Miles de profesores y profesoras se han declarado en contra del Proyecto de Ley sobre “Sistema de Desarrollo Profesional Docente” presentado al Parlamento por el saliente Ministro Eyzaguirre. A juicio de muchos sectores este proyecto apuesta por una pedagogía frágil, pues, pone en entredicho la formación integral, dialógica, basada en la reflexividad crítica. El proyecto de Ley propone la dualidad entre conocimientos disciplinarios y capacidades profesionales (o pedagógicas) como dimensiones separadas; una falsa divisoria que ha fracasado históricamente en la formación de profesores; una dicotomía interesada que invisibiliza a la pedagogía como disciplina, volviéndola una técnica frágil, fácilmente dependiente de saberes institucionalizados.Mientras las dinámicas y decisiones de gobierno de las Escuelas y Liceos Públicos no se democraticen y no tengan a sus actores como agentes centrales de un nuevo espacio escolar, no veremos desarrollarse una profesionalidad docente dinámica capaz de interconectar el aula, la escuela y la sociedad.
La Evaluación Diagnóstica que propone el proyecto de Ley y las certificaciones siguientes, a través de pruebas o portafolios, darían cuenta de los conocimientos disciplinarios y las competencias pedagógicas siempre entendidas por separado. Frente a esto el profesorado chileno se ha preguntado: ¿Cuál es el verdadero cambio o el giro en el sentido de una profesionalidad que se distancie del actual escenario? Ninguno. Vamos a tener más datos, más tablas de rendimiento, más variables que expliquen los resultados, no necesariamente procesos de aprendizaje más enriquecidos en las comunidades educativas.
También se discute que el Proyecto de Ley deseche la dimensión pública y comunitaria ligada a la profesión docente. Hoy se centra la evaluación de la Pedagogía exclusivamente en el “Desempeño en aula”, en las “horas lectivas”, por lo tanto, se concibe al profesor como un “enseñante de materias”, secuestrado entre cuatro paredes, donde el trabajo en equipo tiene cero importancia, el vínculo con la comunidad y el territorio desaparecen, donde las responsabilidades profesionales en el mejor de los casos se extienden a su participación frágil en los consejos de profesores.
Reconozcamos que el proyecto incorpora en su retórica cuestiones tales como: “comunidad educativa” o “valoración de la actividad profesional» o «manejo de las necesidades sociales, institucionales y comunitarias en un contexto inclusivo” Pero, los profesores se preguntan ¿Cuándo se evalúan tales capacidades? ¿Están incorporadas en el portafolio dimensiones evaluativas que otorguen valor a los proyectos de innovación pedagógica, a la contextualización del currículum, a la investigación social desde la escuela, a la producción de conocimiento pedagógico colectivo?
Por último, el Proyecto de Ley -y la férrea defensa que han hecho de él las comunidades de «expertos»- no favorecen, ni potencian, ni abren posibilidades respecto de la democratización que requieren escuelas y liceos. Mientras las dinámicas y decisiones de gobierno de las Escuelas y Liceos Públicos no se democraticen y no tengan a sus actores como agentes centrales de un nuevo espacio escolar, no veremos desarrollarse una profesionalidad docente dinámica capaz de interconectar el aula, la escuela y la sociedad.
Avanzar en la carrera docente «abre oportunidades para que los docentes asuman otras responsabilidades y roles, en el establecimiento educacional”. Sin embargo, esas “otras responsabilidades” son las mismas que hoy se encuentran disponibles en el sistema escolar. O sea, los mejores evaluados podrán optar a cargos de dirección y jefes de UTP. El problema es que esos “roles” siguen siendo cargos individuales, unipersonales. La escuela no tiene aun donde incorporar verdaderamente a sus buenos maestros, incorporarlos a funciones no necesariamente de gestión administrativa sino a equipos de trabajo colectivo, a círculos de pares que proyecten y dirijan el desarrollo pedagógico de la escuela. ¿Cómo se evaluará entonces el trabajo docente “no lectivo” el que incluye la participación activa en las acciones vertebrales de la escuela, el que los y las involucra en las responsabilidades de pensar estratégicamente el proyecto educativo de la comunidad? Por desgracia, aun mes de iniciada la paralización, no hay respuesta a esta y otras interrogantes.
Comentarios
01 de julio
Estimado Fabian, mi intención es aprender y lograr tener una visión equilibrada. Usted da argumentos mas que suficientes para definir con una foto al día de hoy que los docentes que actualmente trabajan en la educación publica un importante porcentaje no tiene las capacidades y competencias para estar en una aula haciendo clases, si asumimos eso como cierto. ¿¿ Porque no deben acreditarse nuevamente los títulos obtenidos?? Hasta que el nuevo sistema pueda comprobar que las Universidades acreditadas tengan un flujo de egresados post reforma?? La otra consulta porque duele tanto el concepto de Acreditación, dicen que no se puede aplicar a la carrera docente y entregan argumentos a mi juicio lamentables considerando además que son conceptos y procesos que se pueden cambiar, enriquecer y perfeccionar en el dialogo, el debate y el intercambio de ideas. Suscribo totalmente que MINESAL debió hacer el máximo esfuerzo de consensuar mejor el proyecto y que este tiene errores importantes pero hay una estructura útil y mejorable. Agradecería mucho una respuesta. Gracias David.
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01 de julio
Estimado David, gracias por participar de este importantísimo debate. Comparto contigo que las necesidades de nuestro país hacen imperioso contar con mejores profesores. A mi juicio, no todo lo que se ha hecho en las últimas décadas ha ido por caminos equivocados. Sin embargo, esos caminos han sido contradictorios, apresurados o en otros casos muy improvisados. Lo que considero inaceptable es que se culpe a los profesores de la crisis de la educación pública. La crisis, precisamente, es el resultado de la aplicación de políticas de mercado en un área tan sensible como educación. Podría estar de acuerdo contigo en que los «títulos» no son intocables, debe evaluarse el desempeño profesional sin duda. Eso no significa que la desconfianza mediática que recae sobre los profesores tenga alguna lógica. Los profesores no fueron los que traspasaron las escuelas publicas al sector privado, tampoco fueron los que instalaron el copago, tampoco tuvieron que ver con que para unos profesores sea el código laboral el que rija sus relaciones laborales y para otros el estatuto docente. Respecto de la Acreditación: es necesaria y debe mejorarse. Te recuerdo que las carreras de pedagogía están obligadas a acreditarse (no es opcional) pero ¿Quién las acredita? Pues, nuevamente agencias privadas.
También comparto contigo que toda iniciativa legal se puede mejorar a partir de la discusión. Por ejemplo, este proyecto de Ley se podría retirar de la Cámara de Diputados y discutir luego otro mejorado.
Muchas Gracias por tu interés