La falta de voluntad política y las contradicciones de intereses al interior de la propia coalición de gobierno, han llevado a abordar el problema educacional basado en la mera regulación de los excesos del mercado
Actualmente hay 13 universidades privadas investigadas por Fiscalía Oriente por sospecha de lucro: Andrés Bello, Sek, Santo Tomás, Las Américas, Pedro de Valdivia, Uniacc, Arcis, Del Desarrollo, Viña del Mar, UCEN, Autónoma, San Sebastián y Del Mar. Sumándole las no acreditadas que son 7 más: Los Leones, Miguel de Cervantes, Aconcagua, Iberoamericana, Gabriela Mistral y UCINF, dan un total de 19 universidades con 205.242 estudiantes bajo el yugo del lucro y la mala calidad (cifras CNED 2012), es decir 1/3 del sistema universitario, que como podemos ver, hace agua por todas partes.
Los y las estudiantes de instituciones privadas, que vivimos la agresividad de la desatada educación de mercado, hemos evidenciado que nuestras casas de estudio son verdaderas universidades/empresas, ya sean de propiedad privada o estatal. La evidencia de ello es la existencia de lucro que día a día perjudica directamente la calidad, los bloqueos académicos por deuda, la relación clientelar con los estudiantes, la subcontratación de trabajadores, los gobiernos gerenciales y el management. Algunos rasgos de estas “instituciones” que, obligadas al autofinanciamiento, entran y se desarrollan bajo la nociva lógica de la competencia.
Ahora bien, cabe preguntarnos entonces ¿por qué los proyectos del gobierno hasta ahora presentados no han seducido a una mayoría suficiente de las fuerzas de cambio que apoyaron las movilizaciones en 2006 y 2011? ¿Por qué no se traduce esa misma efervescencia, manifestada en las calles, en una defensa de proyectos asumidos como propios? La respuesta no se encuentra en meros problemas comunicacionales y las características personales del ministro de turno, como si el problema fuese solamente la dificultad para explicarnos con peras y manzanas la “buena nueva”.
La falta de voluntad política y las contradicciones de intereses al interior de la propia coalición de gobierno, han llevado a abordar el problema educacional basado en la mera regulación de los excesos del mercado, como lo es por ejemplo el proyecto del Administrador Provisional, para supuestamente aliviar los problemas de los «pobres estudiantes de universidades privadas que hoy están en una zona de sacrificio», pero que más bien viene a auxiliar los intereses de los empresarios de la educación que mediante verdaderas estafas educacionales se han llenado los bolsillos. Todo ello ha eludido la necesidad imperiosa de respondernos como país de manera clara qué educación queremos para construir qué tipo de sociedad.
Por más que repita el gobierno que el mercado no es bueno para la educación, sus proyectos de ley parecen plantear lo contrario. El paquete de medidas presentado por el ejecutivo no sólo regula los excesos del mercado, sino también pretende financiar en su totalidad el mercado de la educación mediante subsidios (vía subvención, AFI y convenios de desempeño). Ajustes al modelo no pueden ni deben presentarse como cambios estructurales o como reformas profundas y transformadoras, la falta de visión integral sólo confunde a la ciudadanía y tergiversa las demandas del movimiento social por la educación. Amplios sectores de la ex Concertación tienen experiencia en este tipo de maniobras.
Los estudiantes hemos sido enérgicos en afirmar que garantizar el derecho a la educación implica diferenciarla en todos sus aspectos del mercado: desde el reconocimiento de las instituciones hasta la lógica que articula las relaciones entre ellas. En este sentido, la gratuidad, el fortalecimiento y expansión de la educación pública deben ir en un cambio de paradigma que garantice relaciones de cooperación y reciprocidad dentro y entre las instituciones educativas para sentar las bases de un nuevo sistema nacional de educación.
Si el gobierno de la Presidenta Bachelet decide aplicar las viejas recetas de la transición pactada, seguirá campeando la incertidumbre y la desconfianza entre las familias que piensan que pueden salir “perdiendo” en esta pasada de reformas, y a las que no cabe reducir simplemente a la caricatura de “arribistas” y “defensoras de privilegios”, ya que son familias trabajadoras que con su esfuerzo buscan otorgar educación a sus hijos/as. En esta ambigüedad la derecha es eficaz -ahora más firme sobre la encuesta CEP- en instrumentalizar este tipo de preocupaciones y convertirlas en agua para el molino de los que buscan seguir manteniendo las cosas tal como están. Bajo este contexto no sería raro que en los oscuros pasillos del congreso los protocolos de acuerdos presentados por las fuerzas políticas defensoras del modelo estén tomando forma, como lo hicieron con la reforma tributaria.
En este sentido, lo que viene ahora para el gobierno es el imperativo de tomar una decisión: con quién se va a “cocinar” la reforma, si será con los actores de cambio que han hecho posible el debate educativo que hoy vive nuestro país, o será con los intereses defensores del mercado en la educación. La propia Presidenta Bachelet ha pasado a la primera línea de la reforma educacional. Eso sin duda debiese dejarnos en claro a todos con quién hay que interlocutar y quién es la depositaria de esta decisión. Es importante al final del día tener esto claro y no perdernos en mesas de participación ciudadana, entre Eyzaguirres y Walkers, tal como en la reforma tributaria, donde la discusión muchas veces invitaba a perderse entre los Zaldívar y los Fontaine. El golpe de timón de la Presidenta despeja cualquier asomo de duda sobre quién finalmente tiene la última palabra y con quién construir la reforma educacional.
Que hoy en La Moneda existan voces buscando reducir los resultados de la encuesta CEP para hacer la reforma educacional es todo menos democracia y más allá de los cuestionamientos a su metodología, que viene a mantener la conservación del privilegio, su mejor contraste con la realidad será la marcha del 21 de agosto, porque el acuerdo social que busca un nuevo sistema nacional de educación para Chile no aguanta cocinas pequeñas ni viejas recetas.
Foto: elquintopoder
Comentarios
19 de agosto
Mucho ruido y pocas nueces el post.
Además evidente juicio de valor en varios alcances.
+1
19 de agosto
@SebaLorca: Es cómico eso de mucho ruido y pocas nueces ¿No crees? Uno podría pensar lo mismo leyendo tu comentario… No obstante, concuerdo en lo evidente del juicio de valor, he ahí su valor -valga la redundancia-. El dilema viene a continuación: ¿Por qué en Chile no basta con que los problemas sean evidentes para que se les busque una solución? Quizás a eso apunta la frase -que por lo demás está muy buena-: «El acuerdo social que busca un nuevo sistema nacional de educación para Chile no aguanta cocinas pequeñas ni viejas recetas» porque no necesitamos soluciones parche, ni nunca lo hicimos. Necesitamos soluciones de verdad a los problemas de verdad. Basta de que los mismos de siempre vengan a reinterpretar las necesidades de la gente, la gente sabe lo que necesita y lo pide a gritos… aunque muy pocos se dan el tiempo para escuchar. Buenísimo Manu Palominos, como siempre.