#Energía

La nueva apuesta de Santiago para ordeñar las regiones

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Desde 2011 hasta hoy, el discurso pro regiones y ciudadanía se ha tomado la política representativa. Nuestros parlamentarios recurren sistemáticamente a conceptos democráticos para visibilizar su compromiso con las inquietudes de la gente. Y si esa gente vive fuera de los límites de la Región Metropolitana, mejor aún.


Campesinos, comunidades indígenas, hombres y mujeres que viven en la ruralidad y lejos del centro también tienen derechos. Y son los representantes del Estado quienes tienen el deber de cautelarlos no invisibilizarlos, más allá de las urgencias que un ministro quiera imponer al proceso legislativo.

Tal fraseo no debiera llamar la atención, considerando que un 73 % de los diputados y casi un 90 % de los senadores representa, en el papel al menos, a territorios externos a Santiago. Ahora, no es un secreto que en muchos casos se trata de actores que han hecho su vida personal, laboral y política en la capital; a quienes bajo determinadas electorales circunstancias les nace un repentino amor por esos distritos o circunscripciones tan distantes de su hora presente.

Más allá de los discursos descentralizadores (en términos espaciales y de poder efectivo), las declaradas intenciones muchas veces no se traducen en acciones coherentes. De otra forma no se entenderían tantas leyes que tratan a las regiones como despensa, botín o zonas de sacrificio.

Algo es claro: aunque la mitad de los chilenos y chilenas viven en Santiago, si el país ha definido distritos y circunscripciones, sus representantes se deben a quienes les eligen. Lo anterior en un contexto de interés colectivo nacional, el cual se construye pensando en la diversidad y con sentido común democrático.

Bajo esta premisa llama la atención la forma en que la Comisión de Minería y Energía del Senado ha llevado adelante la discusión sobre la reforma al Sistema de Transmisión que en el Congreso impulsa el ministro de Energía Máximo Pacheco. Una normativa que dentro de sus principales objetivos busca hacer viables grandes proyectos eléctricos desde las regiones hacia un sistema troncal, creando la figura de los “polos de desarrollo de generación”.

En concreto, estos polos serían zonas definidas como tales por vía administrativa, donde el aparato público realizaría todos los estudios previos, definiría franjas y utilizaría el peso del Estado para imponer una vocación específica, luego de lo cual entregaría a perpetuidad esta concesión a los privados para la construcción de sus líneas de transmisión.

En este escenario, de un proyecto enfocado a infraestructuras de alto impacto social, ambiental y productivo en los territorios, sería lógico incorporar la visión de las comunidades eventualmente afectadas. Más aún cuando los senadores que integran la comisión Alejandro Guillier (Antofagasta), Isabel Allende (Atacama), Baldo Prokurica (Atacama), Jorge Pizarro (Coquimbo) y Alejandro García-Huidobro (Libertador Bernardo O’Higgins) representan a regiones en la mira de convertirse en “polos de desarrollo”. La mirada pro mega proyectos ha definido ya, inconsultamente, que los grandes potenciales de generación solar y geotermia se encuentran en el norte, mientras que los hidráulicos en el sur, incluida la Patagonia.

Sin embargo, la verdad es que la praxis dice lo contrario. Al día de hoy solo han sido invitados a exponer en su gran mayoría representantes de la industria: la Asociación Chilena de Energías Renovables Alternativas, el Consejo Minero, Transelec, directivos del CDEC-SINC y del CDEC-SING, la consultora Valgesta Energía, la Asociación de Generadoras de Chile, la Asociación de Consumidores de Energía no Regulados, la Asociación de Empresas Eléctricas, la consultora Synex Ingenieros, Celeo Redes Chile y la Asociación Gremial de Pequeños y Medianos Generadores. A ellos se suman académicos vinculados al sector eléctrico de la Universidad Católica.

¿Y las regiones? ¿Y la ciudadanía? Solo la ONG Chile Sustentable y la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén han sido convocadas. Solo ellas no pertenecen al selecto grupo de quienes participan o impulsan el negocio eléctrico.

Más aún, al cruzar el criterio regional, gran parte de los actores provienen de la Región Metropolitana. Ese territorio que demanda cada día más energía. Tanto por ser la voraz urbe que nunca duerme (con todos los efectos negativos de tal alegoría) como porque los controladores de los sectores productivos de mayor e intenso uso energético viven, efectivamente, en Santiago. No creo necesario ahondar en la concentración económica que nos muestra que el PIB nacional se acumula, efectivamente, en el sector oriente de la capital. Donde no se establecerán polos de desarrollo… ni rellenos sanitarios, cárceles, minas ni nada que pueda llevar el mote de zona de sacrificio. No, para eso están las regiones.

Quienes no viven en Santiago tienen el derecho a participar en las definiciones fundamentales. Siendo recibidos en las audiencias públicas en las sedes del Congreso o, incluso, con la posibilidad que la comisión se traslade a las regiones para conocer la realidad de quienes corren el riesgo de convertirse en víctimas de políticas públicas eventualmente mal concebidas e implementadas. Campesinos, comunidades indígenas, hombres y mujeres que viven en la ruralidad y lejos del centro también tienen derechos. Y son los representantes del Estado quienes tienen el deber de cautelarlos no invisibilizarlos, más allá de las urgencias que un ministro quiera imponer al proceso legislativo.

Desconcentrar debe ser promocionado, no castigado.

No considerar esas voces, no incorporarlas al debate donde se están jugando las vocaciones territoriales por imposición de un sector específico, por muy importante que este sea, no se condice con el discurso pro regiones y ciudadanía al que se recurre con demasiada facilidad.

TAGS: Descentralización proyectos energéticos

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