El proyecto de ley que busca la instalación de una universidad estatal en la Región de Aysén (y otra en la de O’Higgins) avanza no exento de dificultades. La semana pasada se aprobó en particular en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, pasando ahora a la de Hacienda, y ya ha derivado en una controversia entre el seremi de Educación Patricio Bórquez y el diputado independiente (ex UDI), Felipe Kast, quien integra dicha instancia legislativa.
Como ha dicho la Presidenta Michelle Bachelet, de cumplirse el objetivo declarado, la nuestra será -junto a la de la Región de O’Higgins- la primera universidad estatal del siglo XXI. Setenta años después del último intento de este tipo.
En nuestro territorio, diversos encuentros y seminarios han generado cierto diálogo en torno al tipo de institución a implementar. Sintomático ha sido, para algunos, que varios de estos encuentros se hayan desarrollado en un espacio tan poco republicano y colectivo como es el único casino de la ciudad.
Una universidad para la región ha sido una aspiración de larga data. No es de ayer, ni del año pasado ni viene de la década previa. Hace 20 años, en 1995, entrevisté ya a diversos actores regionales sobre tal demanda y hace un lustro la crónica “UNAYS, la universidad de Aysén” propuso visiones en torno a tal idea.
No está de más recordar que fue el Movimiento Social por Aysén “Tu problema es mi problema” el que en 2012 la instaló como una demanda específica de la región: “Universidad pública regional de alta calidad y formación académica nacida de los intereses y necesidades de los ayseninos” rezaba el punto quinto del petitorio por el cual tanto nos afanamos durante seis semanas.
Debemos reconocer que el inicio de la discusión no ha sido auspicioso. Desde la región hemos visto como una pugna excluyente, un juego de suma cero, los intentos de las universidades de Chile, Austral de Chile y Magallanes por alzarse como tutoras de la nueva casa de estudios superiores. Más que un esfuerzo cooperativo, colaborativo, que esperamos nutra el paradigma de la universidad de Aysén, se percibe como la competencia por un trofeo asociado a importantes recursos económicos. Igual como han hecho algunos actores políticos, que ven Aysén como un trampolín. Igual como ocurre con ciertas empresas foráneas, que ven esta tierra como una despensa.
Conformado a mediados de noviembre, el Comité Ejecutivo que presentará a la Presidenta una propuesta de visión, misión y lineamientos es presidido por la intendenta Ximena Órdenes e integrado, entre otros, por el ex diputado Baldemar Carrasco, el presidente regional del Colegio de Profesores Mario Sandoval, el Premio Nacional de Ciencias Exactas Eric Goles y la Premio Nacional de Educación Beatrice Ávalos.
Y en su seno ya ha habido diferencias. Diferencias que denotan colisión de miradas. Como es legítimo, por cierto.
Luego de chequear con varios de quienes participaron en la reunión de la semana pasada –en la prensa no hay alusión alguna al hecho- fue posible recrear el tenor de un fuerte intercambio de palabras entre Eric Goles y el hoy notario y ex seremi de Justicia Juan Carlos San Martín. En lo principal, diría un abogado, por apreciaciones frente al sistema educativo vigente. La disputa habría sido zanjada por uno de los presentes (Goles) con la muy recurrida frase de que quienes tienen mayor legitimidad para abordar estas materias son los académicos y no los legos hombres y mujeres de a pie. El reconocido –y controvertido- investigador tampoco cree en la educación gratuita universal. Esto lo dejó en claro a la revista Capital cuando en la edición del 12 de diciembre señaló que “aquél que tiene recursos para pagar, debería pagar. Es bueno que lo haga”.
Pero volvamos a lo nuestro.
¿En qué momento una demanda ciudadana, que no nació impulsada desde tan elevadas esferas, pasó a ser una materia exclusiva de expertos? Porque si hoy estamos en este debate no es precisamente porque los intelectuales del país pusieron el tema sobre la mesa. Fueron, en última instancia, 45 días de movilización en 2012 los que rebalsaron el vaso que hidrató la decisión política del gobierno de Michelle Bachelet.
Esta es una discusión política. De miradas, de visión. No solo de números y cálculo de alumnos por metro cuadrado.
Y claro, uno podría entrar a evaluar cuánto le costará al Estado la decisión de educación gratuita universal, incorporar la rentabilidad social, e incluso ver si es lo más conveniente para el desarrollo económico del país.
Hagámoslo. Pero no perdamos de vista que esta es, reitero, una discusión política. En el más profundo sentido. En el de ver la educación como un derecho universal (no supeditado al poder adquisitivo) o como un servicio transable en el mercado.
Porque de eso trata la Reforma Educacional. De valores. De esos que van impregnando una sociedad.
Y son ellos los que muchos queremos contagien la nueva universidad, que albergue el sentido no solo de lo estatal, sino de lo público. Donde el Estado, el sector privado y la sociedad civil y comunidad organizada tengan injerencia en su gobernanza global. Donde el paradigma extractivista dé paso, más aún en una región como Aysén, a una visión armónica de nuestra relación con la naturaleza. Donde se formen los líderes ayseninos del mañana, que estén con un ojo más allá de nuestras fronteras pero con el primero en ésta, que es la tierra que les necesita como la que más.
Tal es el paradigma que debe impregnar este nuevo proyecto de universidad. De lo contrario será una réplica de otros ensayos poco revolucionarios de los cuales hemos visto ya demasiados.
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