Secundarios expulsados por movilizarse: más que Providencia

Advertimos, de antemano, que no queremos desvalorar a los y las estudiantes de liceos de Providencia. Porque, ante todo, lograron, junto a sus apoderados/as, un gran triunfo al conseguir que los tribunales de Justicia ordenaran su reintegración a los liceos de los que fueron expulsados. Porque, mal que mal, lograron doblarle la mano a un alcalde que creyó tener la potestad, por el solo hecho de ser jefe comunal, de expulsar -¡él!- de establecimientos educacionales a adolescentes cuya única “falta” fue movilizarse por sus derechos.

Bastan estas dos razones para estar contentos y felicitarlos/as fraternalmente. Pero este logro trasciende las fronteras comunales de Providencia.

Literalmente, a lo largo y ancho de Chile, desde 2011 hasta hoy, los y las estudiantes expulsados que han tomado la vía judicial para reintegrarse a sus liceos han ganado su batalla. Gracias al seguimiento de la Red de Abogados por la Defensa de los Derechos Estudiantiles, sabemos que el año pasado en Arica y Valdivia todos los y las jóvenes recibieron fallos favorables en las cortes. De enero a la fecha, en comunas donde más secundarios fueron expulsados, como Recoleta, Puente Alto, San Bernardo y Estación Central (por mencionar sólo la Región Metropolitana), en todos los casos la Corte de Apelaciones también falló a favor de su reintegración. Cabe mencionar que en estos municipios no apelaron a la Corte Suprema y acataron el primer fallo.

Un antecedente clave es que tribunales no sólo falló a favor de los estudiantes por razones de forma, como ocurrió en Providencia, ya que ahí no se siguió el debido proceso al interior de los colegios. Muchísimos fallos también le han dado razones de fondo a los estudiantes, al establecer que las expulsiones contravienen tratados internacionales que garantizan el ejercicio del derecho a la educación, como la Convención de los Derechos del Niño.

Esto significa que 2011 y 2012 representan un giro histórico respecto de la postura del Poder Judicial frente a las movilizaciones estudiantiles y las represalias, ya que hasta entonces, los tribunales generalmente validaban las expulsiones basándose en reglamentos internos que vulneran derechos constitucionales.

A pesar de este alentador panorama, la atención de la agenda política y mediática se concentró solamente en Providencia y Ñuñoa. Nos preocupa que una motivación política, como el peso del apellido Labbé; o una más grave discriminación social, al tratarse de liceos emblemáticos ubicados de Plaza Italia “para arriba”, hayan motivado la atención de la prensa o de las autoridades políticas.

Es claro que sin las movilizaciones de estudiantes y apoderados nada hubiera sido posible, pero es preocupante que quienes, desde distintas tribunas (la prensa y el Parlamento) tienen la responsabilidad de denunciar y reparar atropellos a la ciudadanía, tiendan a discriminar y, así, invisibilizar la persistencia de estudiantes de liceos populares que lograron los mismos triunfos judiciales que sus pares de Providencia y Ñuñoa.

La inquietud persiste, no obstante, por al menos dos situaciones. Primero, la demora de tribunales en resolver casos como el del Liceo Arturo Alessandri Palma de Providencia o el del Liceo Amunátegui de Santiago (como ya denunció Alfredo Vielma, ex vocero de la ACES), ya que dicha tardanza arriesga que los y las jóvenes pierdan su año escolar. Y segundo, no sabemos la cuantía de estudiantes expulsados que no pudieron judicializar sus casos por no tener acceso a abogados o no conocer sus derechos.

El tema, por cierto, desborda el ámbito judicial. La denuncia de un apoderado de una de los y las estudiantes reintegrados sobre el clima represivo que las espera es también  preocupante. Se trata de la puesta en práctica de una cultura represiva al interior de escuelas y liceos, que legitima el autoritarismo de los adultos (sostenedores, directores, profesores,) y cohíbe su democratización, impidiendo el ejercicio del derecho a la participación de estudiantes y apoderados. El asunto es grave. El sentido común aprueba que una comunidad escolar, compuesta por personas formadas para educar, castigue a sus miembros por ejercer su ciudadanía, por exigir sus derechos, constituyendo ésta una conducta que merece sanción (una muestra es esta editorial de La Tercera).

Sin ir más lejos, esperamos que la victoria judicial de los y las estudiantes chilenos siente un precedente, y que así se extienda a todos y todas quienes están y estarán movilizados por ejercer una de las formas más básicas del derecho a la educación, como es estudiar en el liceo que ellos y ellas escogieron (traducción práctica, además, del derecho a la libertad de enseñanza, pilar del actual modelo educativo). Y que, una vez reintegrados/as, puedan seguir luchando por democratizar las escuelas y liceos, para asegurar un ejercicio pleno e integral de su derecho a la educación.

——-

Foto: tecnovm64 / Licencia CC