En 1981, la Junta Militar, mediante decreto fuerza ley, desmonta el sistema educativo de matriz pública de tradición casi centenaria en la república e impone, sin consulta a la ciudadanía un sistema de matriz privada,, justificando esta decisión en mejorar la calidad y cobertura de la educación pública, además, reasigna por comunas la administración, y financiamiento de escuelas y liceos a los municipios correspondientes.
Hacia 1990, la matricula de los estudiantes en básica y media era de dos millones de alumnos, veinte años antes, 1970, era de dos millones y trescientos mil, alcanzando en ese periodo pre golpe la cobertura de 98% en básica. Sin duda se había retrocedido, la Concertación recién asumida en el poder pos dictadura, entendió que el problema era cobertura e implementó dos medidas nuevas, la subvención por alumno y la jornada escolar completa. Ambas medidas junto al fortalecimiento de la iniciativa privada en la creación de colegios, generó como producto un incipiente “mercado” educativo fundado en subvenciones estatales y provisión de otros recursos ad hoc a la labor. Entre otras medidas, esta política pública, resguardaba más un principio de libertad de mercado que el aseguramiento de la calidad supuesta a quienes accedían a este nuevo sistema. Así la matricula de las escuelas y liceos municipales descendía al tiempo y velocidad que la matricula en los subvencionados aumentaba; a razón de 3 a 1 cada año el sector subvencionado recibía mayores recursos de parte del Estado, ecuación que se sumaba a la libertad de copago (con límite legal) que terminaba en distorsiones abiertas en perjuicio directo de la calidad de la educación que se entregaba. De aquellas distorsiones vale poco hablar y reseñar más, autos, propiedades, viajes entre otras eran constante moneda de cambio por recursos que salían o del Estado o del bolsillo de los apoderados de colegios, muchas veces sin que esas prebendas tuvieran necesariamente igual correlato en la calidad y resultados de las instituciones.Una verdad indesmentible queda en la palestra, carece de mérito elegir con quien enseñar, carece de mérito cobrar un copago alto no para asegurar resultados sino para perpetuar castas sociales, carece de mérito en síntesis creer que separando por su origen social se equipara las posibilidades de cada cual.
Hay dos hechos que marcan esta historia, por un lado las movilizaciones de 2006 y 2011 y por otro la incorporación formal de Chile a la OCDE, sin necesariamente entrar a explicar ambas variables, conviene establecer que en ambos casos la radiografía fue la misma, el sistema educativo chileno era desigual, segregado y sus resultados deplorables. A través de estudios institucionales en un caso y de la experiencia de aula en otra, el sistema educativo chileno salía al frente junto a los mecanismos que lo convertían en una verdadera perversión mercantil.
Lucro, Selección y Copago, fueron los temas puestos al tapete, por el programa político de la Nueva Mayoría (ex Concertación) en la víspera de las elecciones generales y con el gobierno de Sebastian Piñera empeñado en defender la lógica mercantil del sistema educativo a como dé lugar ,(vgr. Véase la declaración donde el presidente afirma que
“la educación es un bien de consumo” agregando más pimienta a una discusión a esas alturas ya bastante polarizada).
Lo cierto es que asumidos los errores instalados en el pasado por su anterior referente, la apuesta del conglomerado político de centro izquierda, fue terminar con estos tres clivajes, especialmente en lo que refiere al uso de recursos públicos, de ahí en más ir sucesivamente haciéndose cargo del resto de las restantes distorsiones del sistema educativo en general. (Educación superior, pre escolar, etc.).
Y es que la actual reforma recién aprobada, podría resumirse en la necesidad de igualar las condiciones de acceso y equiparar las oportunidades inherentes al proceso educativo; ¿es todo esto mero ideologismo, como muchos acusan? Por supuesto y ¿que no lo es en Política Pública?, tan ideológica como la de Frei en los sesenta y con una ideología totalmente opuesta a la reforma impuesta en dictadura.
Una verdad indesmentible queda en la palestra, carece de mérito elegir con quien enseñar, carece de mérito cobrar un copago alto no para asegurar resultados sino para perpetuar castas sociales, carece de mérito en síntesis creer que separando por su origen social se equipara las posibilidades de cada cual. Podría haber abundado en cifras que avalan estas palabras de manera consistente y más tajante, sin embargo opté por apelar al buen sentido, al buen juicio, a un espíritu democrático y republicano que a veces se nos pierde.
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