que las posibilidades de localizar a personas “sin techo” responden a la capacidad de compra que tiene el organismo público o privado competente en la temática, los que en la mayoría de los casos optan por la racionalización de los recursos e instalan grandes conjuntos de vivienda a las fueras de la ciudad, donde surgen las tensiones anteriormente mencionadas. Es por ello que, en el ámbito de la acción estatal, “la calidad de la vida urbana pasa a depender fundamentalmente de las decisiones que los inversionistas privadostomen acerca de determinado territorio. Como la inversión privada, siguiendo supropia lógica interna, se centra en aquellos proyectos y territorios donde la probabilidad de ganancia es mayor, el resultado es una profunda segregación urbana” 

La ciudad de Talca antes del terremoto se caracterizaba por tener una dinámica de cierta intensidad de las lógicas urbanas neoliberales y el desarrollo inmobiliario.

Así, una parte del proceso de reconstrucción de la ciudad corresponde al desplazamiento de sectores populares o medios que habitaban su centro histórico, hacia nuevos conjuntos habitacionales en la periferia (esto porque los daños en las viviendas son de tal magnitud que la reconstrucción en sitio propio no es una posibilidad para ser financiada por el Estado), lo que trae consigo la conformación de nuevos sectores habitacionales populares, que son producto de políticas regulares de subsidio de vivienda.

En este sentido, la realidad de Talca es compartida por diversos países latinoamericanos, puesto que hay una localización inadecuada y aislamiento con el resto de la ciudad.

Por lo anterior, también se surgen problemáticas que atañen no sólo a la composición y densidad de la ciudad de manera estructural, sino que a la calidad y modos de vida de los habitantes. Esto porque a nivel del sistema familiar no existe una real posibilidad de decisión respecto de la localización de las viviendas, y por lo tanto, la instalación esdonde el mercado ha determinado previamente los menores precios del suelo, lo cual se acompaña de diversos inconvenientes y carencias. 

Así, se reafirma que para los sectores populares, “el aislamiento de sus barrios impacta directamente en su calidad de vida. Trae como consecuencia largos viajes diarios al trabajo, falta de accesibilidad, equipamiento adecuado y, lo más importante, produce la ruptura de las redes sociales y familiares por la imposibilidad de mantener contactos frecuentes con la familia y amigos que quedaron en el domicilio anterior” y donde el modelo de reconstrucción se presenta como una variable que acrecienta los procesos de segregación y pérdida de identidad.

Lo anterior se intensifica cuando secomienzan a configurar procesos de segregación social. Esto porque los nuevosbarrios que se van conformando traen aparejadamente estigmatización debido alos bajos recursos de las personas del lugar de residencia. Estose explica porque las variables que más preponderancia tienen en ladiferenciación de la estructura social son las socioeconómicas, puesto que esta condición se ve reflejada en la estructura espacial, y por tanto en el espaciourbano, de modo que “la división socialdel espacio tiene como componente fundamental la característica de ser la expresión espacial de la estructura de clases o de la estratificación social”

Es así que la representación espacial se muestra como un reflejo de la estructura social, es decir, no es una diferenciación a-histórica, causal o natural, sino que responde a una interrelación de elementos que convergen en la estructura social. Así lo señala Bourdieu “la estructura del espacio semanifiesta, en los contextos más diversos, en la forma de oposiciones espaciales, en las que el espacio habitado (o apropiado) funciona como una especie de simbolización espontánea del espacio social.” 

En conclusión, la influencia del mercado en el suelo de Talca ha generado que en un contexto de catástrofe surjan desplazamientos hacia la periferia de la ciudad, lo que desemboca en la aceleración de los procesos de expansión urbana. Quienes más se ven afectados y vulnerados con esto son los sectores de más bajos recursos, quienes pierden su derecho a decidir sobre el lugar donde vivir dignamente, debido a la presencia (o no) de unEstado que no considera la función social de la propiedad y la función pública del suelo.

El problema con la homofobia es que resulta tan incomprendida como la misma diversidad sexual: no es mi ánimo dármelas de abogado del diablo, pero ya que el debate vino para quedarse, me parece fundamental comprender que no todo lo que nos desagrada escuchar puede ser calificado a priori como discriminación.

Kike Morandé señaló en una entrevista que le molesta la idea de ver a “dos gallos pololeando frente a mí”. A mi juicio, tal declaración dista de ser discriminatoria en tanto sostiene una aproximación muy personal a la práctica gay en sociedad. Personalmente, suele molestarme un predicador callejero gritándome en la oreja o un payaso ambulante humillando a los pasajeros del Transantiago, lo cual no me acerca en lo más mínimo a ostentar la calidad de discriminador que se le achaca al animador de televisión. La molestia que me producen payasos y predicadores no tiene ningún propósito prohibitivo y, a fin de cuentas, seguirán ellos en sus respectivas rutinas con la libertad que les permite la misma sociedad que los ampara.

Lo mismo ocurre con Morandé. Su molestia es genuina y respetable, pero no prohibitiva, y seguramente el tendrá que contener su disgusto cada vez que una pareja homosexual manifieste la dignidad de su amor en un espacio público. Cualquier cosa que transgreda esa delgada línea se torna en discriminación homofóbica y, al menos, contamos con Ley que nos ampara.

Saltando al siguiente espectro de la discriminación, lo delCardenal Medina supone una entrada mucho más avezada y destructiva en el terreno de los derechos humanos y la dignidad de las relaciones entre personas del mismo sexo. Dicho de otra forma, promoción del odio y la homofobia.

El prelado seguramente conoce poco de relaciones humanas, y menos todavía de relaciones homosexuales. Con este hecho de base, le resultará difícil comprender que el uso acomodaticio de la ambigüedad en la palabra “pareja”, surgió justamente en un contexto social donde no es permitido hablar con dignidad de los vínculos personales y donde quien no quiera mentir utilizando intercambios vocales, intenta neutralizar la expresión de sus afectos en aras de no generar una incomodidad reprochable en sus interlocutores. Es decir, una ambigüedad forzada por los mismos que desconocen la dignidad del amor en todas sus formas. Una cuestión de derechos humanos que el Cardenal está muy lejos de comprender.

En adición a lo anteriormente dicho, la odiosidad en las palabras de Medina se fortalece en las palabras que escoge para descalificar tal ambigüedad: perro, perra y caturros (una doble r que insiste en la fonética de la perrera), para derivar en la mención “atroz” de las personas que construyen relaciones alternativas al matrimonio.

Hoy por hoy, la cuestión de la discriminación pasa por la construcción de realidad que hacemos a través del lenguaje. La ordinariez de Morandé es cuestionable, pero su derecho a plantearla no. Donde debemos poner ojo es en las construcciones discursivas de personas como Medina, pues es en lo hábil de su parlamento odioso y en la tribuna que le confiere el púlpito, donde se encuentra el real peligro para la sociedad que, hoy por hoy, queremos construir.

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Para cumplir con este objetivo, presentamos diversas gráficas relativas a derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas, de las personas víctimas de violaciones durante la dictadura, de quienes están privadas/os de libertad, y derechos sociales.

Nuestra acción se basa en la difusión de los derechos en soporte digital, a través del sitio web institucional y de las redes sociales; lo que buscamos es generar conversación y discusión a partir del lema de nuestra campaña. Muchas de estas gráficas pueden ser vistas, además, en afiches callejeros.

Creemos que esta es una campaña de incidencia creativa y frontal, que pretende concientizar a las personas de que es su responsabilidad conocer y exigir que se respeten su derechos humanos. Es importante que la ciudadanía se apropie de la idea de que todos y todas tenemos derechos humanos y que éstos además son exigibles.

En nuestro sitio pueden conocer sus derechos y ayudarnos en la difusión. Además, encontrarán información sobre derechos humanos y cómo ser también promotores de ellos. La defensa, el conocimiento y el respeto de los derechos de las personas es una tarea diaria y eso es lo que refleja “Vuelve a ser humano”.